El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a 125 colombianos y entidades de sus listas de sanciones en una actualización publicada el 5 de octubre de 2026. Entre los registros eliminados aparecen decenas de colombianos y empresas nacionales que habían sido señalados anteriormente por las autoridades estadounidenses.
La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo encargado de administrar las sanciones económicas estadounidenses. La entidad explicó que la actualización hace parte de un proceso de modernización destinado a mantener sus registros alineados con las prioridades actuales de seguridad nacional, política exterior y economía.
Según la información publicada por medios colombianos, la depuración incluyó más de 60 personas y compañías del país. Las cifras varían entre los reportes periodísticos, pues los registros oficiales pueden contener varios nombres, alias y denominaciones anteriores correspondientes a una misma persona o entidad.
Entre los nombres que salieron aparece Luis Antonio Hernández Zea, conocido como alias «El Capitán», relacionado durante años por las autoridades estadounidenses con empresas de los sectores aeronáutico y turístico. La actualización también comprendió sociedades vinculadas a esa estructura empresarial, entre ellas Aerovías Atlántico e Intercontinental de Financiación Aérea.
Otro nombre destacado es el de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias «Gordo Lindo», identificado en investigaciones judiciales como integrante de estructuras del narcotráfico. Fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena, y regresó posteriormente a Colombia. Su retiro de la lista de sanciones no elimina los antecedentes judiciales relacionados con su trayectoria.
La actualización también incluyó a Ramón Alberto Quintero Sanclemente, conocido como «Don Tomás», «El Ingeniero» y «Lucas». Su nombre había figurado en los registros estadounidenses relacionados con actividades de narcotráfico. La eliminación de su registro administrativo debe diferenciarse de las decisiones judiciales que puedan existir en su contra.
En la relación de personas retiradas también aparecen Jhon Eidelber Cano Correa, identificado como Jhonny Cano; Pedro Antonio Bermúdez Suaza, conocido como «El Arquitecto»; y Francisco Antonio Flórez Úpegui, alias «Don Pacho». Sus nombres forman parte de una lista que reúne personas registradas en distintos momentos por las autoridades estadounidenses.
La depuración comprende asimismo a Piedad Vélez Rengifo, Melba Rosa Arce Jaramillo, Carlos Antonio López Ospina, Natalia Andrea Vásquez Valencia y María del Carmen Suaza Barco, entre otros nombres. La inclusión de estas personas en la relación de retirados no permite atribuirles automáticamente una condena penal: la designación administrativa y la responsabilidad judicial son asuntos diferentes.
En la lista también figuran Doris Patricia Sánchez Rivera, María Marcela del Pilar Pérez Montero, Martha Marina Múnera Velásquez, Nora Mejía Arteaga, Jorge Alberto Hernández Mejía y Gloria Amparo Durán Porras. Otros nombres publicados son Mario Alberto Henao Jaramillo, Cecilia Madrid Franco, Ramón Alberto Cañas Pulido y Carlos Enrique González Hoyos.
La relación divulgada por la prensa incluye además a Fernando Varela Bustos, Chekri Mahmoud Harb, Robinson Duván Acosta Serna, Óscar Alonso Acosta Serna, Jorge Enrique Rincón Ordóñez, Servio Tulio Tascón Rojas y Rodrigo Eugenio Saavedra Arce. También aparecen Duffay Gutiérrez Aguirre, Yanet Cifuentes Vargas, Orlando Cifuentes Vargas, Carlos Manuel Ramírez Duque y Mónica María Castro Jaramillo.
Entre las personas retiradas también se encuentra Ali Ahmad Kaddoura, cuyo registro debe examinarse por separado al verificar nacionalidad y vínculos con Colombia. La nacionalidad no puede inferirse únicamente por la aparición de un nombre en una noticia sobre la depuración de registros relacionados con el país.
En el ámbito empresarial, la medida abarcó a Taxi Aéreo Antioqueño (TAN), una compañía que aparece entre las sociedades mencionadas en investigaciones y registros históricos relacionados con redes señaladas por narcotráfico. También fueron retiradas Agroganadera Los Santos, Grupo Falcón y Sociedad Superdeportes.
