La relación entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el sector arrocero atraviesa un nuevo momento de tensión después de que el funcionario recomendara a productores de La Guajira y el Cesar dejar de sembrar arroz y optar por el marañón.
La declaración fue hecha durante un encuentro con campesinos en Urumita, La Guajira, donde Dangond sostuvo que el arroz dejó de ser un negocio atractivo por sus requerimientos de agua, la volatilidad de los precios y la exposición a fenómenos climáticos como El Niño.
“El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua. Los precios del arroz son muy volátiles. Siembren marañón, el marañón da rentabilidad por encima del 24%”, afirmó el ministro.
La frase provocó reacciones porque fue pronunciada en medio de una crisis que los propios productores han venido denunciando. Fedearroz ha advertido sobre los bajos precios de comercialización registrados durante las cosechas de 2025 y 2026 y sobre la disminución de la productividad asociada a las condiciones climáticas.
Sin embargo, la recomendación de Dangond no constituye, por lo que se conoce hasta ahora, una orden nacional para abandonar el cultivo del arroz. Sus declaraciones estuvieron dirigidas a productores del norte del país y se plantearon como una alternativa de reconversión agrícola para determinadas condiciones de suelo y clima.
El argumento del ministro es que el marañón tendría mejores condiciones de adaptación en algunas zonas de la región Caribe y permitiría reducir la exposición de los productores a los problemas de disponibilidad de agua que enfrenta el arroz.
La cifra de una rentabilidad superior al 24 % también debe entenderse como una estimación planteada por el ministro y no como una tasa garantizada para cualquier productor. La rentabilidad de un cultivo depende, entre otros factores, de los costos de establecimiento, productividad, precios, comercialización, infraestructura y tiempo necesario para obtener cosechas.
La controversia tiene una segunda dimensión: la seguridad alimentaria. El arroz es uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana y el país mantiene una producción interna importante. En 2025 se produjeron alrededor de 1,87 millones de toneladas de arroz blanco, de acuerdo con cifras citadas en el debate sectorial.
Por eso, la discusión no se limita a determinar qué cultivo puede resultar más rentable para un productor determinado. También plantea qué papel debe desempeñar el Estado frente a un producto estratégico para el abastecimiento interno y cómo debe responder ante una crisis de rentabilidad.
El expresidente Gustavo Petro entró en la controversia y cuestionó públicamente la recomendación de Dangond. Petro defendió la producción nacional y sostuvo que Colombia debería avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.
“Esto que dice el ministro de Agricultura sobre dejar de cultivar arroz es miserable con el pueblo de Colombia”, escribió Petro, quien además planteó una denominada “ruta del arroz” basada en cooperativas de productores, crédito, tecnología, infraestructura y medidas de protección para el sector.
Desde el Tolima también surgieron reparos. Productores consultados por Caracol Radio señalaron que el sector atraviesa dificultades económicas y reclamaron mayor claridad en las políticas del Gobierno frente al futuro del cultivo. En ese departamento hay cerca de 4.870 productores distribuidos en 11 municipios, según cifras de la Gobernación citadas por la emisora.
Los productores también enfrentan una presión comercial adicional. El arroz procedente de Estados Unidos tiene un arancel que continúa disminuyendo como consecuencia del tratado de libre comercio y llegará a cero en 2030. Para 2026, Fedearroz reportó el ingreso de 106.000 toneladas de arroz estadounidense adquiridas mediante subastas.
A esto se suma la apreciación del peso colombiano, que puede abaratar las importaciones, y unos precios internacionales bajos. Para Fedearroz, el desafío consiste en reducir costos y mejorar productividad para que la producción nacional pueda competir en esas condiciones.
La tensión entre el Gobierno y Fedearroz se había intensificado incluso antes de la polémica por el marañón. El 2 de octubre, Dangond anunció una revisión “rigurosa, con enfoque forense” sobre la ejecución, destinación e impacto de los recursos parafiscales administrados por el sector.
Según la carta enviada por el ministro a la junta directiva de Fedearroz, durante los últimos 15 años las subastas de importación de arroz procedente de Estados Unidos habrían generado cerca de $292.867 millones, mientras que el recaudo de la cuota parafiscal habría superado los $259.000 millones.
En conjunto, el Ministerio puso sobre la mesa una cifra superior a los $552.000 millones y cuestionó que, pese a esos recursos, los productores continúen enfrentando altos costos de producción, baja productividad, infraestructura insuficiente y riesgos climáticos y de precios.
La revisión anunciada por el Gobierno no equivale por sí misma a una conclusión de irregularidades. El propio Dangond señaló que, si durante el proceso aparecen situaciones que ameriten actuaciones adicionales, estas serían puestas en conocimiento de las autoridades competentes.
Fedearroz respondió que está dispuesta a que las autoridades realicen las revisiones que consideren necesarias. El gremio sostuvo que durante sus 80 años ha administrado los recursos bajo criterios de transparencia, responsabilidad y rigor.
La Federación también recordó que esos recursos han sido objeto de controles estatales. Según su posición, la Contraloría realiza auditorías sobre su inversión y la Procuraduría ha efectuado revisiones cuando lo ha considerado pertinente.
La discusión, por tanto, tiene dos frentes que terminaron cruzándose: por un lado, qué hacer con un cultivo que enfrenta problemas de costos, clima, comercialización e importaciones; por otro, qué resultados han producido durante años los recursos destinados precisamente a fortalecer esa actividad.
Para los agricultores, la alternativa no necesariamente pasa por escoger entre arroz y marañón como si se tratara de cultivos intercambiables. Una reconversión agrícola implica evaluar las características del suelo, disponibilidad de agua, infraestructura, mercados, financiación y los tiempos de producción antes de que un productor pueda recuperar su inversión.
En el caso del marañón, además, la promesa de una rentabilidad superior al 24 % requiere ser contrastada con datos técnicos y económicos que permitan determinar en qué zonas, bajo qué condiciones y en qué horizonte de tiempo puede alcanzarse ese resultado.
La crisis también expone una paradoja para la política agrícola: mientras el Gobierno busca que los productores sean más competitivos y reduzcan su exposición a los riesgos climáticos y de mercado, los agricultores reclaman medidas que les permitan sostener cultivos que ya cuentan con cadenas productivas, infraestructura y demanda nacional.
La frase de Dangond terminó convirtiéndose así en el símbolo de una discusión mucho más amplia. No se trata únicamente de si un campesino debe sembrar arroz o marañón, sino de qué modelo productivo pretende impulsar el Gobierno y qué responsabilidades tienen el Estado y los gremios frente a una actividad de la que dependen cientos de miles de familias.
Por ahora, el Gobierno mantiene sobre la mesa su revisión de los recursos parafiscales, mientras los productores esperan respuestas frente a los precios, las deudas, el clima y la comercialización. La controversia por el marañón, en lugar de cerrar ese debate, lo amplió hacia una pregunta de fondo: si el problema es que producir arroz dejó de ser rentable, ¿la solución es abandonar el cultivo o modificar las condiciones que determinan su rentabilidad?
