La defensa pública de Abelardo de la Espriella a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo, abrió un nuevo contraste sobre la manera como el Gobierno enfrenta los ataques en redes sociales; en especial contra periodistas críticos.
El 2 de octubre, después de que Restrepo acudiera a la Fiscalía para denunciar amenazas, hostigamientos y publicaciones relacionadas con su ubicación, el presidente expresó su respaldo a la funcionaria y rechazó categóricamente las intimidaciones.
“Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre”, escribió De la Espriella, al tiempo que aseguró que no permitiría que los intentos de intimidación frenaran la labor de la directora del ICBF.
La denuncia de Restrepo se refiere a mensajes difundidos después de una controversia originada por un video sobre su intervención en la Comisión Séptima del Senado.
Según la funcionaria, el video publicado por el senador Duvalier Sánchez habría sido editado de una manera que alteró el contexto y el sentido de sus declaraciones. El ICBF entregó a la Fiscalía el registro original, el video difundido, transcripciones y una reconstrucción cronológica para que la autoridad establezca si existe alguna relación entre ambos hechos.
Restrepo también pidió identificar a los responsables de los perfiles que difundieron los mensajes y establecer si hubo responsabilidades penales. La investigación está en manos de la Fiscalía y no existe todavía una decisión judicial sobre los hechos denunciados.
El episodio pone sobre la mesa una pregunta distinta: si el Gobierno defiende el derecho de sus funcionarios a no ser intimidados, ¿cuál es su posición frente a prácticas similares cuando las personas atacadas son periodistas que investigan o cuestionan al presidente?
La pregunta cobra relevancia por el historial documentado durante la campaña presidencial. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha denunciado en varias ocasiones ataques de De la Espriella y de personas vinculadas o cercanas a su campaña contra periodistas y medios.
Uno de los casos más visibles fue el de Daniel Coronell. En febrero, desde el entorno político de De la Espriella se difundió un supuesto análisis digital que acusaba al periodista y a medios como La Silla Vacía y Cambio de integrar una “bodega coordinada” para atacar al entonces candidato.
La acusación fue presentada públicamente por el movimiento Defensores de la Patria, vinculado al proyecto político de De la Espriella. En su propia sala de prensa todavía aparece una publicación titulada: “La prensa del establecimiento actuó como bodega para atacar a Abelardo De La Espriella”.
Sin embargo, ColombiaCheck y Cazadores de Fake News revisaron ese supuesto estudio y concluyeron que no cumplía estándares mínimos de verificabilidad. Según su análisis, no demostraba la existencia de coordinación entre las cuentas ni aportaba evidencia que vinculara a Coronell y los medios señalados con una operación organizada.
La Liga contra el Silencio y ColombiaCheck hicieron posteriormente un análisis más amplio de las conversaciones en X alrededor de los ataques contra periodistas críticos de De la Espriella.
La investigación examinó 35.175 publicaciones realizadas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. El 91,32 % correspondía a retuits, mientras apenas el 0,50 % eran publicaciones originales, un dato que los investigadores utilizaron para analizar la amplificación de determinados mensajes.
En ese análisis aparecieron cuentas que habían reconocido su cercanía con la campaña, cuentas de seguidores e influenciadores que apoyaban públicamente a De la Espriella.
La investigación documentó además que las narrativas contra periodistas se activaban después de publicaciones críticas sobre el candidato. Entre los blancos estuvieron Coronell, Cecilia Orozco, Ana Bejarano, Juanita León y otros comunicadores.
En el caso de Coronell, los contenidos difundidos incluyeron acusaciones de pertenecer a una supuesta estructura coordinada y piezas audiovisuales manipuladas o creadas con inteligencia artificial.
La FLIP también denunció en febrero la circulación de videos manipulados con inteligencia artificial en los que se acusaba a Coronell de liderar una supuesta campaña de mentiras contra De la Espriella. La organización calificó esos hechos como parte de una cadena de acciones orientadas a desacreditar al periodismo crítico.
La organización señaló además que el equipo jurídico del entonces candidato había recurrido repetidamente a solicitudes de rectificación contra periodistas, entre ellos Coronell, y consideró que algunas de esas actuaciones podían funcionar como mecanismos de presión sobre la prensa. Esa es una valoración de la FLIP, no una decisión judicial.
La tensión continuó después de las elecciones. En septiembre, la FLIP volvió a alertar sobre solicitudes de rectificación presentadas por De la Espriella Lawyers, firma que perteneció al hoy presidente, frente a publicaciones relacionadas con su trayectoria. La organización cuestionó que algunas solicitudes buscaran no solamente corregir datos, sino incidir en la manera como los medios narraban los hechos. ([Caracol Radio][8])
Existe, sin embargo, una diferencia que resulta fundamental para cualquier comparación. Una cosa es cuestionar una publicación periodística, solicitar una rectificación o incluso acudir a los tribunales; otra es amenazar, intimidar, revelar la ubicación de una persona o promover contenidos destinados a poner en riesgo su seguridad.
Por eso, el debate no debería plantearse como una equivalencia automática entre las amenazas denunciadas por Restrepo y las críticas o ataques contra periodistas. Son conductas diferentes y tienen consecuencias jurídicas y democráticas distintas.
El punto de comparación está en otro lugar: en el principio que adopta el poder frente a quienes lo cuestionan. En el caso de Restrepo, De la Espriella afirmó que la intimidación contra una funcionaria de su Gobierno era inaceptable y que los responsables debían responder ante la justicia.
Durante la campaña, en cambio, organismos de libertad de prensa documentaron una sucesión de señalamientos contra periodistas críticos y pidieron al entonces candidato que rechazara públicamente las agresiones de sus seguidores. La FLIP llegó a advertir sobre una cadena recurrente de ataques y pidió respeto por el ejercicio periodístico.
Eso no permite afirmar que De la Espriella haya ordenado las agresiones. Tampoco permite atribuirle automáticamente cada publicación realizada por seguidores, influenciadores o cuentas afines. Lo que sí está documentado es la existencia de un entorno digital que difundió esas narrativas y, en determinados casos, de canales políticos vinculados directamente con su proyecto que participaron en su divulgación.
La cuestión pendiente, por tanto, no es si el presidente tiene derecho a defender a una funcionaria amenazada. Ese derecho y esa responsabilidad institucional son claros. La pregunta es si el mismo estándar de protección frente a la intimidación, el hostigamiento y la deslegitimación se aplica también cuando las personas afectadas son periodistas que investigan al Gobierno.
El episodio del ICBF ofrece así un nuevo punto de contraste para evaluar la relación del presidente con quienes ejercen el escrutinio público. Mientras el mandatario asegura que “quien se mete con un funcionario” se enfrenta a su respaldo, queda por establecer con qué misma contundencia su Gobierno y su entorno político rechazan las agresiones cuando el objetivo no es un funcionario oficial, sino un periodista crítico.
