El partido Comunes, surgido de la transformación política de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), perdió su personería jurídica tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que el 7 de octubre de 2026 oficializó la medida por el incumplimiento de los requisitos electorales para conservar ese reconocimiento. La determinación abrió interrogantes sobre el futuro de la colectividad y su capacidad para mantener la participación política de sus integrantes.
La decisión se produjo después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que Comunes no consiguió representación en el Congreso para el periodo 2026-2030. La organización había participado en una coalición con Fuerza Ciudadana, el movimiento liderado por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, pero la votación conjunta no fue suficiente para conservar la personería jurídica.
Según la información divulgada sobre la decisión del CNE, la coalición obtuvo una votación inferior al umbral del 3 % exigido para mantener el reconocimiento legal bajo las reglas ordinarias. El organismo electoral estableció que la colectividad no acreditó los requisitos constitucionales de representatividad aplicables después de las elecciones.
La medida marcó un cambio en las condiciones de participación política de una organización que había contado con representación garantizada en el Legislativo durante ocho años. Sin embargo, la pérdida de personería jurídica no significa que sus integrantes pierdan automáticamente sus derechos políticos ni que desaparezcan las obligaciones estatales derivadas del Acuerdo de Paz.
Comunes nació del proceso de reincorporación política de los antiguos integrantes de las FARC, tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre esa guerrilla y el Estado colombiano, en noviembre de 2016. La transformación de la organización armada en un partido político fue uno de los componentes del pacto que buscaba trasladar la confrontación al escenario democrático.
La colectividad se constituyó formalmente en 2017 bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con las mismas siglas de la antigua guerrilla. En 2021 adoptó el nombre Comunes, en un intento de distanciar su identidad partidista de la denominación de la organización armada y consolidar su presencia dentro del sistema político colombiano.
Como parte de las garantías pactadas, el partido tuvo cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes durante los periodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026. Esa representación no dependió exclusivamente de los votos obtenidos, sino de un régimen transitorio previsto en el Acuerdo de Paz y desarrollado mediante reformas constitucionales.
La garantía de las diez curules terminó en julio de 2026. A partir de ese momento, Comunes quedó sujeto a las condiciones ordinarias para conservar su reconocimiento electoral, entre ellas las relacionadas con el umbral de votación y la representatividad en el Congreso. Las elecciones de marzo fueron, por tanto, una prueba decisiva para la continuidad jurídica de la organización.
El resultado mostró las dificultades de la colectividad para convertir su presencia institucional en respaldo electoral. La lista que integró con Fuerza Ciudadana no alcanzó la votación requerida y tampoco obtuvo escaños en el Congreso. La pérdida de representación dejó al partido sin una bancada propia para el nuevo periodo legislativo.
La resolución del CNE se apoyó en el artículo 108 de la Constitución, que establece las condiciones para obtener y conservar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. La regla general exige alcanzar al menos el 3 % de los votos válidos emitidos a escala nacional en las elecciones al Senado o a la Cámara, con excepciones previstas para determinados regímenes electorales especiales.
En el caso de Comunes, la votación necesaria para superar el umbral se situó en aproximadamente 584.362 votos, de acuerdo con las cifras divulgadas sobre la decisión electoral. La colectividad no consiguió acreditar ese requisito tras los comicios, razón por la cual el organismo concluyó que no podía mantener su reconocimiento bajo las condiciones aplicables.
La pérdida de personería jurídica tiene consecuencias que van más allá del nombre o la inscripción de la organización en el registro electoral. Comunes deja de contar con las prerrogativas asociadas a esa condición, entre ellas la posibilidad de otorgar avales directamente a candidatos y el acceso a los mecanismos de financiación estatal previstos para los partidos reconocidos legalmente.
La decisión también modifica las posibilidades de participación de sus dirigentes en las elecciones territoriales previstas para octubre de 2027. Sin personería jurídica propia, la colectividad no podrá presentar candidatos mediante sus propios avales partidistas, por lo que deberá estudiar otras alternativas legales para mantener presencia en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas departamentales.
