La solicitud del Gobierno colombiano de retirar la Reforma Rural Integral del mandato de verificación de Naciones Unidas abre una discusión que va más allá de la distribución de funciones entre el Estado y un organismo internacional. La decisión plantea interrogantes sobre quién vigilará el cumplimiento de los compromisos de tierras, qué mecanismos independientes podrán evaluar sus avances y qué garantías tendrán las comunidades rurales frente a posibles incumplimientos.
El 12 de octubre de 2026, el canciller Omar Bula presentó la propuesta ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pidió concentrar la Misión de Verificación en la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad para los excombatientes, sus familias y las comunidades.
La iniciativa no plantea formalmente eliminar la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz de 2016. Lo que solicita es que deje de formar parte de los componentes supervisados por la Misión de Verificación. Esa diferencia es central: el compromiso seguiría existiendo, pero cambiaría el mecanismo internacional encargado de examinar su implementación.
La Misión incorporó la verificación de la reforma rural mediante la Resolución 2673 del Consejo de Seguridad, aprobada el 11 de enero de 2023, a partir de una solicitud conjunta del Gobierno colombiano de entonces y las antiguas Farc. Desde esa ampliación, el organismo supervisa compromisos relacionados con el acceso y el uso de la tierra, los programas de desarrollo territorial y otros componentes del primer punto del Acuerdo.
El canciller Bula argumentó que la reforma rural tiene una naturaleza estructural y multisectorial, diferente de los compromisos que requieren seguimiento internacional directo. Según la posición expuesta por el Gobierno, su ejecución debe permanecer en manos de las instituciones colombianas, mientras la ONU concentra sus esfuerzos en la reincorporación y las garantías de seguridad.
La administración también sostiene que retirar la supervisión específica no significa abandonar la reforma ni impedir que la cooperación internacional continúe respaldando proyectos de desarrollo rural. Sin embargo, esa explicación deja una pregunta pendiente: ¿qué mecanismo ofrecerá garantías equivalentes de independencia, transparencia y seguimiento público si la Misión deja de evaluar los compromisos agrarios?
La discusión adquiere especial relevancia por la historia del conflicto armado colombiano. En su informe final, la Comisión de la Verdad documentó cómo la concentración de la propiedad, el despojo, el desplazamiento forzado y la disputa por territorios estratégicos se relacionaron con la violencia y con la consolidación de poderes económicos y políticos regionales.
La Comisión advirtió que el conflicto tuvo múltiples causas y que no puede reducirse exclusivamente a la cuestión agraria. Sin embargo, también señaló que la apropiación violenta de territorios y la expulsión de comunidades campesinas y étnicas transformaron la propiedad rural y profundizaron desigualdades históricas. Por eso, la tierra constituye uno de los asuntos centrales para comprender las dinámicas de la guerra y las dificultades para construir una paz duradera.
La Reforma Rural Integral fue incorporada al Acuerdo de 2016 con el propósito de responder a parte de esos problemas estructurales. Sus compromisos incluyen el acceso a tierras, la formalización de la propiedad, el desarrollo de infraestructura, los programas de desarrollo con enfoque territorial y medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida en el campo.
En ese contexto, la verificación internacional no sustituye las competencias del Estado ni ejecuta directamente la política agraria. Su función consiste en examinar el cumplimiento de compromisos específicos, identificar obstáculos y aportar información independiente que permita evaluar el proceso. Si ese componente desaparece del mandato, será necesario establecer qué institución realizará esas tareas y cómo se harán públicos sus resultados.
Uno de los principales interrogantes es si las entidades colombianas encargadas de ejecutar la reforma podrán garantizar, al mismo tiempo, un control suficientemente independiente sobre sus propios resultados. La institucionalidad nacional tiene responsabilidades legales en materia de tierras, pero la existencia de entidades y procedimientos no demuestra por sí sola que el seguimiento vaya a tener el mismo alcance, continuidad o visibilidad internacional.
El Gobierno podría responder a esa preocupación mediante informes periódicos, indicadores verificables, auditorías, control fiscal, vigilancia judicial y mecanismos de participación ciudadana. No obstante, para valorar la suficiencia de esas herramientas habría que conocer cuáles se mantendrían, qué información publicarían, con qué periodicidad operarían y si permitirían contrastar los resultados oficiales con las experiencias de las comunidades.
El problema no es únicamente medir cuántas hectáreas se entregan o formalizan. También importa determinar quiénes reciben los predios, si las adjudicaciones se materializan, si los beneficiarios pueden permanecer en sus territorios y si cuentan con condiciones de seguridad, infraestructura y apoyo productivo. Sin información desagregada y verificable, los balances agregados podrían ocultar rezagos o diferencias entre regiones.
La formalización de la propiedad plantea otro desafío. En zonas donde existen disputas sobre títulos, ocupaciones históricas, desplazamientos y posibles casos de despojo, los procedimientos administrativos deben considerar los derechos de campesinos, comunidades étnicas y víctimas. Una evaluación independiente puede ayudar a identificar dificultades que no siempre aparecen en las cifras generales de ejecución.
