La versión del exjefe paramilitar coincide con la denuncia sobre una petición para que antiguos comandantes de las AUC hablaran contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Sin embargo, Mancuso afirmó que Gustavo Petro nunca se lo pidió directamente, una diferencia que mantiene en el centro de la controversia el origen de la supuesta instrucción.
La controversia por el llamado Pacto de Valledupar tomó una nueva dimensión el 19 de octubre, después de que Salvatore Mancuso, antiguo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), publicara un video en el que confirmó aspectos centrales del relato de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Su declaración respalda que hubo una reunión con antiguos jefes paramilitares y que durante ese encuentro se les habría pedido pronunciarse públicamente contra tres figuras políticas.
La coincidencia, sin embargo, no resuelve el principal interrogante de la denuncia: quién dio la orden de formular esa petición y si Gustavo Petro, entonces presidente de Colombia, tuvo una participación directa. Las versiones de Rodríguez y Mancuso se encuentran en el relato de lo ocurrido durante la reunión, pero difieren en la manera en que atribuyen la responsabilidad al exmandatario.
Rodríguez sostuvo que, en octubre de 2025, Petro y el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, le encargaron organizar un encuentro con antiguos comandantes de las AUC. Según su versión, el objetivo inicial estaba relacionado con el cierre de los asuntos pendientes del proceso de desmovilización de Santa Fe de Ralito, pero la misión habría tomado un rumbo distinto: conseguir declaraciones públicas contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.
La exfuncionaria afirmó que consideraba que la instrucción provenía de Petro y que la gestión tenía un propósito electoral. Su señalamiento apunta a que las declaraciones de antiguos jefes paramilitares podían utilizarse para afectar a dirigentes políticos en el contexto de la campaña de 2026. Esa interpretación forma parte de su denuncia y no equivale, por sí sola, a una conclusión judicial sobre las motivaciones o la responsabilidad de los involucrados.
Mancuso confirmó que el encuentro se realizó y explicó que, un año antes, había conversado con Petro sobre la necesidad de reunir nuevamente a los antiguos comandantes para revisar los asuntos pendientes de Ralito. Entre ellos mencionó los compromisos de verdad, reparación, bienes entregados, reintegración y la situación de exintegrantes de las autodefensas que seguían en prisión.
De acuerdo con el exjefe paramilitar, la reunión de Valledupar debía servir para avanzar en esos asuntos. Sin embargo, aseguró que durante el encuentro Rodríguez y el entonces asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo les pidieron hablar públicamente contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras. Según Mancuso, ninguno de los antiguos comandantes aceptó la solicitud y la mesa relacionada con el proceso de Ralito no volvió a reunirse.
La precisión más importante de su declaración está en la atribución de la orden. Mancuso afirmó que Petro nunca le pidió directamente que interviniera contra los tres dirigentes. Con ello, respaldó la existencia de la reunión y de la solicitud denunciada, pero no confirmó de manera directa que el entonces presidente hubiera impartido personalmente esa instrucción.
El excomandante señaló que Rodríguez y De Currea-Lugo tendrían que explicar ante la justicia quién les dio la orden. Esa afirmación no descarta la hipótesis planteada por la exdirectora del DAPRE, pero tampoco la demuestra. La diferencia entre recibir una instrucción, transmitirla y atribuirla a un superior es fundamental para establecer las responsabilidades individuales.
El relato de Mancuso tiene un elemento adicional: Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor suyo, aseguró que estuvo presente en la reunión. En declaraciones a Caracol Radio, Villamizar sostuvo que a los antiguos jefes de las AUC les pidieron pronunciarse sobre Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras. También afirmó que Rodríguez y De Currea-Lugo se presentaron, según lo que ellos mismos decían, con instrucciones de Petro.
El testimonio de Villamizar refuerza la coincidencia sobre lo ocurrido en el encuentro. No obstante, su afirmación sobre el origen de la instrucción describe lo que, según él, manifestaron los funcionarios, y no constituye por sí misma una prueba independiente de que Petro hubiera ordenado la solicitud. Para esclarecer ese punto se requiere establecer qué instrucciones recibieron los participantes y qué evidencia respalda cada versión.
Petro rechazó los señalamientos. En una publicación en X, el exmandatario cuestionó que se le atribuyeran hechos graves sin pruebas de que hubiera ordenado presionar testigos para que hablaran contra Uribe u otras personas. Sostuvo que las responsabilidades deben establecerse con evidencias y no mediante rumores.
El exjefe de Estado también defendió que el diálogo con los antiguos comandantes no era clandestino y mencionó la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, relacionada con el marco de los gestores de paz. Afirmó que, si alguien utilizó un proceso de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, debía responder ante la justicia. Al mismo tiempo, advirtió que también debía responder quien le atribuyera una orden que no hubiera impartido.
La respuesta de Petro no niega que existiera un encuentro con antiguos comandantes de las AUC ni elimina las preguntas sobre lo sucedido durante la reunión. Su defensa se concentra en la atribución de responsabilidad y en la falta de pruebas, según él, de que hubiera ordenado presionar a los exparamilitares. La existencia de un marco institucional para el diálogo tampoco resuelve por sí sola si alguno de sus participantes hizo solicitudes ajenas a los objetivos anunciados.
El caso plantea, por tanto, dos asuntos que deben examinarse por separado. El primero es si se solicitó a antiguos jefes paramilitares que se pronunciaran contra dirigentes políticos. Los relatos de Mancuso y Villamizar respaldan esa parte de la denuncia. El segundo es si la petición respondió a una instrucción de Petro y si tuvo una finalidad electoral. Sobre este último punto, las versiones disponibles no ofrecen una conclusión definitiva.
La Fiscalía tendrá que establecer qué ocurrió antes, durante y después del encuentro, así como la relación entre la convocatoria, el proceso de Ralito y la solicitud denunciada. Para ello resultan relevantes los mensajes, correos electrónicos, eventuales grabaciones, registros de la reunión y testimonios de quienes participaron en su organización. También será necesario precisar qué instrucciones recibió cada funcionario y si existen elementos que permitan atribuirlas al entonces presidente.
La controversia tiene implicaciones que van más allá del enfrentamiento entre antiguos funcionarios y el exmandatario. Si se demostrara que un proceso de diálogo con exintegrantes de grupos armados fue utilizado para promover declaraciones contra adversarios políticos, habría que determinar quién lo hizo, con qué propósito y bajo qué responsabilidades. Pero esa hipótesis no puede darse por probada a partir de las declaraciones públicas.
Por ahora, el testimonio de Mancuso fortalece una parte de la versión de Rodríguez: la reunión ocurrió y, según los declarantes, hubo una solicitud para que antiguos comandantes de las AUC hablaran contra tres figuras políticas. La pregunta decisiva continúa sin respuesta concluyente: ¿quién impartió la instrucción y qué pruebas permiten establecer si Petro tuvo responsabilidad directa? La respuesta dependerá de la evidencia que logren reunir los investigadores, no solo de las acusaciones cruzadas.
