Estados Unidos se prepara para ejecutar a Nidal Malik Hasan, el exmayor y psiquiatra del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood, Texas, en 2009. La ejecución fue programada para el 3 de diciembre de 2026 mediante un pelotón de fusilamiento, un procedimiento que no se utiliza en una ejecución militar estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.
La decisión adquirió una dimensión adicional después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciara que el Gobierno contemplaba transmitir la ejecución en directo. La propuesta provocó críticas de dirigentes políticos, organizaciones de derechos humanos y representantes religiosos, que cuestionaron la posibilidad de convertir el cumplimiento de una sentencia de muerte en un espectáculo público.
Hasan tiene 56 años y permanece en el corredor de la muerte militar en Fort Leavenworth, Kansas. La fecha anunciada por el Ejército es el 3 de diciembre, a la 1 de la tarde, hora central, en Fort Hood, la misma instalación militar donde ocurrió el ataque que dejó 13 muertos y 32 heridos.
El 5 de noviembre de 2009, Hasan abrió fuego en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados de Fort Hood. Doce de las 13 personas asesinadas eran militares; entre las 32 personas heridas también había integrantes de las Fuerzas Armadas. El ataque se convirtió en uno de los episodios más mortíferos ocurridos dentro de una instalación militar estadounidense.
Hasan nació en Estados Unidos, en una familia de origen palestino, y se formó como médico especializado en psiquiatría. Ingresó al Ejército y trabajó en la atención de militares, incluidos algunos que habían regresado de zonas de combate. Su formación profesional y su posición dentro de la institución hicieron que el ataque generara preguntas sobre las señales de alerta que pudieron existir antes de la masacre.
Durante el tiroteo, Hasan gritó «Allahu akbar», expresión árabe que significa «Dios es el más grande». En el juicio manifestó su oposición a las operaciones militares estadounidenses en países musulmanes y sostuvo que había actuado para detener lo que consideraba una guerra contra el islam. Estos elementos formaron parte del contexto ideológico examinado durante el proceso judicial.
Las autoridades también presentaron durante el proceso información sobre sus contactos en internet con Anwar al-Awlaki, un clérigo radical vinculado con Al Qaeda que posteriormente murió en un ataque estadounidense con drones en Yemen. La existencia de esos contactos fue parte de los antecedentes examinados en el caso, aunque la condena se sustentó en los delitos imputados ante la justicia militar.
El consejo de guerra declaró culpable a Hasan el 23 de agosto de 2013. El veredicto incluyó 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado. Cinco días después, el jurado militar determinó que la pena debía ser la muerte.
Durante el juicio, Hasan decidió representarse a sí mismo. No presentó una defensa convencional para evitar la condena capital y no llamó testigos ni declaró en su propio favor. Abogados designados por el tribunal expresaron preocupación porque consideraban que el acusado podía estar buscando que lo ejecutaran.
El caso continuó por las instancias de revisión previstas en el sistema militar estadounidense. El 31 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de revisar la condena. La decisión dejó en pie la sentencia después de un prolongado proceso de apelaciones.
El siguiente paso llegó en octubre de 2026. El presidente Donald Trump aprobó la pena de muerte el día 2 y, el 6 de octubre, el secretario interino del Ejército, Adam Telle, ordenó que la ejecución se realizara el 3 de diciembre en Fort Hood. El anuncio oficial señaló que la decisión se adoptó después de concluir el proceso de apelaciones.
La autorización presidencial es necesaria para ejecutar una condena capital dentro de la justicia militar estadounidense. La normativa del Ejército establece que la fecha debe fijarse entre 60 y 150 días después de la aprobación presidencial de la sentencia. En este caso, el calendario oficial sitúa la ejecución dentro de ese plazo.
El método elegido es el pelotón de fusilamiento. Aunque está previsto para esta ejecución, los detalles operativos no se han divulgado por completo. El Pentágono tampoco había aclarado públicamente cómo seleccionaría a los tiradores, qué protocolo específico utilizaría o si familiares de las víctimas serían invitados a presenciar el procedimiento.
La elección del fusilamiento tiene una relevancia histórica. La última ejecución militar estadounidense fue la de John A. Bennett, ahorcado el 13 de abril de 1961 en Fort Leavenworth. Bennett había sido condenado por violación e intento de asesinato. Si la ejecución de Hasan se cumple en la fecha anunciada, habrán transcurrido más de 65 años desde la última ejecución de un integrante de las Fuerzas Armadas bajo jurisdicción militar.
El antecedente más cercano de un fusilamiento militar estadounidense se remonta a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la ejecución de Hasan sería la primera de ese tipo en más de ocho décadas. La diferencia entre ambos antecedentes es importante: 1961 marca la última ejecución militar por cualquier método, mientras que 1945 corresponde al último fusilamiento militar registrado.
