La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que podría reconsiderar su decisión de cerrar el examen preliminar sobre Colombia si se presentan cambios significativos en las condiciones que permitieron confiar en la actuación de la justicia nacional. La advertencia se produce en medio de las discusiones sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la posibilidad de que el país se retire del Estatuto de Roma.
La posición fue expuesta por la Fiscalía de la CPI y divulgada por El País el 7 de octubre de 2026. El organismo internacional aclaró que un cambio fundamental de las circunstancias podría llevarlo a revisar su evaluación, aunque no anunció la apertura de una nueva investigación contra Colombia.
El examen preliminar sobre el país fue cerrado en 2021, después de que la Fiscalía concluyera que las autoridades nacionales, especialmente la JEP, estaban actuando de manera genuina para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
La evaluación había comenzado en junio de 2004 y se extendió durante 17 años. Durante ese periodo, la CPI analizó la respuesta de las instituciones colombianas frente a posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y otros delitos comprendidos en su competencia.
El cierre no significó que la Corte perdiera toda posibilidad de intervenir en el futuro. La decisión estuvo acompañada de un acuerdo de cooperación con Colombia y de la expectativa de que los mecanismos nacionales continuaran avanzando en la rendición de cuentas por los crímenes del conflicto.
La Fiscalía consideró entonces que la justicia colombiana había realizado avances importantes, aunque persistían asuntos pendientes relacionados con ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, secuestros y reclutamiento de menores de edad.
La advertencia actual se refiere a la posibilidad de que esas condiciones cambien de manera sustancial. Entre los escenarios que podrían motivar una revisión están los obstáculos que impidan el avance de los procesos judiciales o las medidas que afecten el funcionamiento de la JEP y la aplicación de sus sanciones.
También podrían ser relevantes las decisiones que suspendan o modifiquen de manera sustancial el sistema de justicia transicional establecido a partir del Acuerdo de Paz firmado en 2016. La evaluación dependería de las circunstancias concretas y de su impacto sobre la capacidad y la voluntad del Estado de investigar y sancionar los crímenes.
La advertencia coincide con el debate político sobre una eventual salida de Colombia del Estatuto de Roma, tratado que creó la CPI. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha planteado esa posibilidad, mientras en el Congreso se discuten recortes presupuestales que afectarían a la Jurisdicción Especial para la Paz.
La discusión presupuestal ha generado inquietudes sobre la capacidad operativa de la JEP para cumplir sus funciones. Sin embargo, un recorte de recursos no implica automáticamente que la CPI vaya a reabrir el examen: el punto central sería establecer si las decisiones adoptadas comprometen de manera significativa la investigación y el juzgamiento de los crímenes más graves.
La eventual salida del Estatuto de Roma tampoco produciría efectos inmediatos. De acuerdo con las reglas del tratado, el retiro solo entra en vigor un año después de que el Estado presente formalmente la notificación correspondiente.
Además, la denuncia del tratado no elimina las obligaciones que Colombia adquirió mientras estuvo vinculada. Tampoco afecta automáticamente los asuntos que ya estén siendo considerados por la Corte ni las actuaciones iniciadas antes de que el retiro produzca efectos.
Colombia está vinculada al Estatuto de Roma desde 2002. La competencia de la CPI sobre crímenes de guerra cometidos en el país comenzó a operar el 1 de noviembre de 2009, mientras que su jurisdicción sobre otros crímenes contemplados en el tratado se remonta al 1 de noviembre de 2002.
El acuerdo de cooperación entre la Fiscalía de la CPI y Colombia estableció compromisos para mantener informado al organismo sobre los avances de la justicia transicional, facilitar el acceso a documentos pertinentes y respaldar el trabajo de las jurisdicciones nacionales.
Esos compromisos abarcan no solo a la JEP, sino también a la justicia ordinaria y a los mecanismos de Justicia y Paz. El Estado debe preservar el marco jurídico e institucional necesario para que esas instancias desarrollen sus funciones sin interferencias indebidas.
La advertencia internacional sitúa a la JEP en el centro de la discusión. Creada por el Acuerdo de Paz de 2016, esta jurisdicción tiene la responsabilidad de investigar y juzgar los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado y de imponer sanciones dentro del sistema transicional.
En este modelo, las sanciones propias pueden incluir restricciones efectivas de derechos y trabajos o actividades restaurativas, bajo las condiciones fijadas por la jurisdicción. Su aplicación y cumplimiento forman parte de los elementos que permiten evaluar si el sistema ofrece una respuesta judicial efectiva.
La CPI ha mantenido contactos con las autoridades judiciales colombianas después del cierre del examen preliminar. Durante 2026, representantes de la Fiscalía visitaron el país en febrero y mayo y se reunieron con magistrados de la JEP, además de participar en actividades relacionadas con asuntos como violencia basada en género, reclutamiento de menores y crímenes de guerra.
La delegación que visitó Colombia en mayo estuvo encabezada por la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan. Estos encuentros forman parte de la cooperación entre el organismo internacional y las instituciones nacionales, en un contexto en el que la continuidad de los avances judiciales sigue siendo relevante para la evaluación de la CPI.
Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, anunció que informaría a organismos internacionales sobre iniciativas gubernamentales que, a su juicio, podrían afectar el funcionamiento del tribunal. Entre las instancias mencionadas están el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la CPI.
La advertencia de la Corte no equivale a una condena contra Colombia ni supone que exista actualmente una nueva investigación abierta por los hechos examinados durante el examen preliminar. Se trata de una señal de que el cierre de 2021 depende de que se mantengan las condiciones que permitieron a la Fiscalía confiar en la actuación de la justicia nacional.
El escenario plantea una tensión entre las decisiones políticas internas y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado. Aunque el Gobierno puede debatir cambios institucionales y la eventual denuncia de tratados, esas decisiones no borran las obligaciones vigentes ni impiden que la CPI evalúe si los mecanismos nacionales siguen funcionando de manera genuina.
La cuestión central será determinar si las medidas que adopte el Gobierno afectan de forma sustancial la capacidad de investigar y sancionar los crímenes más graves. Si la Fiscalía concluyera que hubo un cambio significativo en las circunstancias que justificaron el cierre, podría reconsiderar su evaluación, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Corte.
Por ahora, la CPI mantiene la cooperación con Colombia y espera que continúen los avances en materia de justicia y rendición de cuentas. La advertencia pone el foco en el funcionamiento de la JEP, la continuidad del marco de justicia transicional y las consecuencias que podrían tener las decisiones presupuestales o institucionales sobre los derechos de las víctimas.
Fuente principal: El País, 7 de octubre de 2026. Leer el artículo original.
