La llegada del general retirado Eduardo Zapateiro a la Gerencia de Seguridad Física de Ecopetrol abre un debate dentro de una compañía que mantiene una política expresa de rechazo al acoso sexual y que cuenta con protocolos para atender este tipo de situaciones. El nombramiento fue reportado inicialmente como una incorporación interna en proceso de empalme.
Por el momento, no existe una declaración pública colectiva que permita afirmar que las mujeres de Ecopetrol, como grupo, hayan rechazado la llegada de Zapateiro. La discusión documentada está, en cambio, alrededor de las políticas de la empresa, las garantías para las trabajadoras y el proceso penal que enfrenta el oficial retirado.
Zapateiro fue comandante del Ejército y actualmente enfrenta un proceso judicial por presunto acoso sexual contra dos mujeres que estuvieron vinculadas a las Fuerzas Militares. La Fiscalía le imputó cargos en mayo de 2026 y el general retirado no aceptó la acusación.
Según la Fiscalía, las conductas investigadas habrían ocurrido cuando Zapateiro ocupaba posiciones de autoridad dentro del Ejército. El ente acusador sostuvo que las situaciones involucraron relaciones marcadas por subordinación y jerarquía institucional.
La defensa de Zapateiro sostiene una versión diferente y ha cuestionado elementos probatorios del expediente. En julio solicitó la preclusión de la investigación y pidió incorporar nuevas pruebas, entre ellas una certificación sobre la presencia del general en una actividad de 2021 y testimonios de oficiales.
Por eso, el proceso debe ser descrito como una investigación penal en curso y no como una condena. La situación jurídica de Zapateiro todavía no equivale a una declaración judicial de responsabilidad.
El contexto cobra importancia porque Ecopetrol establece expresamente en su Código de Ética y Conducta que no permite el acoso sexual ni la violencia sexual. La empresa también señala que sus procedimientos deben garantizar la protección y la atención de quienes enfrenten estas situaciones.
La compañía cuenta además con una Guía para la Prevención y Atención del Acoso Sexual y la Discriminación en el Ámbito Laboral. Según Ecopetrol, ese instrumento contempla protección, confidencialidad y herramientas destinadas a evitar la revictimización.
El propio registro corporativo muestra que el problema no es tratado como una hipótesis ajena a la empresa. Ecopetrol reportó 14 casos de acoso sexual en 2025: cuatro fueron cerrados como no corroborados, ninguno como corroborado y nueve permanecían en investigación.
En 2024, la compañía había reportado 81 casos de acoso sexual, de los cuales tres fueron cerrados como no corroborados, uno como corroborado y cuatro continuaban en investigación. Las cifras muestran además que la empresa ha mantenido canales y procedimientos específicos para tramitar estas denuncias.
Ecopetrol también señala que las medidas correctivas o disciplinarias deben adoptarse independientemente del cargo que ocupe la persona implicada y pueden llegar hasta la desvinculación cuando corresponda.
Esa afirmación adquiere especial relevancia con la llegada de un excomandante del Ejército a una posición de responsabilidad dentro de la estructura empresarial. La pregunta no es si el proceso penal demuestra responsabilidad —eso corresponde determinarlo a la justicia—, sino qué evaluación hizo la compañía antes de incorporarlo.
Otro elemento de contexto es la composición de la fuerza laboral. Ecopetrol reportó para 2025 un total de 2.577 mujeres, equivalentes al 26 % de su fuerza laboral. Ese mismo año registró 35 mujeres en cargos de alta dirección, equivalentes al 31 % de esa categoría.
La empresa también informa que desarrolla programas de formación en prevención de violencias basadas en género. En 2025 registró 1.700 participaciones en actividades de formación relacionadas con prevención de violencias basadas en género y diversidad.
En paralelo, los trabajadores de Ecopetrol han planteado en la negociación sindical medidas específicas frente al acoso sexual. Entre ellas aparecen garantías para las personas que denuncien estas conductas y mecanismos para evitar que una denuncia termine produciendo afectaciones laborales a quien la presenta.
La discusión sindical resulta relevante porque pone el foco no solamente en la sanción posterior, sino en las condiciones que deben existir para que una trabajadora pueda denunciar sin temor a represalias. Es un asunto distinto, aunque relacionado, con el nombramiento de un funcionario que enfrenta un proceso penal por este tipo de conducta.
La llegada de Zapateiro también ha generado preguntas sobre su trayectoria reciente en el sector privado. Reportes periodísticos señalan que habría asesorado empresas de seguridad que mantienen contratos con Ecopetrol, un aspecto que requiere ser comprobado mediante documentos contractuales y registros empresariales.
Si esos vínculos se confirman, la compañía tendría que establecer qué empresas estuvieron relacionadas con Zapateiro, qué tipo de asesorías prestó, en qué fechas y si alguna mantiene actualmente contratos con Ecopetrol. También sería necesario determinar si existen mecanismos de manejo de eventuales conflictos de interés.
El cargo al que llega tampoco es menor. La Gerencia de Seguridad Física está relacionada con la protección de infraestructura y activos estratégicos de Ecopetrol, por lo que cualquier decisión sobre contratación, supervisión o coordinación de servicios de seguridad puede tener impacto dentro de la operación de la compañía.
La incorporación ocurre además después de una renovación significativa de la Junta Directiva de Ecopetrol. El 15 de septiembre fueron elegidos seis nuevos integrantes de una Junta de nueve miembros para el periodo 2026-2029.
Posteriormente, Joaquín Gutiérrez Caballero fue escogido como presidente de Ecopetrol. Su llegada también ha sido objeto de escrutinio debido a su vínculo previo con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Reuters reportó que Gutiérrez había sido jefe de campaña del presidente.
En ese contexto, la trayectoria política previa de Zapateiro también forma parte de las preguntas alrededor de su incorporación. El general retirado había acompañado públicamente la campaña de De la Espriella y se apartó de esa actividad después de que se conociera el proceso por presunto acoso sexual.
Sin embargo, la coincidencia de esas trayectorias no permite establecer por sí sola que el nombramiento haya sido producto de una decisión política. Para sostener una afirmación de ese tipo sería necesario conocer quién propuso a Zapateiro, qué procedimiento se aplicó, quién aprobó su contratación y qué criterios fueron considerados.
La pregunta central para Ecopetrol es, por tanto, qué controles aplicó antes de incorporar a una persona que enfrenta un proceso penal relacionado precisamente con conductas que la empresa declara incompatibles con sus principios de integridad, respeto y protección frente al acoso. La respuesta permitiría conocer si los protocolos corporativos se aplican también durante los procesos de selección para cargos de alta responsabilidad.
También sería relevante establecer si la empresa informó a sus trabajadores sobre el nombramiento y si recibió inquietudes de sus organizaciones sindicales, comités de convivencia o colectivos de mujeres. Hasta ahora, no se ha encontrado una posición pública colectiva de las trabajadoras que permita afirmar que existe un rechazo generalizado.
La llegada de Zapateiro deja así una discusión que trasciende su situación judicial individual. Ecopetrol tendrá que mostrar cómo concilia sus políticas de prevención y atención del acoso sexual con la incorporación de un funcionario cuyo proceso penal permanece abierto, mientras las autoridades judiciales determinan los hechos y responsabilidades correspondientes.