La polémica más reciente no se centra únicamente en la pena de muerte, sino en la posibilidad de mostrarla en directo. Hegseth defendió que el público pudiera observar el procedimiento y afirmó que las personas debían comprender que existen consecuencias graves por actos como el de Fort Hood. Un funcionario del Pentágono confirmó inicialmente que se preparaba una transmisión.
Sin embargo, al 12 de octubre la transmisión no estaba confirmada definitivamente. Trump dijo que aún debía tomar una decisión sobre ese punto, mientras que el vicepresidente JD Vance manifestó dudas de que el plan llegara a concretarse y aseguró que no vería la ejecución si era transmitida. La fecha y el método de ejecución están anunciados oficialmente; la difusión pública sigue siendo una cuestión abierta.
La propuesta recibió críticas de integrantes del propio Partido Republicano. El senador Thom Tillis y otros legisladores sostuvieron que transmitir una ejecución sería inaceptable, incluso para quienes consideran que Hasan merece la pena capital. El senador John Curtis advirtió que convertir las ejecuciones en entretenimiento puede erosionar los principios de una sociedad democrática.
Las objeciones también llegaron desde sectores religiosos. Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, calificó la iniciativa como una promoción de la «cultura de la muerte». Walter Kim, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, advirtió que la transmisión podría transformar una de las responsabilidades más graves del Estado en un espectáculo público.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también cuestionó la propuesta. Una portavoz señaló que las ejecuciones públicas constituyen un trato cruel, inhumano o degradante y que su transmisión en directo plantearía graves problemas de derechos humanos. Amnistía Internacional, por su parte, calificó el fusilamiento como un método reprobable y sostuvo que difundirlo públicamente agravaría la crueldad del castigo.
Otro argumento contra la transmisión es el posible uso propagandístico de las imágenes. Joe Kent, quien renunció a su cargo como director del Centro Nacional de Contraterrorismo durante la administración Trump, afirmó que la difusión podría ofrecer material a organizaciones extremistas para promover sus narrativas y reclutar seguidores. La preocupación se relaciona con el uso que grupos terroristas han hecho de videos de ejecuciones para intimidar y difundir propaganda.
También existe una discusión sobre el acceso de menores de edad a imágenes violentas. Especialistas en salud mental han advertido que la difusión de una ejecución podría resultar traumática para niños y adolescentes. Al mismo tiempo, las plataformas digitales mantienen reglas distintas sobre la transmisión de violencia gráfica: TikTok señaló que sus políticas prohíben contenidos que muestren el momento en que una persona recibe un disparo, mientras que otras empresas no habían aclarado cómo actuarían ante una transmisión oficial de este tipo.
El marco jurídico añade otra dificultad. La legislación federal estadounidense prohíbe grabar o transmitir ejecuciones en el sistema penitenciario federal, pero las normas militares no contemplan la misma prohibición en esos términos. Esa diferencia explica parte del debate legal, aunque no resuelve por sí sola si la transmisión propuesta puede realizarse ni bajo qué condiciones.
La ejecución también podría aplazarse si Hasan presenta nuevos recursos ante tribunales federales civiles. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte recordó que el condenado conserva la posibilidad de solicitar revisión judicial mediante mecanismos como una petición de habeas corpus. Por eso, la fecha anunciada por el Ejército no equivale a una garantía de que el procedimiento se cumplirá ese día.
La controversia se produce en un país que mantiene la pena capital en determinadas jurisdicciones y que ha registrado un renovado debate sobre los métodos de ejecución. El fusilamiento continúa siendo excepcional: su utilización en el caso Hasan lo convertiría en el primer militar ejecutado de esa forma desde la Segunda Guerra Mundial. La posible transmisión, por su parte, abriría un precedente inédito para una ejecución oficial estadounidense difundida en directo por internet.
La masacre de Fort Hood dejó 13 víctimas mortales y decenas de personas heridas, además de secuelas para sus familias y compañeros. La ejecución de Hasan representa para el Estado el cumplimiento de una condena dictada por esos crímenes. Pero la discusión sobre mostrarla públicamente ha abierto un debate distinto: si la aplicación de la pena capital debe mantenerse como un procedimiento reservado o convertirse en una demostración pública de castigo.
Si la ejecución se cumple el 3 de diciembre, Estados Unidos realizará su primera ejecución militar desde 1961 y su primer fusilamiento militar desde 1945. La fecha, el lugar y el método ya fueron anunciados por el Ejército. La transmisión en directo, en cambio, continúa bajo discusión, en medio de críticas políticas, religiosas y de derechos humanos que cuestionan si mostrar la muerte de un condenado contribuye a la justicia o transforma el castigo estatal en espectáculo.