La lista incluye a Llanotour, también identificada como Hostería Llanogrande, así como a Flórez Hermanos, conocida como Hostería Las Dos Palmas. Ambas sociedades forman parte del conjunto de empresas colombianas que fueron eliminadas de los registros de sanciones en esta actualización.
Otras compañías retiradas son Aerocomercial Alas de Colombia, Accirent, Asociación Turística Internacional, Desarrollos Agroindustriales, Green Island e Inversiones y Comercializadora Incom. La relación divulgada por Infobae también menciona a Cano Agudelo, Hierros de Jerusalem, Agroespinal y Franzul.
En el sector comercial aparecen Variedades Harb Sport, Almacén Futuro No. 1, Canales Venecia, Univisa y Restaurante Bar Punta del Este. También fueron incluidas Constructora Guadalest, Ases de Competencia, Serviagrícola Cifuentes, Saavedra y Compañía, Bosque de Santa Teresita y Alimentos Cárnicos de Tradición Española, conocida como Alicante.
La relación empresarial se completa con Comercializadora de Ganado y Rentas de Capital, también identificada como Ganareca, y con otras sociedades que figuran bajo nombres alternativos en los registros publicados. Estas denominaciones deben cotejarse con la base oficial para distinguir empresas independientes de razones sociales anteriores o alias corporativos.
La OFAC explicó que su revisión incluyó personas fallecidas, compañías desaparecidas y registros que no contaban con información suficiente para permitir una verificación de identidad adecuada. Según el Departamento del Tesoro, los datos incompletos pueden generar coincidencias erróneas en los controles que aplican bancos y empresas para cumplir las sanciones.
La decisión, por tanto, no significa que todos los retirados hayan sido declarados inocentes por tribunales estadounidenses o colombianos. Tampoco constituye una certificación de que no existieron investigaciones. La exclusión de una lista administrativa modifica el estado del registro de sanciones, pero no reemplaza las decisiones de los jueces ni borra automáticamente los antecedentes penales.
Mientras se anunciaba la salida de estos nombres, otros cuatro colombianos permanecieron en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Se trata del expresidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su exesposa Verónica Alcocer y Armando Benedetti, quien ocupó el Ministerio del Interior.
Los cuatro fueron incluidos por el Departamento del Tesoro el 24 de octubre de 2025 bajo el programa estadounidense «Illicit Drugs», asociado a la Orden Ejecutiva 14059. La actualización de octubre de 2026 no los retiró, por lo que sus registros continuaban activos en la base de datos de la OFAC.
La ficha de Gustavo Francisco Petro Urrego identifica su nacionalidad colombiana y registra su inclusión en ese programa de sanciones. En el caso de Armando Alberto Benedetti Villaneda, la base también consigna su nacionalidad colombiana y una referencia que lo vincula administrativamente con Petro.
Los registros de Verónica del Socorro Alcocer García y Nicolás Fernando Petro Burgos también aparecen bajo el mismo programa. Las fichas oficiales identifican a Alcocer como colombiana y consignan a Nicolás Petro como ciudadano colombiano; ambas incluyen referencias que los relacionan con Gustavo Petro.
La permanencia de estas cuatro personas en la lista no debe confundirse con una sentencia penal estadounidense por narcotráfico. La designación de la OFAC es una medida administrativa con consecuencias económicas y financieras, y sus fundamentos deben describirse según la información oficial disponible, sin convertir las sanciones en una condena judicial.
En términos prácticos, la inclusión en la lista SDN puede implicar el bloqueo de bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones para que personas y empresas estadounidenses realicen transacciones con los designados, salvo las excepciones o autorizaciones aplicables. El alcance específico depende del programa bajo el cual figure cada registro.
La diferencia entre quienes salieron y quienes permanecen está en el estado de sus registros ante la autoridad estadounidense. En un caso, la OFAC eliminó nombres como parte de una revisión general; en el otro, mantuvo vigentes las designaciones de Petro, Benedetti, Nicolás Petro y Alcocer, que habían sido anunciadas en 2025.
La actualización deja abierta la necesidad de examinar individualmente los antecedentes de las personas y empresas retiradas, así como las razones específicas de cada designación original. Para establecer el alcance jurídico de la medida, la referencia principal sigue siendo la documentación oficial de la OFAC y, cuando corresponda, las decisiones judiciales de Colombia y Estados Unidos.
