La apuesta del presidente Nayib Bukele por convertir a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal perdió buena parte de su alcance original. Cinco años después de la implementación de la medida, la baja utilización de la criptomoneda, los resultados limitados en las remesas y las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevaron a modificar los pilares de la iniciativa.
La ley que entró en vigor en septiembre de 2021 obligó inicialmente a los comercios a aceptar Bitcoin, junto con el dólar estadounidense, siempre que contaran con los medios tecnológicos necesarios. El Gobierno presentó la medida como una alternativa para impulsar la inclusión financiera, atraer inversiones y reducir los costos de las transferencias de dinero enviadas desde el exterior.
Para facilitar su adopción, la administración salvadoreña lanzó Chivo Wallet, una billetera digital estatal, y ofreció un incentivo de US$30 a quienes la descargaran. Además, creó un fideicomiso de US$150 millones para poner en marcha el sistema y destinó otros US$50 millones a cajeros y componentes logísticos.
Sin embargo, la iniciativa no consiguió que la mayoría de la población incorporara la criptomoneda a sus transacciones habituales. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), publicada en enero de 2025, encontró que el 91,8 % de los salvadoreños consultados no había utilizado Bitcoin durante 2024.
La escasa aceptación también se reflejó en el sector empresarial. En 2022, una encuesta de CID-Gallup encontró que apenas una quinta parte de las empresas aceptaba la criptomoneda y que solo el 5 % de los pagos de impuestos se realizaba mediante ese mecanismo.
Las remesas, uno de los objetivos que no se consolidó
Bukele defendió la adopción de Bitcoin como una herramienta para abaratar las transferencias de dinero que los salvadoreños residentes en el extranjero envían a sus familias. Las remesas tienen un peso considerable en la economía del país: representaron el 26,3 % del producto interno bruto en 2025.
No obstante, el uso de criptomonedas continuó siendo marginal frente a los canales tradicionales. Entre enero y abril de 2026, las remesas enviadas mediante billeteras de criptomonedas representaron apenas el 0,7 % del total recibido por El Salvador. Aunque ese flujo aumentó un 44,3 % frente al mismo periodo del año anterior, su participación siguió siendo reducida.
El proyecto también enfrentó dificultades para materializar algunas de sus promesas de inversión. Los denominados bonos volcán, anunciados para financiar proyectos relacionados con Bitcoin, no llegaron a emitirse. Tampoco avanzó como se había proyectado Bitcoin City, la ciudad que debía aprovechar la energía geotérmica para la minería de criptomonedas.
A esos obstáculos se sumó la volatilidad del activo digital. En 2022, Bitcoin perdió más del 60 % de su valor, lo que expuso los riesgos de comprometer recursos públicos en un instrumento cuyo precio puede registrar fuertes variaciones.
El acuerdo con el FMI cambió las reglas
En diciembre de 2024, El Salvador acordó con el Fondo Monetario Internacional un programa de financiamiento por US$1.400 millones. El entendimiento incluyó compromisos destinados a reducir los riesgos fiscales asociados con Bitcoin y modificar el alcance de la política gubernamental.
En enero de 2025, la Asamblea Legislativa reformó la Ley Bitcoin. Con los cambios, la aceptación de la criptomoneda pasó a ser voluntaria y dejó de tener el carácter obligatorio que había distinguido al proyecto original.
La política, sin embargo, no desapareció por completo. Según la información publicada por BBC Mundo el 12 de octubre de 2026, El Salvador conservaba una reserva de 7.798,37 bitcoins, valorada entonces en aproximadamente US$636 millones. La publicación también señaló que, en septiembre de ese año, la participación mayoritaria y el control de Chivo Wallet habían sido transferidos a un operador privado.
El FMI indicó que las adquisiciones recientes de Bitcoin se habían financiado mediante donaciones privadas y mencionó el compromiso del Gobierno de no realizar nuevas inversiones fuera de las condiciones acordadas. Pese a ello, persistían interrogantes sobre el origen de esas donaciones y los mecanismos de control de los recursos.
Un impacto económico cuestionado
Para el economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, el proyecto no cumplió su objetivo de extender el uso de Bitcoin entre la población. Frank Muci, investigador de la London School of Economics, también cuestionó que la iniciativa hubiera producido un impacto macroeconómico significativo.
Desde una perspectiva más favorable, Samson Mow, director ejecutivo de JAN3 y promotor de los bonos volcán, sostiene que el marco regulatorio desarrollado en el país contribuyó a crear una industria de activos digitales.
El experimento dejó, por tanto, resultados dispares. El Salvador obtuvo visibilidad internacional como laboratorio de adopción de criptomonedas y mantuvo una reserva de Bitcoin, pero no logró convertirlo en un medio de pago de uso generalizado ni consolidar varias de las iniciativas de inversión anunciadas.
Cinco años después de su lanzamiento, la experiencia de Bukele muestra los límites de una política estatal orientada a impulsar una criptomoneda por decreto: la promoción gubernamental y los incentivos económicos no bastaron para garantizar su adopción masiva. La iniciativa cambió de rumbo bajo la presión de los compromisos financieros internacionales, mientras su impacto económico continúa siendo objeto de debate.
