La Defensoría del Pueblo alertó sobre un nuevo episodio de desplazamiento forzado masivo en la región del Catatumbo, donde 784 personas, agrupadas en 293 núcleos familiares, abandonaron sus hogares como consecuencia de los recientes hechos de violencia registrados en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. La entidad advirtió que la situación humanitaria continúa agravándose y representa un alto riesgo para la población civil.
De acuerdo con el organismo, las familias desplazadas provienen de las veredas Kilómetro 84, Kilómetro 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo. Los habitantes decidieron salir de sus comunidades como una medida de autoprotección ante el temor de nuevos enfrentamientos armados y otras vulneraciones a sus derechos fundamentales.
La Defensoría informó que durante la misma jornada se registró un ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados mediante drones en zona rural de El Tarra. Según los reportes preliminares, el hecho dejó una persona fallecida y varias más heridas, aunque las dificultades de acceso y comunicación en el territorio han impedido establecer un balance definitivo.
La entidad señaló que estos hechos se suman a otros ataques ocurridos durante la última semana en sectores como Filogringo y La Isla del Cerro, donde también se reportó el uso de drones con explosivos. La repetición de este tipo de acciones ha incrementado la incertidumbre entre las comunidades y ha obligado a numerosas familias a abandonar sus viviendas para proteger sus vidas.
Según el balance oficial, en lo corrido de 2026 ya se han registrado 13 eventos de desplazamiento masivo en el Catatumbo, los cuales han dejado 2.447 personas desplazadas, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra. La Defensoría advirtió que las cifras reflejan el deterioro de la seguridad en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a la Gobernación de Norte de Santander y a las administraciones municipales para garantizar una atención humanitaria integral e inmediata a las familias afectadas. La entidad pidió fortalecer las acciones de prevención y protección para evitar nuevas emergencias en la zona.
Asimismo, solicitó activar de manera permanente los mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el propósito de asegurar el suministro continuo de ayuda humanitaria, alojamiento temporal, alimentación y demás servicios esenciales para las personas desplazadas.
El organismo de derechos humanos también reiteró su llamado a todos los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y cumplan los principios de distinción, precaución y protección de la población civil. La Defensoría insistió en que la confrontación no puede seguir poniendo en riesgo a comunidades campesinas que permanecen atrapadas en medio del conflicto.
La crisis humanitaria del Catatumbo continúa siendo una de las mayores preocupaciones para las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos. La persistencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales ha provocado desplazamientos recurrentes, confinamientos y graves afectaciones para miles de habitantes de esta región fronteriza con Venezuela.
Mientras las autoridades avanzan en la verificación de los hechos más recientes, la Defensoría del Pueblo reiteró que es indispensable adoptar medidas urgentes que garanticen la protección de la población civil y permitan reducir el impacto de la violencia sobre las comunidades del Catatumbo, donde la emergencia humanitaria sigue sin mostrar señales de disminución.
