Santiago Peña presentó este jueves 5 de noviembre su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank y de un proceso de juicio político que avanzaba en el Congreso. La decisión puso fin a una semana de creciente presión sobre el mandatario, cuestionado por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario de la entidad financiera.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Peña afirmó que dejaba el cargo para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a los paraguayos si en algún momento había defraudado su confianza y manifestó que su prioridad era garantizar la devolución de los recursos de quienes depositaron sus ahorros en el sistema financiero.
La renuncia se produjo mientras la Cámara de Diputados debatía una acusación para someterlo a juicio político. La crisis había debilitado al Gobierno y generado cuestionamientos incluso dentro del Partido Colorado, la organización política que llevó a Peña al poder en agosto de 2023 y que, según reportes de prensa, terminó retirándole su respaldo.
Minutos después del anuncio presidencial, la Cámara de Diputados votó por unanimidad, con 78 votos a favor y ninguno en contra, la acusación para iniciar el juicio político. La decisión debía pasar al Senado, donde se requería una mayoría de dos tercios para aprobar la destitución. El Congreso también debía tramitar formalmente la renuncia y la sucesión presidencial.
El vicepresidente Pedro Alliana quedó llamado a asumir la jefatura del Estado y completar el periodo constitucional, previsto hasta agosto de 2028. La salida de Peña, por tanto, no fue solamente una decisión individual: abrió un proceso institucional en medio de una de las mayores crisis financieras y políticas que ha enfrentado Paraguay en los últimos años.
El detonante fue la situación de Ueno Bank, una entidad de rápido crecimiento que llegó a tener cerca de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. El Banco Central del Paraguay dispuso el 2 de noviembre iniciar su procedimiento de resolución, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación.
La decisión fue anunciada oficialmente el 3 de noviembre. Según el Banco Central, la insuficiencia se constató después de realizar ajustes a los estados financieros de la entidad durante un proceso de regularización. La autoridad financiera sostuvo que el procedimiento buscaba proteger a los depositantes, preservar los activos y atender el caso sin poner en riesgo al conjunto del sistema bancario.
El problema no se limitaba a una falta temporal de liquidez. Las investigaciones y revisiones regulatorias apuntaron a préstamos riesgosos, operaciones con empresas vinculadas al grupo propietario, documentación deficiente y activos contabilizados de manera incorrecta. Los ajustes a los estados financieros dejaron al banco con un nivel de capital inferior al mínimo legal.
La intervención paralizó las operaciones de la entidad y dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas, tarjetas y servicios digitales. Entre los afectados había trabajadores que recibían sus salarios por medio del banco, jubilados y personas que dependían de esos recursos para sus gastos cotidianos. La situación provocó protestas y reclamos frente a las oficinas de la entidad y las autoridades financieras.
La crisis adquirió una dimensión pública mayor por el volumen de recursos que Ueno administraba. Según reportes de Reuters y Associated Press, el banco tenía entre 800 y 850 millones de dólares en depósitos de organismos públicos, incluidos recursos relacionados con fondos de pensiones y salud. Una parte importante correspondía al Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona prestaciones para trabajadores paraguayos.
La exposición de recursos públicos convirtió el caso en un problema que trascendía a los clientes privados de la entidad. La discusión pasó a incluir las decisiones de los organismos estatales que depositaron dinero en Ueno, los controles aplicados por las autoridades y la responsabilidad de quienes debían vigilar la situación financiera del banco.
El Banco Central informó que los depósitos contaban con una garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por persona o empresa en cada entidad financiera. Sin embargo, los saldos que superaran ese límite requerían mecanismos adicionales para procurar su recuperación. La incertidumbre sobre esos recursos alimentó la preocupación de los ahorradores.
La relación de Peña con Ueno fue uno de los elementos que transformó la crisis bancaria en un escándalo político. El mandatario había sido accionista de Grupo Vázquez, conglomerado propietario de la entidad, hasta marzo o abril de 2025, según los reportes publicados sobre la venta de sus participaciones. Aunque ya no tenía esas acciones cuando estalló la intervención, su vínculo anterior abrió interrogantes sobre posibles conflictos de interés durante su Gobierno.
Uno de los puntos más cuestionados fue la relación entre el banco y el Instituto de Previsión Social. En 2024 se conoció que el IPS había adquirido bonos de Ueno por 250.000 millones de guaraníes, una operación que equivalía entonces a unos 32 millones de dólares. La decisión ya había generado preguntas sobre la conveniencia de colocar recursos previsionales en una entidad vinculada al entorno empresarial del presidente.
