Un grupo de once congresistas demócratas de Estados Unidos solicitó formalmente al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro abrir una investigación sobre el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella. La petición fue presentada mediante una carta en la que los legisladores expresan preocupación por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y posibles operaciones financieras que consideran merecen revisión.
La iniciativa fue liderada por Jesús García, conocido como “Chuy” García, y respaldada por otros diez miembros de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes. Los congresistas sostienen que existen elementos suficientes para que las autoridades estadounidenses determinen si hubo conductas que pudieran tener implicaciones legales bajo la jurisdicción de ese país.
Entre los principales señalamientos figura la relación profesional que De la Espriella mantuvo durante años con el empresario colombiano Alex Saab, quien enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos por presunto lavado de activos. Los legisladores consideran que esa relación amerita una revisión más profunda sobre eventuales conexiones financieras o comerciales.
La carta también hace referencia a supuestos vínculos históricos del candidato con sectores relacionados con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Los congresistas pidieron establecer si existieron relaciones directas o indirectas que pudieran tener relevancia jurídica, especialmente por tratarse de una organización catalogada como terrorista por Estados Unidos.
Otro de los puntos que motivó la solicitud es la existencia de presuntas operaciones inmobiliarias realizadas en el estado de Florida. Los firmantes pidieron verificar la procedencia de los recursos utilizados en algunas transacciones y determinar si hubo uso de sociedades o estructuras corporativas destinadas a ocultar la identidad de beneficiarios finales.
Según los legisladores, aunque no existen conclusiones judiciales que prueben irregularidades, la magnitud de las denuncias y el contexto electoral justifican una investigación independiente. La carta enfatiza que el objetivo es establecer si las operaciones fueron realizadas conforme a la legislación estadounidense o si existen elementos que ameriten actuaciones adicionales.
Los congresistas demócratas también cuestionaron el respaldo público que el expresidente estadounidense Donald Trump ha manifestado hacia De la Espriella durante la campaña presidencial colombiana. En el documento sostienen que ese apoyo podría interpretarse como una forma de injerencia en los asuntos internos de Colombia.
La controversia ha adquirido especial relevancia debido a que la solicitud se produce en la recta final de la campaña presidencial. Para los congresistas demócratas, cualquier duda sobre la financiación o los antecedentes de un candidato con posibilidades de llegar a la Casa de Nariño debe ser esclarecida antes de la elección.
Por su parte, Abelardo de la Espriella ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que se trata de acusaciones sin fundamento promovidas por sectores políticos que buscan afectar su candidatura. El aspirante ha insistido en que todas sus actividades profesionales y empresariales se han desarrollado dentro de la legalidad.
La petición de los congresistas no implica la apertura automática de una investigación ni constituye una acusación formal. Sin embargo, el episodio ha añadido un nuevo elemento de tensión a la campaña presidencial colombiana y ha trasladado parte del debate electoral al escenario político y judicial de Estados Unidos, donde ahora las autoridades deberán decidir si existe mérito suficiente para avanzar con las verificaciones solicitadas.
