Las comunicaciones internas de empleados de Meta, la empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, abrieron una nueva controversia sobre el papel de las plataformas digitales en las elecciones presidenciales de Brasil. Mensajes revelados por el diario Folha de S.Paulo el 16 de octubre muestran que trabajadores de la compañía reconocieron restricciones que perjudicaron las cuentas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que identificaron recomendaciones algorítmicas del perfil de su rival, el senador Flávio Bolsonaro.
La revelación se produjo en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, prevista para el 25 de octubre, y llevó la disputa al terreno judicial. El Tribunal Superior Electoral (TSE) exigió a Meta demostrar que sus sistemas ofrecían un tratamiento equitativo a las dos candidaturas y ordenó medidas para evitar restricciones artificiales en la distribución de contenidos electorales.
El caso tiene dos dimensiones. La primera es técnica: determinar por qué una cuenta oficial de campaña perdió temporalmente la posibilidad de promocionar publicaciones y por qué los sistemas de recomendación mostraron perfiles de una candidatura. La segunda es política: establecer si esos incidentes fueron errores de funcionamiento o si produjeron un trato desigual capaz de afectar la competencia electoral.
La investigación de Folha señaló que empleados de Meta reconocieron internamente que las cuentas de Lula habían sido perjudicadas por restricciones en Instagram. Los mensajes también registraron recomendaciones del perfil de Flávio Bolsonaro en esa red social y de su canal en WhatsApp, una práctica que, según las reglas electorales brasileñas citadas en el caso, está prohibida en determinadas circunstancias.
Uno de los episodios ocurrió el 9 de octubre, cuando la cuenta oficial de Lula quedó imposibilitada durante casi 24 horas de promocionar publicaciones del feed de Instagram mediante anuncios pagados. La campaña del presidente calculó que alrededor de 1,3 millones de personas dejaron de recibir esos anuncios por la restricción. La cifra corresponde a una estimación de su equipo, no a una medición independiente del número de votantes afectados.
La posibilidad de pagar para ampliar la distribución de contenidos es un componente importante de la publicidad electoral digital. La restricción, por tanto, no significó necesariamente que las publicaciones desaparecieran de Instagram, sino que la campaña perdió temporalmente una herramienta para ampliar su alcance mediante anuncios.
El problema adquirió mayor relevancia porque los mensajes internos mostraban que trabajadores de la empresa conocían las dificultades. La cuestión dejó de ser únicamente una denuncia de la campaña de Lula y pasó a incluir documentación interna sobre incidentes que afectaron su capacidad de difusión.
Según el reporte, los empleados discutieron la limitación de la cuenta y la diferencia de tratamiento frente al perfil de Bolsonaro. La existencia de esas conversaciones constituye un elemento relevante para reconstruir lo sucedido, aunque no demuestra por sí misma que las restricciones fueran ordenadas con una intención política.
Meta defendió su actuación y negó intervenir para favorecer a una candidatura. En una comunicación difundida el 16 de octubre, la compañía describió los episodios como incidentes técnicos y afirmó que los problemas habían tenido un alcance más amplio, sin limitarse a la campaña brasileña. También sostuvo que las acusaciones de favoritismo carecían de fundamento.
La empresa atribuyó parte de las dificultades a problemas técnicos relacionados con sus sistemas y con el entorno regulatorio brasileño. Su explicación plantea una cuestión que debe verificarse: si los errores afectaron de manera comparable a otras cuentas y anunciantes o si, en la práctica, sus consecuencias fueron desiguales entre las dos candidaturas.
La campaña de Flávio Bolsonaro también cuestionó el funcionamiento de la plataforma, aunque desde una posición diferente. El equipo del senador afirmó que los anuncios negativos contra su candidatura eran difundidos mediante cuentas oficiales de Lula y por terceros. Meta sostuvo que no toma partido en las elecciones y que aplica sus reglas a las campañas.
Ese contrapunto importa porque la discusión no puede reducirse a una conclusión anticipada sobre quién fue favorecido. La documentación conocida identifica restricciones que perjudicaron a Lula y recomendaciones que beneficiaron la visibilidad de perfiles de Bolsonaro, pero la investigación debe establecer el alcance de cada incidente y si existieron diferencias sistemáticas en la aplicación de las reglas.
La intervención del Tribunal Superior Electoral elevó el asunto a una disputa institucional. El 16 de octubre, el tribunal confirmó por unanimidad una decisión del magistrado Marco Aurélio Bellizze que obligaba a Meta a garantizar un tratamiento equitativo de las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro en sus plataformas.
La orden prohibió reducir artificialmente el alcance de los contenidos político-electorales de cualquiera de las candidaturas. Entre las medidas mencionadas estaban las restricciones de distribución, la eliminación de recomendaciones, las limitaciones de búsqueda y los ajustes de métricas que pudieran perjudicar artificialmente a uno de los candidatos.
