A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, un grupo de 30 exministros, académicos e intelectuales vinculados al centro político colombiano presentó un manifiesto con 15 acuerdos mínimos para enfrentar la creciente polarización que atraviesa el país. La iniciativa busca ofrecer puntos de encuentro en medio de una campaña marcada por la confrontación y la incertidumbre.
Los promotores del documento evitaron respaldar a alguno de los dos candidatos finalistas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En cambio, plantearon una serie de principios que consideran fundamentales para garantizar la estabilidad democrática y la convivencia política después de las elecciones.
El manifiesto toma como referencia la experiencia reciente de Uruguay, donde las principales fuerzas políticas impulsaron consensos sobre asuntos estratégicos para el país. Los firmantes consideran que Colombia podría beneficiarse de un acuerdo similar que permita reducir las tensiones y fortalecer las instituciones.
Entre las primeras propuestas destaca el respeto a las autoridades electorales y a los resultados de las urnas. Los autores sostienen que la confianza en las instituciones es indispensable para evitar escenarios de confrontación y preservar la legitimidad democrática.
El documento también reivindica la vigencia de la Constitución de 1991 como marco fundamental para la resolución de los conflictos políticos. Aunque reconoce la posibilidad de reformas, insiste en que cualquier cambio debe realizarse mediante los mecanismos establecidos por el orden institucional.
En materia de seguridad, los firmantes plantean ajustes a las políticas de orden público y una revisión de las estrategias implementadas en los últimos años. Asimismo, proponen una nueva política antidrogas que combine enfoques de seguridad con alternativas para las comunidades más afectadas por los cultivos ilícitos.
La defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción ocupan un lugar central dentro de los acuerdos. Los impulsores del manifiesto consideran que ambos temas son indispensables para reconstruir la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho.
Las propuestas también abordan desafíos económicos y sociales. Entre ellas figuran el impulso al crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la educación, la recuperación de la sostenibilidad fiscal y la búsqueda de soluciones para la crisis que enfrenta el sistema de salud.
Otro de los puntos destacados es la defensa de la autonomía del Banco de la República y la necesidad de garantizar la seguridad energética del país. Los autores advierten que estos asuntos serán determinantes para la estabilidad económica en los próximos años.
La propuesta surge en un momento en que los votos del centro político son observados con atención por ambas campañas presidenciales. Aunque los firmantes no anunciaron apoyos electorales, sí dejaron claro que Colombia necesita acuerdos básicos capaces de superar la lógica de la confrontación permanente y abrir espacios para el diálogo democrático.
