El concejal de Medellín Andrés Felipe “Gury” Rodríguez, del Centro Democrático, presentó una demanda ante el Consejo de Estado para cuestionar la asignación de las curules que Iván Cepeda y Aida Quilcué recibieron en el Congreso como fórmula presidencial que obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2026. La acción judicial se basa en la tesis de que parte de esa votación habría estado condicionada por grupos armados ilegales.
El argumento está relacionado con el denominado “voto fusil”, una expresión utilizada en el debate político para describir una presunta modalidad de constreñimiento electoral en la que estructuras armadas obligarían o presionarían a comunidades para votar por un candidato determinado. En este caso, la acusación apunta a territorios donde Cepeda obtuvo votaciones particularmente altas en la segunda vuelta.
La expresión tomó fuerza después de la elección del 21 de junio, cuando comenzaron a circular análisis sobre municipios y mesas en los que Cepeda consiguió porcentajes superiores al 80 % y, en algunos casos, el 100 % de los votos válidos. Rodríguez sostuvo que esos resultados podían ser indicios de una votación obtenida bajo presión de organizaciones armadas.
El propio concejal llevó esa interpretación al Concejo de Medellín el 23 de junio. En esa intervención afirmó que ya se tenían identificadas mesas y lugares donde, según él, se habría producido el “voto fusil” y planteó que las zonas en las que Cepeda obtuvo más del 80 % debían ser consideradas en la estrategia militar contra los grupos armados.
La declaración generó una fuerte controversia porque Rodríguez llegó a recomendar que los próximos ataques y bombardeos fueran dirigidos hacia esos territorios, bajo la premisa de que allí estarían los grupos responsables de las supuestas irregularidades. La Defensoría del Pueblo calificó las afirmaciones de especialmente graves y cuestionó la asociación entre resultados electorales y presencia de estructuras armadas.
Ahora, la controversia adquiere una dimensión judicial. La demanda busca que el Consejo de Estado examine si las presuntas irregularidades denunciadas tienen la suficiente entidad jurídica para afectar la asignación de las curules de Cepeda y Quilcué. Según la información divulgada sobre la acción, Rodríguez y su equipo realizaron un análisis mesa por mesa, puesto por puesto y municipio por municipio para sustentar sus cuestionamientos.
Sin embargo, la existencia de votaciones muy altas para un candidato no demuestra por sí sola que haya existido constreñimiento electoral. Un análisis de ColombiaCheck encontró que la evolución de la votación en varios municipios no respalda automáticamente la explicación del “voto fusil” y señaló que existen factores políticos, históricos y territoriales que también explican la concentración del voto.
La discusión también ha involucrado a las propias comunidades y a dirigentes del Pacto Histórico. Aida Quilcué rechazó la narrativa y advirtió que no permitiría que se estigmatizara a las poblaciones que votaron por la fórmula que integró con Cepeda. El propio Cepeda pidió que cualquier acusación sobre presión armada fuera acompañada de pruebas concretas y no de generalizaciones sobre territorios periféricos.
El asunto resulta especialmente delicado porque convertir una correlación entre presencia armada y resultados electorales en una acusación de “voto fusil” puede tener consecuencias para poblaciones enteras. La Defensoría advirtió precisamente sobre el riesgo de estigmatización de comunidades por sus decisiones electorales.
Para que la demanda prospere, el Consejo de Estado tendrá que determinar, entre otros aspectos, si las irregularidades denunciadas están debidamente acreditadas y si tienen incidencia suficiente sobre los actos mediante los cuales se asignaron las curules. La demanda, por sí misma, no significa que Cepeda o Quilcué hayan perdido sus escaños ni que la justicia haya establecido que fueron obtenidos mediante fraude o coacción.
Cepeda y Quilcué llegaron al Congreso a través del Estatuto de la Oposición, que concede una curul en el Senado y otra en la Cámara a la fórmula que obtiene el segundo lugar en la elección presidencial. Por ello, una eventual decisión favorable al demandante tendría una consecuencia directa sobre esas dos posiciones, y supondría una reducción de las curules del Pacto Histórico del Congreso, el partido con la bancada más grande.
El caso también tiene una dimensión política. Rodríguez pertenece al Centro Democrático y ha mantenido una posición fuertemente crítica frente al Pacto Histórico y al Gobierno de Gustavo Petro. Antes de esta demanda, su nombre ya había estado relacionado con controversias judiciales y electorales: en 2023 fue uno de los demandantes que cuestionó la curul de Juan Carlos Upegui en el Concejo de Medellín.
La nueva acción, por tanto, lleva al escenario judicial una disputa que hasta ahora había estado principalmente en el terreno político. La pregunta central será si los patrones de votación identificados por Rodríguez constituyen evidencia suficiente de una afectación de la libertad del sufragio o si, como sostienen sus críticos, se trata de una interpretación política de resultados electorales concentrados en regiones donde históricamente existen fuertes apoyos a determinados sectores.
El Consejo de Estado será el encargado de establecer dónde está esa frontera. Mientras tanto, “voto fusil” sigue siendo una denominación utilizada para describir una presunta práctica de presión armada sobre los electores, no una irregularidad que haya sido declarada judicialmente en las votaciones que favorecieron a Cepeda y Quilcué. La diferencia es fundamental para entender el alcance de la demanda y evitar que una acusación termine presentándose como un hecho probado.
