La concesión del estadio El Campín, a cargo de Sencia, enfrenta varios cuestionamientos relacionados con el estado de la gramilla, los recursos asociados a los conciertos de BTS, la utilización de césped proveniente del Parque La Florida y el alcance de las obras culturales contempladas en el proyecto de renovación del complejo deportivo y de entretenimiento de Bogotá.
Las controversias cobraron fuerza después de que el partido entre Millonarios y Once Caldas, previsto para el 13 de octubre de 2026, fuera cancelado debido a las condiciones de la cancha. El episodio abrió nuevas preguntas sobre los trabajos realizados después de los conciertos de BTS, celebrados los días 2 y 3 de octubre, y sobre la supervisión que ejerce el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) al contrato de asociación público-privada (APP).
Las críticas no se limitan al mantenimiento del terreno de juego. Concejales de Bogotá también han solicitado explicaciones sobre la valoración del césped retirado del Parque La Florida, los costos asociados a la estructuración de la concesión y las diferencias entre los espacios para la Orquesta Filarmónica de Bogotá que se anunciaron al presentar el proyecto y los que, según declaraciones recientes del director del IDRD, quedaron contemplados en el contrato.
Los recursos asociados a los conciertos de BTS
Uno de los principales interrogantes gira alrededor de los recursos destinados al mantenimiento de la gramilla del Campín después de los conciertos de BTS. El concejal Juan David Quintero pidió explicaciones sobre una cifra de 900.000 dólares, equivalente a varios miles de millones de pesos, que relacionó con los trabajos posteriores a los espectáculos.
Durante una visita de control político, Mauricio Hoyos Holguín, CEO de Sencia, se refirió a los ingresos generados por el alquiler del estadio para los conciertos y señaló que el valor total era superior a esa suma. Sin embargo, indicó que no tenía a mano el desglose de las cifras para precisar cuánto correspondía a cada concepto.
Sencia ha explicado que el contrato para los espectáculos en El Campín se celebró con la promotora Páramo y que el alquiler del escenario incluye componentes relacionados con el mantenimiento de la gramilla y de la infraestructura. No obstante, la discusión pública ha puesto el foco en la necesidad de conocer cuánto dinero se destinó específicamente a recuperar el césped, qué trabajos se ejecutaron y cuáles fueron sus costos.
El deterioro de la cancha y la posterior cancelación del encuentro entre Millonarios y Once Caldas aumentaron las dudas sobre la eficacia de las labores de recuperación. El IDRD anunció revisiones sobre el cumplimiento de las obligaciones de Sencia, mientras que los concejales han reclamado información detallada sobre los recursos involucrados.
La grama del Parque La Florida y la contraprestación al Distrito
Otro de los frentes de la controversia corresponde al césped retirado del Parque La Florida para intervenir la cancha de El Campín. De acuerdo con la explicación del IDRD, la extracción se autorizó mediante un permiso temporal de uso a la empresa Equiver, en el marco de un proyecto presentado como un laboratorio de innovación para probar técnicas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural.
La entidad informó que las intervenciones abarcaron 20.180 metros cuadrados en las canchas 6, 8 y 9 del parque. Como parte de las obligaciones asociadas al permiso, se estableció la nivelación y recuperación de las zonas intervenidas, mediante una contraprestación en especie y sin desembolso directo de recursos públicos, según la información divulgada por el Distrito.
El IDRD estimó en 444 millones de pesos el costo de esas actividades de recuperación. Sin embargo, en las discusiones públicas también han circulado cifras cercanas a 488 millones de pesos, lo que hace necesario diferenciar el valor atribuido al material extraído, el costo de las obras de recuperación y el monto total de las obligaciones pactadas.
El cuestionamiento planteado por concejales es si la contraprestación acordada corresponde al valor real del césped utilizado y si las obligaciones de reposición compensan adecuadamente el uso de un bien público. Para resolver esa discusión se requiere conocer la valoración técnica del material, las cantidades efectivamente retiradas y entregadas, las condiciones del permiso y los informes sobre la recuperación de las canchas.
Dudas sobre los costos de estructuración de la APP
Los cuestionamientos también se extienden al proceso que condujo a la concesión para renovar El Campín. El proyecto comenzó a tomar forma durante la administración de Enrique Peñalosa y avanzó a través de distintas etapas administrativas hasta la firma del contrato definitivo, en junio de 2024, durante la alcaldía de Claudia López.
Durante los debates de control político, concejales han solicitado explicaciones sobre los costos de estructuración y el reconocimiento de sumas superiores a los 20.000 millones de pesos asociadas a los estudios del proyecto. También han planteado preguntas sobre las diferencias entre la sociedad que originó la iniciativa privada y la compañía que terminó suscribiendo el contrato de concesión.
