El reclamo del empresario textil Arturo Calle contra las plataformas de comercio electrónico Shein y Temu abrió una discusión sobre las condiciones de competencia entre los negocios internacionales y la industria colombiana. La controversia también plantea un interrogante para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, cuya propuesta económica defiende el libre mercado, la iniciativa privada y una menor intervención estatal.
Durante una audiencia pública de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, realizada el 15 de octubre, Calle advirtió que su empresa había perdido cerca de 2.000 empleos y relacionó los recortes con el crecimiento de las compras en plataformas internacionales. El empresario pidió revisar las condiciones tributarias que, a su juicio, favorecen a esos comercios frente a los negocios establecidos en Colombia.
El industrial cuestionó especialmente el tratamiento de las compras internacionales de bajo valor y la exención del impuesto al valor agregado (IVA) aplicable a determinadas operaciones. Según su planteamiento, las empresas nacionales deben asumir costos tributarios, laborales y operativos que no necesariamente enfrentan en las mismas condiciones los vendedores que comercializan productos desde el exterior.
Calle también expuso preocupaciones sobre la posible falsificación de artículos con su marca y sobre prácticas como la subfacturación de importaciones. Estas denuncias requieren verificaciones específicas y deben distinguirse de la competencia legítima por precios: vender más barato no constituye, por sí mismo, una infracción comercial.
El reclamo llegó al Congreso en un momento en el que las plataformas internacionales han ganado presencia entre los consumidores colombianos. Un análisis de Bancolombia señaló que estas aplicaciones ya representaban más del 14 % del gasto en la categoría de moda, variedades y hogar, una referencia del cambio que experimenta el comercio minorista.
Una orientación económica favorable al mercado
Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia con una propuesta económica centrada en reducir el tamaño del Estado, disminuir la carga tributaria empresarial y simplificar las regulaciones para estimular la inversión privada. Su programa planteó una reducción significativa del aparato estatal y un ajuste fiscal de 70 billones de pesos, además de una regla para eliminar dos normas por cada nueva regulación que se expida.
Durante la campaña, el entonces candidato defendió la idea de que una menor carga tributaria y burocrática permitiría ampliar la actividad empresarial, atraer capital y acelerar el crecimiento económico. Su propuesta se inscribe en una visión liberal de la economía, en la que la iniciativa privada debe desempeñar un papel central en la generación de riqueza y empleo.
Ese enfoque no implica necesariamente que el Gobierno deba abstenerse de regular el comercio internacional. La libertad de mercado convive con normas tributarias, controles aduaneros, protección de la propiedad intelectual y mecanismos para investigar posibles prácticas desleales. La discusión consiste en determinar cuáles reglas son necesarias, cómo se aplican y si producen condiciones comparables para los distintos actores.
En el caso de Shein y Temu, la pregunta concreta es si el Gobierno considera que las reglas actuales para las compras internacionales de bajo valor generan diferencias injustificadas frente a los comercios nacionales y si está dispuesto a modificarlas. Hasta la información revisada para esta nota, no se ha identificado un pronunciamiento específico de De la Espriella que responda directamente a las denuncias de Arturo Calle.
El debate sobre los impuestos a las compras internacionales
El tratamiento tributario de los envíos de bajo valor se encuentra en el centro de la discusión. Las reglas que determinan cuándo una compra internacional debe pagar IVA y aranceles pueden influir en el precio final de los productos y, por esa vía, en las decisiones de consumo.
Para los empresarios nacionales, las diferencias entre las obligaciones aplicables a las importaciones y las que afrontan los negocios establecidos en el país pueden representar una desventaja competitiva. Para los consumidores, por su parte, la disponibilidad de productos económicos constituye un beneficio inmediato, especialmente cuando los presupuestos familiares son limitados.
Modificar el umbral de exención del IVA podría reducir parte de esa diferencia, pero también elevar el costo de determinadas compras. El resultado dependería de las reglas aprobadas, de su aplicación efectiva y de la respuesta de las plataformas, los vendedores y los consumidores.