El tribunal también ordenó que las restricciones automatizadas sobre las cuentas o la promoción de contenidos electorales fueran sometidas a revisión humana. Según la decisión reportada por Folha, esa revisión debía realizarse en un plazo de hasta dos horas, y la empresa tenía que informar al tribunal sobre la medida aplicada, su justificación y el resultado de la revisión. El incumplimiento podía acarrear una multa diaria de 500.000 reales.
El 19 de octubre, el magistrado concedió a Meta un plazo de 24 horas para aportar información que demostrara el tratamiento equitativo de las dos candidaturas. Consideró insuficientes las explicaciones presentadas hasta entonces, entre otras razones por la forma en que se entregó parte de la documentación. La exigencia judicial no constituye una declaración definitiva de que la compañía haya cometido interferencia electoral, sino una medida para obtener información y asegurar el cumplimiento de las reglas.
El alcance del caso tampoco se limita a la publicidad pagada. Las denuncias abarcan la distribución orgánica de publicaciones, las recomendaciones automáticas de perfiles y el funcionamiento de herramientas de inteligencia artificial de Meta. Cada uno de esos mecanismos puede afectar la visibilidad política, pero requiere un análisis distinto para determinar qué sucedió y qué reglas resultan aplicables.
La inteligencia artificial de WhatsApp también quedó bajo escrutinio. Según la cobertura de Folha, la herramienta Meta AI se negaba a generar imágenes con la expresión «Vote Lula», mientras aceptaba solicitudes similares relacionadas con Flávio Bolsonaro. La diferencia planteó preguntas sobre la consistencia de los filtros aplicados a los nombres de los candidatos.
Ese comportamiento, de confirmarse en pruebas comparables, sería relevante para evaluar la neutralidad de la herramienta. Sin embargo, para establecer su causa es necesario examinar las solicitudes exactas, las respuestas generadas en cada caso, las versiones del sistema y las reglas utilizadas para bloquear o aceptar contenidos políticos.
La controversia también movilizó a organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos digitales. El 19 de octubre, entidades como Artigo 19, CTRL+Z y Sleeping Giants Brasil reclamaron transparencia y equilibrio en el funcionamiento de las plataformas. Entre sus exigencias figuraban una auditoría independiente, mecanismos de apelación con revisión humana y explicaciones sobre la distribución de contenidos políticos.
Las organizaciones advirtieron que los sistemas de recomendación y distribución de las grandes plataformas tienen una capacidad considerable para determinar qué mensajes alcanzan a los usuarios. Cuando esa distribución ocurre durante una elección, una falla puede tener consecuencias sobre la visibilidad de las candidaturas, incluso si no existe una instrucción explícita para favorecer a un partido.
La discusión sobre el poder de las plataformas no es nueva, pero adquiere una dimensión particular en una campaña presidencial polarizada. Instagram y Facebook permiten comprar publicidad segmentada, mientras WhatsApp funciona como canal de difusión y circulación de mensajes políticos. La combinación de esas herramientas convierte las decisiones técnicas de una empresa privada en un asunto de interés público.
No obstante, es necesario diferenciar la capacidad potencial de influir de un efecto electoral demostrado. Que una publicación pierda alcance no permite concluir automáticamente que cambió la intención de voto de una cantidad determinada de personas. Para medir ese impacto habría que conocer la distribución de los anuncios, las audiencias afectadas, las impresiones que se dejaron de generar y la evolución de la exposición de ambas campañas.
La estimación de 1,3 millones de usuarios que la campaña de Lula dijo haber perdido en la promoción de sus anuncios ofrece una referencia sobre la dimensión que atribuye al incidente. Pero no equivale a 1,3 millones de votos ni demuestra que esas personas hubieran cambiado su comportamiento electoral. La influencia de la publicidad depende también de la frecuencia de exposición, el contenido, las preferencias previas y la circulación de mensajes por otros canales.
El episodio plantea, además, una cuestión de transparencia. Los usuarios y las candidaturas no tienen acceso ordinario a todos los criterios técnicos que determinan por qué una publicación es restringida, qué perfil aparece como recomendación o cómo se aplica un filtro de inteligencia artificial. Esa asimetría dificulta comprobar si las reglas se aplican de forma consistente y aumenta la importancia de las auditorías y de la supervisión electoral.
Meta sostiene que los incidentes fueron técnicos. Esa explicación no puede descartarse sin examinar la documentación, pero tampoco debería aceptarse como conclusión suficiente si los registros internos muestran que los problemas tuvieron consecuencias desiguales. La verificación requiere comparar los datos de las dos campañas, reconstruir la duración de las restricciones y establecer si la empresa corrigió los errores con la misma diligencia.
En el centro del debate está la diferencia entre un error técnico y una decisión deliberada. Un fallo puede perjudicar a una candidatura sin que exista una intención política; también puede convertirse en un problema institucional si los mecanismos de detección y corrección no funcionan de forma adecuada. Para acreditar una interferencia intencional se necesitan elementos adicionales que permitan demostrar decisiones, patrones o instrucciones orientadas a alterar la competencia.
