La primera vuelta presidencial en Colombia cerró el 31 de mayo sin elegir presidente, pero sí dejó una señal política difícil de ignorar: el voto exterior volvió a mostrar el peso, las tensiones y las contradicciones de una diáspora que sigue decidiendo sobre el país desde lejos.
Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, ganó la primera vuelta y disputará la segunda con Iván Cepeda. El resultado, estrecho en Colombia y más amplio entre los votantes en el exterior, obliga a mirar más allá de las cifras. No se trata solo de quién ganó. Se trata también de preguntarnos qué está diciendo la diáspora cuando vota, desde qué memorias lo hace y qué país imagina para quienes siguen viviendo allí.
Para quienes habitamos fuera de Colombia, especialmente desde comunidades migrantes en Estados Unidos, esta elección abre una conversación incómoda: ¿qué significa votar por un país al que seguimos perteneciendo, pero cuyas consecuencias cotidianas ya no vivimos del mismo modo?
No se trata de negar el derecho al voto de quienes estamos fuera. Al contrario: votar desde la diáspora también es una forma de pertenencia. Muchas familias migrantes sostienen económicamente a Colombia, acompañan duelos a distancia, envían remesas, cuidan memorias, celebran tradiciones y siguen viviendo con el país atravesado en la voz. Colombia no se abandona por cruzar una frontera.
Pero votar desde la distancia también exige responsabilidad. La nostalgia no puede ser el único lente para decidir el futuro de quienes siguen enfrentando, todos los días, las consecuencias de cada gobierno, de cada política pública, de cada promesa incumplida y de cada discurso que se instala como verdad.
Uno de los datos más llamativos de esta primera vuelta fue el comportamiento del voto exterior. Los colombianos fuera del país apoyaron mayoritariamente a De la Espriella. Esa tendencia no puede leerse solo como una preferencia electoral más. También revela una fractura profunda en la forma en que la diáspora interpreta la seguridad, el orden, la corrupción, la pobreza, la violencia y la democracia.
Desde Massachusetts, donde la comunidad colombiana convive con otras comunidades latinoamericanas marcadas por migraciones forzadas, crisis económicas y experiencias de violencia, la paradoja se vuelve más visible. Este estado no representa toda la experiencia estadounidense, pero justamente por eso sirve como punto de contraste. Massachusetts ofrece ciertas redes públicas, educativas, comunitarias y legales que no existen de la misma manera en otros estados. Esa diferencia debería recordarnos que las políticas sí importan, que los gobiernos sí cambian la vida cotidiana y que ningún país se sostiene solo con discursos de orden, éxito individual o mano dura.
Hay otra capa que la diáspora colombiana necesita mirar con más honestidad: vivir en Estados Unidos no significa entender automáticamente cómo funciona Estados Unidos.
Muchas personas en Colombia imaginan este país como una sola estructura homogénea, como si todos los estados ofrecieran las mismas garantías, las mismas respuestas institucionales, las mismas escuelas, las mismas protecciones laborales, los mismos canales de denuncia o la misma relación entre ciudadanía y gobierno. Pero Estados Unidos también es un país profundamente desigual, descentralizado y atravesado por disputas políticas que cambian la vida cotidiana de manera radical según el lugar donde se viva.
No es lo mismo habitar un estado con políticas públicas más amplias, redes comunitarias fuertes, mayor protección para migrantes y servicios sociales relativamente accesibles, que vivir en un estado donde esas garantías son más débiles o están en disputa permanente. No es lo mismo enfrentar una situación de violencia doméstica en un territorio donde existen canales de respuesta más robustos, que hacerlo en uno donde la protección depende de recursos escasos, interpretaciones más limitadas o voluntades políticas distintas.
Esa diferencia también debería educar políticamente a quienes votamos desde afuera. Si una persona migrante ha experimentado en Estados Unidos el valor de una biblioteca pública, de una escuela bien financiada, de un medio comunitario, de una organización de derechos, de una red de apoyo para mujeres, de una política local que protege a familias migrantes o de un estado que reconoce ciertas vulnerabilidades, entonces debería preguntarse por qué esas mismas garantías parecen menos importantes cuando piensa en Colombia.
El problema es que muchas veces se vota mirando la imagen del poder, no sus consecuencias. Se admira al candidato que aparece mejor vestido, más empresario, más fuerte, más seguro de sí mismo, como si la estética del éxito fuera prueba de buen gobierno. Pero detrás de ese imaginario pueden esconderse proyectos que recortan derechos, debilitan instituciones públicas, desprotegen territorios, persiguen voces críticas, destruyen naturaleza y convierten la desigualdad en responsabilidad individual.
