Un carro bomba destruyó el peaje de El Bordo, también conocido como El Mango, en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, durante la madrugada del lunes 12 de octubre de 2026. La explosión afectó la infraestructura de la estación y provocó la interrupción de la circulación en uno de los corredores que conecta el suroccidente colombiano.
El hecho ocurrió en el tramo Mojarras–Popayán, en jurisdicción del municipio de La Sierra, cerca del corredor que comunica a Popayán con el sur del departamento. La carretera es utilizada para el transporte de pasajeros, mercancías y productos agrícolas, además de la movilidad cotidiana de las comunidades de la región.
Los primeros reportes periodísticos informaron que al menos tres civiles resultaron heridos. Horas después, el Ministerio de Transporte precisó que cinco trabajadores habían sufrido lesiones. Las cifras corresponden a reportes divulgados en distintos momentos de la jornada, por lo que deben distinguirse según la fuente y el balance consultado.
De acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades, hombres armados intimidaron al personal de seguridad y activaron un artefacto explosivo en el sector del peaje. La detonación ocasionó daños considerables en las instalaciones y afectó la operación de la estación.
El Ejército Nacional atribuyó preliminarmente el ataque a integrantes de la estructura Carlos Patiño, una facción disidente de las antiguas Farc. En los reportes militares también se señaló que esta organización estaría bajo el mando de Iván Mordisco. La atribución corresponde a la hipótesis inicial de las autoridades y no equivale, por sí sola, a una determinación judicial de responsabilidad.
La magnitud de los daños obligó a cerrar temporalmente la vía Panamericana mientras las unidades de seguridad inspeccionaban el área. El objetivo era descartar la presencia de otros artefactos explosivos y establecer condiciones que permitieran reabrir el tránsito sin exponer a conductores, pasajeros y trabajadores.
En inmediaciones del peaje, las autoridades reportaron el hallazgo de un cilindro a unos 500 metros del lugar de la explosión. El Ministerio de Transporte indicó que la situación estaba siendo verificada por unidades del Ejército, en medio de las labores de inspección y aseguramiento del corredor vial.
El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el atentado mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. “Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca”, escribió el mandatario el 12 de octubre.
En su pronunciamiento, el presidente señaló que la explosión había obligado a cerrar el paso mientras las autoridades aseguraban la zona. También sostuvo que los ataques contra la infraestructura perjudican a la población civil y a quienes dependen de la carretera para movilizarse y transportar mercancías.
“Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia”, afirmó De la Espriella. Su reacción se centró en la condena del hecho y en la advertencia de que los responsables serían perseguidos y llevados ante la justicia.
El mensaje presidencial no presentó públicamente, en ese pronunciamiento, detalles adicionales sobre una operación específica, capturas relacionadas con el atentado o medidas concretas distintas de la respuesta de las autoridades en la zona. Por ello, la advertencia de persecución debe diferenciarse de los resultados operativos que pudieran confirmarse posteriormente.
El Ministerio de Transporte también condenó el ataque y lo calificó como una agresión contra la infraestructura de transporte y la seguridad de los trabajadores. La cartera expresó solidaridad con las personas lesionadas, sus familias y las comunidades afectadas por la explosión.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que poner en riesgo la vida de los trabajadores y afectar una carretera constituye un acto criminal que no tiene justificación. El ministerio indicó, además, que el Gobierno nacional trabajaba de manera coordinada para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y reforzar las condiciones de seguridad del corredor.
La entidad señaló que la prioridad era proteger la vida y restablecer la movilidad cuando las autoridades determinaran que existían condiciones seguras. La reapertura no dependía únicamente de retirar los obstáculos o evaluar los daños materiales, sino también de completar las verificaciones de seguridad en el sector.
El peaje se encontraba bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías), con operación y recaudo a cargo de la Unión Temporal Peajes Nacionales. El Ministerio de Transporte informó que, según las condiciones contractuales, la estación debía ser entregada posteriormente a ERG Vías Ciudad Blanca, concesionario del proyecto El Estanquillo–Popayán, de la Agencia Nacional de Infraestructura.
La destrucción de la estación afectó un punto de la infraestructura vial que forma parte de un corredor de importancia regional. La interrupción del tránsito podía repercutir en los desplazamientos de los habitantes y en el transporte de productos y mercancías entre el centro y el sur del Cauca.
El impacto del atentado trascendió los daños físicos en el peaje. La necesidad de suspender la circulación evidenció la vulnerabilidad de una carretera utilizada tanto por las comunidades locales como por el transporte comercial, en un departamento donde las condiciones de seguridad inciden directamente en la movilidad.
La vía Panamericana es un corredor estratégico para la conexión del suroccidente colombiano y el desplazamiento de mercancías hacia la frontera con Ecuador. Una interrupción en ese trayecto puede generar demoras, desvíos y costos adicionales para transportadores y usuarios, aunque la magnitud de las afectaciones económicas derivadas de este episodio no quedó cuantificada en los reportes iniciales consultados.
El atentado también puso en primer plano la seguridad del personal que trabaja en la infraestructura vial. Los trabajadores del peaje quedaron entre las personas directamente afectadas por la acción explosiva, mientras las autoridades adelantaban las inspecciones para descartar nuevos riesgos.
En su comunicado, el Ministerio de Transporte insistió en que la infraestructura vial debe garantizar la conexión entre regiones y el desarrollo de actividades económicas. La entidad relacionó el ataque con los riesgos que la violencia representa para el derecho a la movilidad, el trabajo y la seguridad de los ciudadanos.
La investigación debía establecer las circunstancias exactas del atentado, la participación de los presuntos responsables y la posible existencia de otros elementos explosivos en el área. La atribución inicial del Ejército a la estructura Carlos Patiño constituía un punto de partida para las pesquisas, no un sustituto de las pruebas que debían recabar las autoridades judiciales.
La respuesta institucional tuvo dos frentes visibles: la condena pública del presidente y del Ministerio de Transporte, y las labores de seguridad destinadas a inspeccionar la zona y recuperar la movilidad. Mientras el mandatario advirtió que los responsables responderían ante la justicia, la cartera de Transporte condicionó la reapertura a la verificación de condiciones seguras.
Durante la jornada del 12 de octubre, las autoridades trabajaron para habilitar nuevamente el paso por la Panamericana. Los reportes posteriores indicaron que el Ejército permitió la reapertura de la vía después de las labores de inspección, aunque los daños en la estación de peaje y las consecuencias para los trabajadores y las comunidades permanecieron como parte del balance del ataque.
El atentado dejó así una combinación de daños materiales, personas lesionadas e interrupción de un corredor de transporte esencial para el Cauca. La condena presidencial y los anuncios oficiales marcaron la reacción inmediata del Gobierno; el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la seguridad sostenida de la carretera quedaron como asuntos centrales tras la explosión.