Una de esas alternativas consiste en construir alianzas con organizaciones políticas que conserven su personería jurídica. Ese camino permitiría a integrantes de Comunes participar en listas de otros partidos, siempre que se cumplan los requisitos legales y los acuerdos electorales correspondientes. No obstante, la posibilidad de establecer esas alianzas dependerá de las negociaciones políticas y de la disposición de otras colectividades a respaldar sus candidaturas.
Otra opción sería explorar mecanismos de inscripción por firmas mediante grupos significativos de ciudadanos, una figura contemplada en la legislación colombiana. Esa vía exige cumplir los procedimientos, requisitos y plazos electorales correspondientes, por lo que no constituye una recuperación automática de la personería jurídica perdida.
También existe la posibilidad de mantener una estructura de coordinación política y social centrada en la implementación del Acuerdo de Paz, la reincorporación y la representación de los antiguos combatientes. Sin embargo, conservar esa actividad no equivale a contar con reconocimiento como partido ni garantiza recursos públicos o participación electoral directa.
La colectividad todavía tiene que definir cómo responderá institucionalmente a la decisión y qué estrategia adoptará para las próximas elecciones. La información divulgada sobre el caso señala que contra la resolución procede un recurso de reposición ante el propio CNE, dentro del plazo legal correspondiente. La presentación y el resultado de ese eventual recurso deben verificarse antes de afirmar que existe una impugnación en curso o que la decisión ya es jurídicamente inmodificable.
El margen de maniobra también dependerá de la capacidad de sus dirigentes para mantener la cohesión interna. La pérdida de reconocimiento electoral puede profundizar las diferencias sobre el rumbo del partido, las alianzas que debería establecer y la conveniencia de concentrar sus esfuerzos en la participación institucional o en el trabajo político y social de base.
El desafío no se limita a encontrar una nueva plataforma electoral. Comunes deberá explicar las razones de su escaso respaldo en las urnas y evaluar por qué la representación garantizada durante dos periodos legislativos no se tradujo en una votación suficiente para competir bajo las reglas ordinarias. Ese balance será relevante para determinar si la organización puede reconstruir una base electoral más amplia.
El resultado de marzo también plantea preguntas sobre la relación entre la reincorporación política y la competencia democrática. El Acuerdo de Paz permitió que los antiguos integrantes de las FARC ingresaran al Congreso mediante garantías transitorias, pero el fin de esas condiciones dejó a la colectividad ante la necesidad de demostrar su capacidad de representación en las urnas.
La pérdida de personería jurídica de Comunes no supone, por sí misma, el fin del Acuerdo de Paz ni elimina las obligaciones estatales relacionadas con la reincorporación. Son asuntos distintos: uno se refiere a la situación jurídica de un partido político y el otro comprende compromisos más amplios sobre la implementación del pacto, la seguridad de los firmantes y su integración a la vida civil.
Por eso, el impacto de la decisión debe examinarse en dos planos. En el electoral, Comunes pierde las herramientas institucionales que le permitían competir con reconocimiento propio y financiarse conforme a las reglas aplicables. En el político y social, sus integrantes todavía pueden organizarse y participar en los espacios permitidos por la ley, aunque tendrán que buscar mecanismos diferentes para hacerlo.
La decisión también obliga a revisar las expectativas que acompañaron la transformación de las antiguas FARC en partido político. La participación institucional fue uno de los compromisos centrales del acuerdo, pero su continuidad dependía, una vez terminadas las curules garantizadas, de las condiciones constitucionales y de la capacidad de la organización para obtener respaldo electoral.
De cara a 2027, las alianzas con otros partidos y la inscripción de candidaturas mediante mecanismos ciudadanos aparecen como alternativas posibles, no como decisiones confirmadas de la colectividad. Su viabilidad dependerá de los requisitos legales, los acuerdos políticos que se alcancen y la estrategia que adopten sus dirigentes en los próximos meses.
El futuro de Comunes estará marcado, en consecuencia, por dos desafíos: encontrar una vía para mantener su participación electoral y reconstruir una base de apoyo que le permita competir sin las garantías que acompañaron su ingreso al sistema político. La pérdida de personería jurídica cierra una etapa institucional, pero no determina por sí sola si sus integrantes lograrán mantener una presencia política organizada en Colombia.