La política contemporánea también se está jugando en el terreno de la aspiración. Muchas personas votan no desde lo que viven, sino desde lo que sueñan representar. Se identifican con el empresario, con el hombre fuerte, con el candidato que parece exitoso, con quien habla como dueño, aunque su propia vida esté más cerca de la precariedad que del poder.
Ahí aparece una ficción peligrosa: creerse parte de una élite sin tener garantizados los derechos básicos. Defender modelos que recortan lo público mientras se depende de bibliotecas, escuelas, hospitales, transporte, información comunitaria, asistencia legal, organizaciones sociales o redes de cuidado. Celebrar la privatización como si fuera eficiencia, aunque muchas veces signifique convertir la necesidad humana en negocio.
Hay una herida de clase que atraviesa a muchas comunidades migrantes y que casi nunca se nombra. No tiene que ver con el oficio que una persona realiza afuera —servir mesas, cocinar, limpiar, vender en una tienda, cuidar niños o trabajar jornadas extensas son trabajos dignos—, sino con la fantasía de superioridad que a veces se construye alrededor de la migración.
Algunas personas llegan a Estados Unidos a vivir formas duras de precariedad laboral, soledad, racismo, endeudamiento, miedo migratorio o agotamiento físico. Pero cuando regresan a sus pueblos, o cuando hablan de Colombia desde redes sociales, lo hacen como si hubieran entrado al círculo íntimo del poder. Como si vivir cerca del consumo significara pertenecer a la riqueza. Como si trabajar en el país de los magnates nos convirtiera automáticamente en parte de ellos.
Esa confusión es peligrosa porque rompe la solidaridad. En lugar de reconocer la vulnerabilidad compartida entre quien migró y quien se quedó, algunas personas empiezan a mirar hacia abajo a quienes siguen en Colombia. Se habla del pobre como culpable de su pobreza, del enfermo como carga, de la mujer que decide sobre su cuerpo como amenaza, del niño migrante como problema, del joven sin oportunidades como delincuente en potencia y del territorio como recurso disponible para explotar.
La migración, en vez de ampliar la mirada, a veces termina produciendo una versión más dura del clasismo que ya traíamos. Se vota desde la aspiración, no desde la memoria. Se defiende al poderoso porque se sueña con parecerse a él, aunque la vida cotidiana esté mucho más cerca de quienes necesitan derechos, salud, escuelas, vivienda, información pública y protección frente al abuso.
Esta no es una crítica al trabajador migrante. Al contrario: es una defensa de su dignidad. Precisamente porque sabemos lo que cuesta empezar de nuevo, trabajar con el cuerpo cansado, aprender códigos ajenos y sostener familias a distancia, deberíamos desconfiar de cualquier discurso que desprecie a los vulnerables. La experiencia migrante no debería acercarnos al autoritarismo; debería hacernos más sensibles frente a cualquier forma de abuso.
También hay una crisis profunda de formación política. Muchas personas creen con facilidad lo que les llega por cadenas de WhatsApp, Facebook, videos religiosos o discursos repetidos en ciertos espacios comunitarios, pero nunca han leído con atención la Constitución Política de su propio país. No para repetirla como símbolo patriótico, sino para entender que muchos de los derechos que se reclaman —salud, educación, participación, dignidad, libertad de conciencia, igualdad, protección de la vida— no son caprichos ideológicos. Son compromisos que el país ya aceptó como base de convivencia.
Ahí aparece una contradicción moral difícil de ignorar. Se exige que no haya aborto en nombre de la vida, pero se tolera que niños ya nacidos vivan abandonados, encerrados, empobrecidos o sin acceso a cuidado. Se habla de defender la familia, pero se vota por políticas que desamparan a madres, personas enfermas, migrantes, comunidades rurales y jóvenes sin oportunidades. Se condena la violencia en el discurso, pero se eligen proyectos que normalizan el castigo, el abuso, la burla y la persecución como formas legítimas de gobierno.
Estados Unidos ofrece ejemplos concretos de esa contradicción. Los recortes a medios públicos como NPR, PBS y la Corporation for Public Broadcasting han puesto en riesgo estaciones locales que informan a comunidades rurales, migrantes y sectores sin acceso amplio a internet. No se trata solo de televisión o radio: se trata de quién puede acceder a información confiable cuando el mercado no considera rentable informar a ciertos territorios.
También está el crecimiento del sistema de detención migratoria y carcelaria como negocio. Cuando la privación de libertad se vuelve una industria, el encierro deja de ser solo una decisión judicial o administrativa y se convierte en una fuente de ganancia. Las personas migrantes, pobres, racializadas o políticamente incómodas terminan atrapadas en sistemas donde la vigilancia, la detención y el castigo producen dinero para otros.
