El Congreso de la República dio un paso definitivo en su intención de mantener con vida jurídica una de las carteras ministeriales más emblemáticas del actual periodo institucional del Poder Ejecutivo: El Ministerio de la Igualdad. Durante una extensa e intensa jornada de deliberaciones legislativas, las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes votaron de forma mayoritaria a favor del nuevo proyecto de ley. La iniciativa tiene como propósito central corregir los vicios de trámite que llevaron a la declaración de inexequibilidad de la entidad.
La urgencia del debate se derivó del fallo emitido por la Corte Constitucional, tribunal que meses atrás tumbó la ley creadora de este ministerio debido a graves fallas en su procedimiento de aprobación. Los magistrados determinaron en su momento que la iniciativa original no contó con los estudios de impacto fiscal obligatorios que exige la normatividad colombiana. Para evitar el desmonte inmediato del brazo administrativo, la alta corporación judicial otorgó un plazo prudencial de transición con el fin de que el Legislativo saneara el trámite.
El nuevo articulado radicado de manera conjunta por el Ministerio del Interior y la bancada de la coalición de gobierno incorporó de forma minuciosa los conceptos financieros requeridos por la magistratura. Los ponentes del proyecto expusieron ante las comisiones los certificados de viabilidad presupuestal expedidos formalmente por la cartera de Hacienda de la nación. Estos documentos técnicos pretenden demostrar que el funcionamiento del Ministerio de la Igualdad no pone en riesgo la regla fiscal ni la estabilidad macroeconómica del Estado.
Durante las intervenciones públicas en el recinto parlamentario, los defensores de la iniciativa argumentaron que el Ministerio de la Igualdad resulta indispensable para descentralizar los recursos estatales hacia las áreas rurales marginadas. Los congresistas señalaron que la articulación de políticas públicas en favor de las minorías étnicas, las mujeres cabeza de familia y los jóvenes requiere una institucionalidad con capacidad de ejecución propia. Para el Pacto Histórico, el hundimiento definitivo de esta cartera significaría un retroceso social severo.
Por su parte, los sectores pertenecientes a los partidos de la oposición reiteraron sus críticas respecto a lo que denominan una duplicidad de funciones administrativas de orden burocrático. Varios parlamentarios de las comisiones primeras sostuvieron que las metas de equidad y superación de la pobreza extrema bien pueden ejecutarse a través del Departamento para la Prosperidad Social. Los contradictores del proyecto alertaron sobre los altos costos de funcionamiento que implica sostener una estructura con múltiples viceministerios y direcciones regionales.
A pesar de los reparos fiscales y políticos expuestos por las bancadas independientes, las mayorías parlamentarias se impusieron al momento de registrar las votaciones nominales de cada artículo. La aprobación en este primer debate conjunto brinda un parte de tranquilidad al Gobierno central, el cual ha priorizado este rescate jurídico dentro de su apretada agenda legislativa. Los líderes de la coalición expresaron que la disciplina demostrada por los congresistas en las comisiones demuestra el respaldo político a las reformas.
El trámite del proyecto de ley deberá trasladarse ahora hacia las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes de manera simultánea para sus correspondientes debates finales. Los coordinadores de ponentes estiman que la discusión de las ponencias mayoritarias se programará de forma prioritaria en los órdenes del día de las próximas semanas legislativas. El tiempo juega un papel determinante dado que el periodo de gracia otorgado por el tribunal constitucional avanza de forma ininterrumpida.
La vicepresidenta de la República y actual ministra de la cartera, Francia Márquez Mina, ha seguido de cerca el desarrollo de las plenarias manifestando su confianza en la voluntad del Congreso de Colombia. Para la alta funcionaria, la permanencia de este ministerio constituye el eje transformador más importante para saldar las deudas históricas con los territorios del litoral pacífico y el Caribe. Márquez ha insistido en que la institucionalidad tradicional ha sido ineficaz para resolver las brechas económicas regionales.
Los peritos del sector administrativo señalan que, además de los debates políticos en las plenarias, la ley final deberá superar un riguroso examen de control preventivo en la justicia. Los abogados expertos en derecho constitucional consideran que los opositores demandarán nuevamente el articulado ante las cortes si se detecta la más mínima inconsistencia procedimental de tiempos. Por ende, la rigurosidad en los quórums y las actas del Congreso resulta vital para el blindaje definitivo del organismo.
La jornada legislativa concluyó bajo un ambiente de expectativa y con el requerimiento de los gremios económicos para moderar el gasto estatal en medio de la desaceleración financiera. El Congreso de la República demostró su capacidad de articulación política al avanzar en el rescate jurídico de una de las banderas institucionales de la administración. El rumbo definitivo de la equidad social y la burocracia estatal en Colombia se definirá en el remate de los debates de la presente anualidad.