También está en juego la transparencia sobre el uso de los recursos públicos. Los compromisos rurales requieren inversiones en tierras, vías, servicios, proyectos productivos y programas sociales. La rendición de cuentas debe permitir conocer cuánto se invierte, dónde se ejecutan los proyectos, quiénes los reciben y cuáles resultados se alcanzan. El cambio de mandato no elimina esas obligaciones, pero obliga a preguntar qué instancia hará seguimiento sistemático a su cumplimiento.
La propuesta del Gobierno debe examinarse, además, a la luz de las relaciones entre poder económico y propiedad rural. En Colombia, la Comisión de la Verdad documentó que sectores económicos, actores armados e instituciones participaron, en distintos contextos y con diferentes responsabilidades, en dinámicas que favorecieron el despojo y la concentración de tierras. Esa historia explica por qué la supervisión de la política agraria tiene una dimensión democrática, además de administrativa.
En este debate también resulta pertinente examinar la trayectoria profesional y política del presidente De la Espriella y sus relaciones con actores del sector ganadero y con procesos vinculados a la desmovilización paramilitar. Esos antecedentes pueden ser relevantes para una investigación sobre las prioridades del Gobierno en materia agraria, pero no prueban por sí mismos que la solicitud ante la ONU responda a intereses particulares ni que busque favorecer a grandes propietarios.
Las relaciones entre dirigentes políticos, gremios económicos y propietarios rurales deben investigarse con documentos, registros y decisiones concretas. Para establecer si existe un conflicto de intereses sería necesario identificar vínculos verificables, determinar si alguna política beneficia de manera particular a personas o sectores relacionados y examinar si hay evidencia de que esas relaciones influyeron en la decisión gubernamental. Sin ese trabajo, cualquier conclusión causal sería prematura.
La cuestión adquiere otra dimensión si se considera que la Reforma Rural Integral no fue concebida únicamente como un programa de asistencia al campesinado. Forma parte de un acuerdo destinado a abordar factores que contribuyeron al conflicto y a reducir las condiciones de exclusión que afectaron a numerosos territorios. Su ejecución compromete, por tanto, la credibilidad del Estado frente a las víctimas y las comunidades que esperan cambios concretos.
Los organismos internacionales tampoco están exentos de limitaciones. La verificación de la ONU no garantiza por sí sola que se cumplan todos los compromisos, que se resuelvan los conflictos de propiedad o que desaparezca la violencia rural. Su aporte consiste en ofrecer una instancia adicional de observación y evaluación. La pregunta relevante es si el Gobierno propone un mecanismo alternativo con capacidad suficiente para cumplir esas funciones o si se limitará a trasladar la responsabilidad a las instituciones nacionales.
La propuesta también debe contrastarse con las posiciones expresadas por los integrantes del Consejo de Seguridad. La decisión sobre el mandato corresponde a ese organismo, no exclusivamente al Gobierno colombiano. Antes del vencimiento de la autorización vigente, previsto para el 31 de octubre de 2026, sus miembros deben definir si renuevan la Misión y qué componentes conservará. La discusión internacional será determinante para establecer el alcance del seguimiento durante el siguiente periodo.
En su intervención, Bula defendió la necesidad de concentrar la verificación en los compromisos que el Gobierno considera prioritarios ante el deterioro de la seguridad. La administración ha señalado que la presencia de grupos armados y las amenazas contra comunidades y antiguos combatientes exigen atención internacional. Ese argumento debe valorarse junto con otra cuestión: la seguridad y la transformación rural pueden estar relacionadas en determinados territorios, aunque la naturaleza de esa relación debe analizarse con evidencia específica y no darse por sentada en todos los casos.
La eventual salida de la reforma rural del mandato tampoco resolvería automáticamente las dificultades de coordinación entre entidades, la falta de recursos, los problemas de titulación o las disputas por el uso del suelo. Esos obstáculos requieren decisiones presupuestales, administrativas y judiciales, además de la participación de las comunidades. La controversia consiste en determinar si reducir el seguimiento internacional facilitaría la ejecución o disminuiría una herramienta de control sobre esos compromisos.
Por eso, cualquier decisión debería acompañarse de información pública que permita evaluar los avances de la reforma: hectáreas adjudicadas y formalizadas, estado jurídico de los predios, inversión ejecutada, cumplimiento de los programas territoriales, atención a las víctimas y condiciones de seguridad de los beneficiarios. También sería necesario precisar quién verificará esas cifras, cómo se auditarán y qué consecuencias habrá cuando se detecten incumplimientos.
El debate no exige asumir que el Gobierno abandonará la reforma rural ni concluir, sin pruebas, que la solicitud responde a intereses de sectores terratenientes. Sí exige reconocer que retirar una materia del seguimiento de la ONU puede modificar las condiciones bajo las cuales se examina el cumplimiento del Acuerdo de Paz. La existencia de controles nacionales será relevante, pero su independencia, alcance y eficacia deberán demostrarse.
La pregunta de fondo permanece abierta: ¿qué garantías de independencia y rendición de cuentas tendrá Colombia para verificar la Reforma Rural Integral si la ONU deja de supervisarla? En un país donde la disputa por la tierra, el despojo y la concentración de la propiedad han estado ligados a décadas de violencia, la respuesta no puede limitarse a afirmar que el Estado asumirá la responsabilidad. Debe precisar cómo se controlará el proceso, qué información conocerá la ciudadanía y cómo se protegerán los derechos de quienes esperan que la paz también transforme la vida en el campo.