También quedó bajo escrutinio el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central. Antes de ocupar ese cargo, Carvallo había dirigido Financiera Ueno, antecesora de la entidad bancaria. El funcionario presentó su renuncia el 3 de noviembre, a petición de Peña, cuando ya estaba en marcha el procedimiento de resolución. Su salida intensificó las preguntas sobre la independencia de la supervisión financiera.
La oposición acusó al Gobierno de posibles conflictos de interés, fallas de vigilancia y manejo inadecuado de recursos públicos. Esas denuncias alimentaron el intento de juicio político. Sin embargo, los señalamientos políticos no equivalen a una demostración de responsabilidad penal del presidente: las investigaciones deben establecer qué decisiones se tomaron, quiénes participaron y si existieron conductas ilegales.
La Fiscalía también abrió una investigación sobre las operaciones de la entidad. Ocho directivos y ejecutivos fueron detenidos, entre ellos figuras vinculadas a la propiedad y administración del banco, mientras las autoridades avanzaban en actuaciones contra otras personas relacionadas con el caso. Las detenciones y las imputaciones hacen parte de un proceso judicial en curso y no constituyen condenas.
La crisis tuvo además consecuencias sobre la imagen económica de Paraguay. Ueno era una entidad con una fuerte presencia en el mercado financiero y una marca visible en actividades deportivas y comerciales. Su intervención puso a prueba la confianza de los usuarios y abrió un debate sobre la capacidad de los organismos reguladores para supervisar bancos de rápido crecimiento y operaciones con empresas relacionadas.
El episodio resulta especialmente llamativo por el momento que atravesaba el país. En los meses anteriores, Paraguay había ganado visibilidad como destino de empresarios y ciudadanos brasileños que buscaban trasladar sus actividades o establecerse fuera de Brasil. Algunos de ellos se identificaban con el bolsonarismo y expresaban su rechazo al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que buscaría la reelección en los comicios de octubre de 2026.
Ese fenómeno fue descrito por BBC News Brasil como la búsqueda del «sueño de la derecha». En abril, el medio documentó largas filas de brasileños en Ciudad del Este para tramitar la residencia. Los entrevistados mencionaron razones ideológicas, pero también ventajas económicas: impuestos más bajos, menores costos para emprender y la percepción de que Paraguay ofrecía un entorno más favorable para los negocios que el Brasil gobernado por Lula.
La motivación política aparecía mezclada con decisiones económicas y familiares. Algunos de los brasileños entrevistados por la BBC manifestaron temor a la continuidad de Lula y dijeron que querían sacar sus negocios de la influencia de su Gobierno. Otros buscaban una vida con menos impuestos o una alternativa para sus empresas y ahorros. El reportaje, sin embargo, no estableció que se hubiera producido un traslado masivo de depósitos bancarios ni cuantificó una salida de capitales motivada exclusivamente por razones políticas.
La dimensión migratoria sí tuvo cifras relevantes. Según el reportaje de BBC News Brasil, durante 2025 se presentaron alrededor de 23.500 solicitudes de residencia de ciudadanos brasileños en Paraguay, aunque solo 4.600 correspondieron a residencia permanente. En los primeros meses de 2026 continuó el aumento de solicitudes. Los datos muestran el atractivo del país para parte de la población brasileña, pero también advierten que tramitar residencia no significa necesariamente instalarse de manera definitiva.
La coincidencia entre ese flujo de brasileños y la crisis de Ueno Bank no permite establecer una relación directa entre ambos fenómenos. No hay cifras públicas que demuestren que los ahorros de los migrantes brasileños terminaran masivamente en esa entidad ni que sus depósitos estuvieran detrás de su crecimiento. El «sueño de la derecha» ayuda a explicar una parte de la imagen de Paraguay como destino de inversión y residencia, pero no explica por sí mismo el colapso bancario.
La salida de Peña deja así dos asuntos centrales para las autoridades paraguayas: garantizar que los depositantes recuperen sus recursos y establecer las responsabilidades por las operaciones que llevaron a Ueno Bank a incumplir los requisitos de solvencia. También queda pendiente esclarecer si hubo decisiones políticas, omisiones regulatorias o conflictos de interés que facilitaron el crecimiento de los riesgos dentro de la entidad.
La renuncia no cierra esas preguntas. Por el contrario, la investigación financiera y judicial tendrá que determinar el alcance de las operaciones cuestionadas, el destino de los recursos públicos y el papel de los antiguos vínculos empresariales del mandatario. La crisis de Ueno Bank terminó precipitando la salida de Peña, pero sus consecuencias para la confianza en las instituciones paraguayas apenas comienzan a definirse.