Los mensajes internos son importantes porque permiten conocer qué sabían algunos empleados y cuándo discutieron los problemas. Pero no equivalen automáticamente a una prueba de que la dirección de Meta ordenó restringir a Lula o impulsar a Bolsonaro. Para establecer responsabilidades habría que reconstruir la cadena de decisiones, identificar a quienes intervinieron y contrastar las comunicaciones con los registros técnicos.
La exigencia del TSE busca precisamente que la compañía aporte información verificable sobre sus sistemas. La supervisión judicial puede establecer obligaciones de transparencia y corrección, pero las conclusiones sobre una posible infracción dependerán de las pruebas que se presenten y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
La controversia también obliga a examinar cómo se regulan las plataformas durante las campañas. Las reglas electorales brasileñas buscan impedir que los algoritmos recomienden automáticamente determinadas candidaturas en circunstancias prohibidas y que se reduzca artificialmente la distribución de contenidos electorales. Su aplicación plantea un desafío técnico: detectar diferencias en sistemas que operan a gran escala y corregirlas sin introducir nuevos criterios arbitrarios.
En ese contexto, la revisión humana de las restricciones automatizadas aparece como una garantía para que los candidatos puedan conocer las razones de una medida y cuestionarla. Sin embargo, su efectividad dependerá de que las revisiones sean oportunas, documentadas y sujetas a criterios claros, especialmente durante los periodos de mayor actividad electoral.
La campaña de Lula anunció que buscaría impulsar nuevas actuaciones judiciales después de las revelaciones. La cobertura de Folha del 18 de octubre informó que su equipo jurídico planeaba pedir una investigación contra Meta ante la justicia electoral. La iniciativa debía permitir examinar las restricciones denunciadas y determinar si correspondía abrir un procedimiento formal sobre la actuación de la empresa.
Por su parte, la empresa mantuvo su rechazo a las acusaciones de favoritismo y sostuvo que continuaría aplicando sus reglas y corrigiendo errores. La posición de Meta y las denuncias de las campañas deben contrastarse con los documentos internos, los registros técnicos y las decisiones judiciales, sin asumir de antemano que alguna de las partes ha demostrado por completo su versión.
El caso brasileño tiene implicaciones que trascienden la contienda entre Lula y Flávio Bolsonaro. Si una plataforma puede restringir anuncios, alterar recomendaciones o aplicar filtros de manera desigual sin que exista una explicación comprensible para los afectados, se debilita la capacidad de las candidaturas y de los electores para evaluar la neutralidad de las reglas. Si, por el contrario, se trata de fallas técnicas identificables y corregibles, la respuesta institucional debe centrarse en prevenir su repetición y garantizar mecanismos de revisión.
La solución no consiste en que las plataformas favorezcan a una candidatura para compensar una desventaja percibida. Consiste en establecer reglas uniformes, informar las restricciones, permitir impugnaciones oportunas y facilitar que las autoridades electorales puedan comprobar el funcionamiento de los sistemas. La neutralidad no se demuestra únicamente con una declaración empresarial: debe poder verificarse a partir de procedimientos y resultados.
La discusión tampoco puede ignorar que las campañas utilizan las redes para amplificar propaganda favorable y negativa, y que las reglas sobre publicidad electoral deben aplicarse a todas las candidaturas y a los terceros que difunden mensajes. Las denuncias de Lula y las objeciones de Flávio muestran que la fiscalización debe considerar el conjunto de la actividad digital, no solo los incidentes que afectan a una de las partes.
A pocos días de la segunda vuelta, el desafío para el TSE es esclarecer si las restricciones y recomendaciones denunciadas incumplieron las normas electorales y asegurar que los mecanismos de distribución no produzcan ventajas artificiales. Para Meta, el reto es entregar información suficiente para respaldar su explicación técnica y demostrar que las medidas correctivas se aplican de manera equitativa.
Los mensajes internos revelados por Folha de S.Paulo documentan que empleados de Meta reconocieron problemas que perjudicaron la difusión de contenidos de Lula y detectaron recomendaciones de perfiles de Flávio Bolsonaro. Ese hallazgo justifica el escrutinio público y judicial, pero no prueba por sí solo que existiera una estrategia deliberada para intervenir en la elección.
La conclusión dependerá de lo que establezcan las investigaciones. Si se trató de errores técnicos, será necesario explicar por qué ocurrieron, cómo se corrigieron y qué controles impedirán su repetición. Si se demuestra un trato desigual deliberado, la responsabilidad será de otra naturaleza. En ambos escenarios, la exigencia democrática es la misma: que una empresa con semejante poder sobre la circulación de información política pueda rendir cuentas ante las autoridades y los ciudadanos.