También es necesario separar el debate tributario de las denuncias sobre falsificación o subfacturación. Si se comercializan productos que infringen marcas registradas o se declaran valores inferiores a los reales para evadir obligaciones aduaneras, las autoridades pueden investigar esas conductas con independencia de que el Gobierno adopte una política de apertura comercial.
Una regulación eficaz tendría que distinguir entre las plataformas como canales de comercio, los vendedores que operan en ellas y los productos concretos que se ofrecen. De esa manera, el control de eventuales infracciones no se confundiría con una prohibición general de las importaciones ni con una protección indiscriminada de las empresas nacionales.
¿Protección de la industria o libertad de elección?
El caso de Arturo Calle enfrenta dos objetivos de política económica. Por un lado, está el interés de los fabricantes y comerciantes colombianos en competir en condiciones que consideran justas y conservar los puestos de trabajo asociados a su actividad. Por otro, está el acceso de los consumidores a una mayor variedad de productos y precios, incluidos los que ofrecen las plataformas internacionales.
La decisión del Gobierno no se limita a escoger entre proteger a los empresarios nacionales o respaldar a los consumidores. Puede examinar las condiciones tributarias, fortalecer los controles aduaneros y hacer cumplir las normas de propiedad intelectual sin cerrar el mercado a los productos extranjeros.
Sin embargo, cualquier cambio tiene consecuencias distributivas. Un aumento de impuestos o aranceles puede beneficiar a ciertos productores nacionales si reduce la ventaja de precio de los bienes importados, pero también puede trasladarse al consumidor. A su vez, mantener las reglas vigentes puede preservar el acceso a productos de bajo costo, aunque los empresarios sostengan que las diferencias de obligaciones perjudican su capacidad de competir.
La pérdida de cerca de 2.000 empleos denunciada por Calle merece atención, pero su declaración no demuestra por sí sola que las plataformas expliquen todos los recortes. Para establecer el alcance de esa relación sería necesario contrastar la evolución del empleo de la empresa con sus ventas, los cambios en sus costos, las importaciones textiles y el comportamiento general del sector.
La discusión también requiere información sobre el cumplimiento tributario de las operaciones internacionales y sobre la magnitud de las posibles falsificaciones. Sin esos datos, existe el riesgo de convertir una denuncia empresarial en una conclusión general sobre todo el comercio electrónico extranjero.
La respuesta que falta del Gobierno
La orientación económica de De la Espriella permite anticipar su preferencia por la iniciativa privada, la reducción de cargas y la simplificación de trámites, pero no basta para conocer su posición sobre cada instrumento de política comercial. El tratamiento de las compras de bajo valor es una decisión concreta que requiere evidencia sobre sus efectos y una definición explícita de la administración.
Una respuesta oficial debería precisar si el Gobierno estudia modificar el régimen tributario de los envíos internacionales, qué papel asigna a la DIAN en el control de las operaciones y qué mecanismos considera adecuados para proteger la propiedad intelectual. También tendría que explicar cómo busca equilibrar los precios para los consumidores con la competitividad de las empresas nacionales.
La discusión no debería reducirse a una confrontación entre el empresario colombiano y las plataformas asiáticas. El problema de fondo es cómo establecer reglas transparentes para que los negocios compitan, se cumplan las obligaciones tributarias y se investiguen las infracciones sin imponer barreras arbitrarias al comercio.
Para un Gobierno que defiende el libre mercado, el caso representa una oportunidad para precisar qué entiende por competencia y qué límites considera legítimos para la intervención estatal. La respuesta permitirá evaluar si su política económica privilegia una apertura amplia, una regulación enfocada en corregir diferencias específicas o una combinación de ambas.
Por ahora, el reclamo de Arturo Calle pone sobre la mesa una tensión que no se resuelve únicamente con una declaración favorable al mercado: la competencia requiere reglas conocidas y aplicables, pero también exige demostrar que las medidas propuestas responden a problemas reales y no se convierten en mecanismos para excluir competidores.
La posición que adopte la administración de De la Espriella frente a las compras internacionales de bajo valor será un indicador concreto de cómo traduce su discurso económico en decisiones de Gobierno. Hasta que exista una respuesta oficial específica, la relación entre su defensa del libre mercado y las demandas del sector textil seguirá siendo una pregunta abierta.
