La política pública de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos para el periodo 2026-2035 quedó en el centro de una controversia institucional después de que la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitara a la Presidencia de la República iniciar el procedimiento para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026.
La petición fue presentada mediante un oficio fechado el 21 de septiembre y dirigido a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia. En el documento, la funcionaria pidió revisar integralmente la resolución y su anexo técnico, así como adoptar medidas para contener nuevas actuaciones relacionadas con su implementación mientras se estudia su eventual derogatoria.
La norma fue expedida el 10 de julio de 2026 y lleva las firmas de los entonces ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Trabajo, Antonio Sanguino; Educación, José Daniel Rojas, y la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona. Su publicación se hizo en el Diario Oficial 53.549 y entró en vigencia desde la fecha de expedición.
La resolución adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. Su propósito es articular la actuación de distintas entidades del Estado para promover y garantizar esos derechos, mediante acciones en los sectores de salud, educación, trabajo y cultura.
El documento contempla cinco ejes de intervención: transformación de normas sociales y de género; fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades institucionales; protección frente a las violencias; acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y protección de sujetos de especial protección constitucional.
Uno de los componentes que generó mayores cuestionamientos por parte de la actual ministra es la incorporación transversal de contenidos relacionados con sexualidad, género y derechos reproductivos en las instituciones educativas. La resolución contempla su inclusión en los proyectos educativos institucionales (PEI), los planes de estudio, las prácticas pedagógicas, la formación de docentes y los planes territoriales.
En su comunicación, Hoyos sostiene que la resolución no se limita a establecer una coordinación técnica entre entidades, sino que incorpora una determinada concepción sobre sexualidad, género y derechos reproductivos, y establece orientaciones que pueden traducirse en obligaciones para los establecimientos educativos.
La ministra plantea dudas sobre la competencia legal de los ministerios para establecer disposiciones de alcance curricular y pedagógico mediante una resolución conjunta. A su juicio, el instrumento podría exceder las facultades de las entidades que lo suscribieron y afectar la autonomía de las instituciones educativas.
Otro de los argumentos expuestos tiene que ver con el derecho de los padres y las familias a participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. El Ministerio considera que las disposiciones deben examinarse a la luz de las garantías constitucionales sobre libertad de enseñanza, autonomía escolar y elección de la educación.
La cartera también cuestiona que la política tenga un horizonte de implementación hasta 2035, pese a que fue adoptada al cierre del periodo de planeación gubernamental 2022-2026. Para la ministra, es necesario establecer si existía sustento jurídico y administrativo suficiente para comprometer a las entidades durante una década.
A esas observaciones se suma la preocupación por los compromisos de planeación y financiación. El Ministerio advierte que deben identificarse las fuentes de recursos, las apropiaciones presupuestales y las competencias de gasto que respaldarían las acciones previstas en la política.
Con base en esos reparos, Hoyos solicitó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia impulse una revisión integral y coordinada con los cuatro ministerios que expidieron la resolución. La intención es que, después de evaluar los cuestionamientos, se prepare el proyecto de derogatoria correspondiente.
La segunda petición consiste en que se expida una directiva presidencial para evitar que, mientras se adelanta la revisión, las entidades del Gobierno continúen desarrollando nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales, pedagógicas o de implementación cuyo fundamento sea la Resolución 1350.
La ministra también pidió conocer qué actuaciones se han adelantado hasta el momento para poner en marcha la política. La información permitiría establecer si existen compromisos institucionales, contratos, asignaciones presupuestales o acciones pedagógicas que puedan verse afectados por una eventual decisión de derogatoria.
Sin embargo, la solicitud no significa que la resolución haya perdido vigencia. El oficio constituye una petición dirigida a la Presidencia y no una decisión administrativa que derogue o suspenda automáticamente la norma. Para que deje de producir efectos se requiere una actuación formal de las autoridades competentes o una decisión judicial que ordene su suspensión o declare su nulidad.