La discusión apunta a determinar qué estudios fueron elaborados, cuáles fueron aceptados por el Distrito, qué costos se reconocieron y cómo se justificaron las decisiones económicas que quedaron plasmadas en el contrato. Son asuntos que requieren revisar los documentos de prefactibilidad y factibilidad, los soportes de los gastos, las evaluaciones realizadas por las entidades distritales y la versión definitiva del acuerdo.
En este contexto, también se han presentado cuestionamientos sobre el tránsito de funcionarios entre el sector público y empresas privadas vinculadas a proyectos de APP. Los críticos han pedido verificar las funciones desempeñadas, las fechas de vinculación y las eventuales restricciones aplicables. No obstante, la existencia de esos interrogantes no equivale a que se haya demostrado un conflicto de intereses o una irregularidad contractual.
La revisión del proceso resulta relevante porque el proyecto implica el aprovechamiento de un escenario público durante un periodo prolongado y compromete obligaciones económicas, urbanísticas, deportivas y culturales que deben ser verificables.
La Filarmónica y los espacios culturales que están en discusión
Uno de los puntos más sensibles es el futuro de la Orquesta Filarmónica de Bogotá dentro del complejo que construirá y administrará Sencia.
Cuando se presentó el proyecto de renovación, en 2024, la información divulgada por el IDRD incluyó un auditorio sinfónico destinado a la Filarmónica, con una sala principal para más de 2.000 espectadores y una sala alterna. La propuesta también mencionaba 46 ensayos anuales para la orquesta.
Sin embargo, en octubre de 2026, el director del IDRD, Daniel García Cañón, afirmó que el contrato no contempla una sede permanente para la Filarmónica en los términos que se habían anunciado. Según su explicación, el compromiso incluye 46 sesiones para presentaciones de la agrupación y una bodega de 80 metros cuadrados para almacenar instrumentos. El funcionario agregó que el espacio institucional previsto como sede dentro del proyecto corresponde al propio IDRD.
La diferencia entre ambas descripciones ha generado dudas sobre el alcance real de las obligaciones de Sencia. La presentación inicial del complejo hablaba de un auditorio sinfónico con características específicas, mientras que la explicación reciente del director del instituto describe un compromiso que, según sus declaraciones, se limita a determinadas sesiones y a un espacio de almacenamiento.
Para establecer si el auditorio y la sala alterna serán construidos, es necesario examinar la minuta contractual, sus anexos técnicos, los planos aprobados, los estudios de factibilidad y las eventuales modificaciones. Esos documentos permitirán determinar qué infraestructura cultural quedó incorporada como obligación exigible al concesionario y qué elementos correspondieron a anuncios generales del proyecto.
La diferencia es importante para la política cultural de Bogotá: una programación de conciertos dentro de un escenario privado no equivale necesariamente a contar con una sede institucional permanente, con espacios propios para ensayos, almacenamiento, trabajo artístico y actividades administrativas.
Investigaciones y responsabilidades pendientes
La controversia ha motivado solicitudes de información y actuaciones de control sobre el mantenimiento de El Campín y el aprovechamiento del césped del Parque La Florida. La Personería de Bogotá anunció una investigación disciplinaria relacionada con el seguimiento de contratos y obligaciones vinculadas a estos asuntos, mientras que la Contraloría distrital abrió una indagación preliminar para establecer si pudieron producirse afectaciones al patrimonio público.
Por su parte, el IDRD ha señalado que el contrato de concesión del Campín contempla mecanismos para exigir el cumplimiento de los indicadores de calidad y aplicar las medidas contractuales correspondientes cuando se configuren incumplimientos.
Estas actuaciones no constituyen, por sí mismas, una declaración definitiva de responsabilidad. Su alcance es determinar si las obligaciones contractuales se cumplieron, si la supervisión distrital fue adecuada y si existen elementos que justifiquen medidas disciplinarias, fiscales o contractuales.
La discusión sobre Sencia reúne así cinco asuntos que requieren verificaciones independientes: el destino de los recursos relacionados con los conciertos de BTS, la valoración del césped retirado de La Florida, los costos de estructuración de la APP, la supervisión del contrato y el alcance de las instalaciones culturales anunciadas para la Filarmónica.
Más allá de las explicaciones públicas de la concesionaria y del Distrito, la respuesta definitiva depende de los documentos contractuales, los informes técnicos y los resultados de las actuaciones de control. La cuestión de fondo es establecer si Bogotá está recibiendo las contraprestaciones, la infraestructura y los servicios que se comprometieron en el proyecto de renovación de El Campín.