Lo mismo ocurre con derechos que muchas veces se dan por sentados hasta que desaparecen. El acceso al aborto en Estados Unidos cambió radicalmente después de la caída de Roe v. Wade, y hoy depende en gran medida del estado donde una persona viva. Esa desigualdad territorial demuestra que los derechos no son abstractos: tienen dirección, código postal, clase social, color de piel, género y capacidad económica.
La protección de la naturaleza también revela el costo de ciertos modelos de poder. La defensa del fracking, la expansión de combustibles fósiles, el debilitamiento de regulaciones ambientales y la falta de cuidado de reservas naturales muestran una idea de desarrollo donde la tierra aparece como recurso infinito y no como territorio vivo. Esa mirada, trasladada a Colombia, debería preocuparnos profundamente: un país con selvas, páramos, ríos, biodiversidad y comunidades enteras que dependen de la defensa del territorio no puede darse el lujo de copiar modelos que convierten la vida en extracción.
Cuando desde la diáspora se vota por liderazgos que prometen éxito, orden y riqueza sin preguntarse a quién dejan por fuera, también se vota por una forma de mundo. Una donde el pobre debe esforzarse más, la naturaleza debe sacrificarse, la cárcel debe crecer, las mujeres deben perder autonomía, la información pública debe reducirse y la diferencia política debe ser tratada como amenaza.
No todas las personas que votan por la derecha lo hacen por odio. No toda preocupación por la seguridad es extremismo. Sería injusto reducir una decisión electoral a una sola causa. En Colombia hay miedo real, cansancio real, desconfianza real y comunidades enteras agotadas por la violencia, la extorsión, la precariedad y la falta de respuestas. Pero también es necesario preguntarse cuándo ese miedo empieza a ser usado para justificar proyectos políticos que pueden debilitar derechos, cerrar conversaciones y convertir al otro en enemigo.
En los encuentros latinos, esa tensión se siente. La conversación política muchas veces ya no busca entender, sino derrotar. La diferencia se convierte en amenaza. La rabia se organiza como identidad. Y la palabra “patria”, en lugar de abrir una pregunta común, termina usada para separar quién merece ser escuchado y quién debe ser señalado.
Colombia llega a esta segunda vuelta no solo con dos candidatos, sino con dos formas de imaginar el conflicto. Una parte del país pide respuestas duras ante la inseguridad, el cansancio y la desconfianza institucional. Otra parte insiste en que la paz, la justicia social y la ampliación de derechos siguen siendo caminos necesarios, aunque incompletos y difíciles.
En medio de esas dos fuerzas, la diáspora vota desde una posición particular: mira a Colombia desde lejos, pero no está por fuera de sus consecuencias simbólicas, económicas y familiares. Quien vive en el exterior no deja de ser colombiano. Pero tampoco puede ignorar que su voto incide sobre la vida de personas que no podrán tomar distancia de los efectos del próximo gobierno.
La pregunta, entonces, no es si los colombianos en el exterior deben votar. Deben hacerlo, si así lo deciden. La pregunta es desde dónde votan: desde el miedo, desde la rabia, desde la memoria, desde la información, desde la experiencia migrante o desde una idealización del país que dejaron atrás.
Votar desde afuera no debería convertirse en una forma de exigir para Colombia aquello que no aceptaríamos como vida cotidiana en el lugar donde hoy vivimos. Si valoramos escuelas públicas dignas, servicios sociales, protección comunitaria, diversidad cultural, respeto por los derechos, información pública y cierta estabilidad institucional, también deberíamos preguntarnos por qué esos mismos principios se vuelven negociables cuando hablamos del país de origen.
La segunda vuelta del 21 de junio será decisiva. Pero más allá del resultado, esta elección dejó una tarea para la diáspora colombiana: revisar sus propias contradicciones. No para imponer una única forma de pensar, sino para recuperar una conversación política menos marcada por el odio y más cercana a la responsabilidad.
Tal vez una de las tareas más urgentes de la diáspora sea dejar de votar desde la aspiración y empezar a votar desde la memoria. Recordar de dónde venimos, qué violencias nos expulsaron, qué derechos nos han cuidado afuera y qué país queremos para quienes no pueden irse.
El problema no es migrar y cambiar de vida. El problema es olvidar demasiado rápido de qué lado de la desigualdad seguimos estando.
Porque votar desde Massachusetts, desde Nueva York, desde Madrid o desde cualquier lugar del mundo también es intervenir en la vida de quienes siguen caminando las calles de Colombia. La distancia no debería quitarnos sensibilidad. Debería obligarnos a mirar mejor.
Si la migración nos ha enseñado algo, no debería ser solo para sobrevivir lejos. También debería enseñarnos a reconocer qué estructuras cuidan, qué discursos destruyen y qué tipo de país estamos ayudando a construir con nuestro voto.
