Un proceso privado de divorcio terminó involucrando a una de las firmas de abogados más relacionadas con el actual Gobierno y al hombre que acaba de asumir la presidencia de Coljuegos. Se trata del litigio entre Marcela Dangond Fernández de Castro y De la Espriella Lawyers Enterprise.
Dangond contrató al bufete en enero de 2025 para que la representara en el proceso de divorcio y disolución de la sociedad conyugal que mantenía con Jaime Gregorio Vives Pinedo. El empresario samario fue nombrado posteriormente presidente de Coljuegos.
El contrato fue firmado el 28 de enero de 2025 y establecía el pago de $35,7 millones. Para entonces, el representante de De la Espriella Lawyers era Andrés Barreto, quien actualmente ocupa la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
La firma fue fundada por Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia. Aunque el mandatario dejó de ejercer la representación del bufete antes de asumir la Presidencia, la empresa continuó vinculada a personas de su círculo profesional y familiar.
El caso adquirió una nueva dimensión después de que Vives fuera designado al frente de Coljuegos. El Decreto 1430 de 2026 formalizó su nombramiento y la entidad confirmó que tomó posesión el 2 de octubre.
Coljuegos administra el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar y tiene entre sus funciones la supervisión de las diferentes modalidades de juego, la lucha contra la operación ilegal y el recaudo de recursos destinados al sector salud.
La controversia entre Dangond y el bufete, sin embargo, comenzó mucho antes del nombramiento de Vives. Según los documentos citados por CAMBIO, después de 14 meses de representación la clienta decidió terminar la relación profesional.
El 13 de marzo de 2026 Dangond solicitó finalizar el contrato. Para ese momento, según su reclamación, no se había alcanzado un acuerdo de divorcio ni se había presentado una demanda judicial.
La mujer posteriormente realizó otras solicitudes para recuperar los $35,7 millones que había pagado al comienzo de la relación contractual. Según la información publicada, hizo tres solicitudes entre marzo y mayo de 2026.
Su argumento es que el servicio prestado no cumplió con las expectativas que tenía al contratar al despacho y que se produjeron incumplimientos en la gestión del caso. La controversia terminó ante un juez, que deberá determinar el alcance de las obligaciones asumidas por las partes.
Uno de los episodios centrales ocurrió en octubre de 2025, cuando Dangond sostuvo que la abogada Adriana Correa, encargada de su caso, le pidió firmar un acta cuyo contenido no compartía.
Según la versión presentada por la clienta ante el juez, después de que se negara a firmar se produjo una discusión y la abogada le comunicó que la firma dejaría de continuar con la gestión de su proceso.
Dangond sostuvo que ese episodio quebró la confianza necesaria para mantener la relación profesional. También manifestó ante el juez que consideraba que su situación debía ser analizada con enfoque de género.
La versión del bufete es diferente. De la Espriella Lawyers sostiene que sí realizó actividades profesionales y que la estrategia inicial consistía en buscar un divorcio consensuado antes de recurrir a un proceso judicial.
Carlos Sánchez Cortés, actual representante legal de la firma, explicó ante el juzgado que el contrato correspondía a una obligación de medio y no de resultado. En otras palabras, el despacho se comprometía a prestar sus servicios profesionales, pero no a garantizar que el divorcio terminara mediante un acuerdo o una decisión judicial específica.
La firma asegura que durante el periodo de representación realizó reuniones con Vives y sus apoderadas, elaboró propuestas de transacción, revisó documentos y efectuó seguimiento de las conversaciones encaminadas a encontrar una salida consensuada.
El bufete también sostiene que la propia Dangond habría solicitado en varias oportunidades aplazar la presentación de una eventual demanda para intentar alcanzar un acuerdo con Vives. Esa versión es uno de los puntos que deberán ser contrastados dentro de la disputa judicial.
Cuando la relación profesional se deterioró, la firma afirma que ofreció sustituir a la abogada encargada por otro profesional. Dangond rechazó esa alternativa porque, según su posición, la confianza con el despacho ya estaba perdida.
Otro punto de discusión son los honorarios. El bufete sostiene que los $35,7 millones fueron honorarios profesionales exigibles desde la firma del contrato y no un anticipo sujeto a que se presentara una demanda o se obtuviera un resultado concreto.
De la Espriella Lawyers también afirma que sus contratos incluyen una cláusula penal del 30 % adicional cuando el cliente termina anticipadamente la relación. En este caso, según la firma, decidió no aplicar esa penalidad, pero mantuvo su posición de que no debía devolver los honorarios recibidos.
La abogada Adriana Correa respaldó la posición del despacho y afirmó que hasta diciembre de 2025 Dangond todavía estaba interesada en alcanzar una conciliación con Vives. También señaló que hubo requerimientos de documentación y actuaciones que, según su versión, permitían preparar una eventual demanda.
El caso tiene además una particularidad institucional: la persona que representaba legalmente al bufete cuando Dangond firmó el contrato, Andrés Barreto, ahora es secretario jurídico de la Presidencia. Ese dato aparece en los documentos y reportes sobre la controversia, pero por sí mismo no demuestra intervención de Barreto o del Gobierno en el litigio privado.
También se ha señalado que Carlos Sánchez Cortés, actual representante legal de De la Espriella Lawyers, tiene un vínculo familiar con el presidente. La existencia de ese vínculo es un elemento de contexto, pero no constituye por sí sola evidencia de que la controversia contractual haya recibido algún tratamiento distinto por razones políticas.
Del otro lado está Vives, quien ya asumió oficialmente la presidencia de Coljuegos. Su llegada a la entidad ocurre mientras la disputa por su divorcio continúa siendo un asunto judicial entre su esposa y el bufete que ella contrató. No hay, en la información revisada, evidencia que permita afirmar que su nombramiento esté relacionado con ese litigio.
El caso reúne así tres asuntos que deben mantenerse diferenciados: el divorcio de Marcela Dangond y Jaime Vives, la reclamación por $35,7 millones contra De la Espriella Lawyers y el nombramiento de Vives en Coljuegos. La conexión entre ellos está documentada por los protagonistas y sus relaciones contractuales, pero cualquier conclusión sobre una eventual intervención política o conflicto de interés requeriría evidencia adicional.