La controversia también tiene un frente judicial. Ante el Consejo de Estado cursa una demanda de nulidad contra la Resolución 1350, en la que se han planteado cuestionamientos relacionados con las competencias de las entidades que la expidieron, el régimen curricular, la autonomía escolar y la legalidad del procedimiento. La existencia de esos argumentos no significa que el alto tribunal ya haya declarado ilegal la política.
En el debate público, uno de los pronunciamientos críticos provino de Caribe Afirmativo. La organización rechazó la solicitud de derogatoria y sostuvo que representa una amenaza para los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, educación integral para la sexualidad y construcción de entornos educativos libres de discriminación.
Para esa organización, la educación integral para la sexualidad no debe entenderse como una imposición ideológica, sino como una herramienta para prevenir las violencias sexuales, combatir la discriminación y facilitar que niñas, niños y adolescentes accedan a información científica y adecuada a sus edades.
Caribe Afirmativo también cuestionó que la autonomía escolar y el derecho de las familias sean utilizados para desconocer las obligaciones estatales en materia de igualdad, dignidad humana y no discriminación. La entidad pidió que cualquier revisión se adelante con transparencia, sustento técnico y participación de las poblaciones concernidas.
Una advertencia similar planteó Harold Andrés Castañeda-Peña, profesor e investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en una columna publicada en la Red de Expertos de La Silla Vacía. El académico señaló que derogar la resolución no elimina las obligaciones que tiene el Estado en materia de educación sexual.
Castañeda-Peña sostuvo que una revisión sobre la legalidad del instrumento no debería confundirse con el retiro de todos los mecanismos de política pública. En su análisis, si el Gobierno decide desmontar la resolución, también tendría que explicar qué herramientas reemplazarían las acciones de formación docente, asistencia técnica y acompañamiento a los territorios.
El debate también llegó al escenario político. El expresidente Gustavo Petro cuestionó la iniciativa de la ministra y advirtió sobre los posibles efectos de reducir el acceso a conocimientos relacionados con la sexualidad y los derechos reproductivos. Sus declaraciones reflejan una posición política frente a la controversia, pero no resuelven los cuestionamientos jurídicos planteados por el Ministerio.
En el otro lado de la discusión, los argumentos de la cartera educativa apuntan a que una política pública debe respetar las competencias legales de las entidades que la adoptan, así como las garantías de los establecimientos educativos y las familias. La revisión deberá determinar si las disposiciones de la resolución se ajustan al marco constitucional y legal.
No obstante, una eventual derogatoria no significaría que el Estado pueda dejar de impartir educación sexual en los colegios. La Ley 115 de 1994 establece la obligatoriedad de la educación sexual dentro de los procesos de formación, por lo que esa obligación tiene un fundamento legal independiente de la Resolución 1350. También permanecen vigentes los deberes estatales relacionados con la salud, la igualdad y la protección frente a las violencias.
Por eso, el alcance de una eventual decisión no se limitaría a retirar una resolución. El Gobierno tendría que precisar cómo garantizaría la continuidad de las obligaciones legales y de las acciones institucionales que buscan prevenir violencias, reducir la discriminación y facilitar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva.
La discusión tiene, además, una dimensión administrativa: la Resolución 1350 fue expedida conjuntamente por cuatro ministerios, de modo que su revisión y eventual derogatoria requieren evaluar la participación y las competencias de las entidades que la suscribieron. La solicitud de Educación abre ese proceso, pero no anticipa cuál será la posición de las demás carteras.
Hasta ahora, el escenario enfrenta dos preocupaciones distintas: por un lado, los cuestionamientos sobre la legalidad, el alcance curricular y la financiación de la política; por otro, el temor de organizaciones y académicos a que su retiro debilite instrumentos para garantizar derechos y prevenir violencias. La decisión que adopte el Gobierno deberá responder a ambos asuntos y aclarar qué medidas quedarían vigentes.
Mientras no exista un acto formal de derogatoria o una decisión judicial que suspenda sus efectos, la Resolución Conjunta 1350 de 2026 continúa vigente. La petición de la ministra Ilva Myriam Hoyos abrió una nueva etapa de revisión institucional, pero el futuro de la política dependerá de las decisiones administrativas y judiciales que se produzcan.
