La Corte Constitucional lanzó una advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella por las decisiones presupuestales que podrían afectar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. El alto tribunal recordó que el Estado tiene la obligación de cumplir lo pactado y que ninguna administración puede suspender, aplazar indefinidamente o desfinanciar sustancialmente ese proceso.
El pronunciamiento se produjo en medio de las decisiones del Ejecutivo de reducir los recursos destinados a algunas de las instituciones encargadas de desarrollar los compromisos del acuerdo, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para la Corte, las facultades del Gobierno en materia presupuestal y de organización administrativa tienen límites constitucionales cuando están en juego obligaciones derivadas de la implementación.
La advertencia se fundamenta en la Sentencia SU-020 de 2022, mediante la cual el tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI) por la vulneración masiva, generalizada y sistemática de los derechos fundamentales de los firmantes del Acuerdo de Paz. La decisión respondió a las dificultades persistentes del Estado para garantizar su seguridad y cumplir las medidas necesarias para su reincorporación.
Cuatro años después de esa determinación, la Corte considera que los problemas estructurales identificados siguen sin resolverse. El tribunal ha señalado que continúan las fallas de coordinación entre las entidades públicas, los obstáculos institucionales y las deficiencias en la respuesta estatal frente a las necesidades de quienes dejaron las armas en el marco del proceso de paz.
Uno de los elementos que dimensiona la gravedad de la situación es el número de firmantes asesinados desde la firma del acuerdo. De acuerdo con el visor de Indepaz citado en la información, desde 2017 han sido asesinados 527 excombatientes que suscribieron el compromiso de reincorporación a la vida civil.
En ese contexto, la Corte recordó que el Acuerdo Final no constituye una política de un gobierno particular, sino una política pública de Estado. Por esa razón, su implementación, desarrollo y seguimiento representan obligaciones para las autoridades y las entidades públicas, independientemente de los cambios de administración.
El tribunal reconoció que el Ejecutivo tiene autonomía para definir los mecanismos, las acciones y la distribución de los recursos con los que atenderá los compromisos. Sin embargo, precisó que esa facultad no puede utilizarse para desconocer las obligaciones constitucionales ni para adoptar decisiones que hagan inviable el cumplimiento de lo pactado.
En otras palabras, el Gobierno puede reorganizar sus prioridades y modificar la manera en que ejecuta los programas, pero no puede adoptar medidas regresivas que comprometan la implementación integral y progresiva del Acuerdo de Paz. Tampoco puede negar su cumplimiento, suspenderlo o aplazarlo indefinidamente.
La advertencia adquiere especial importancia por las decisiones presupuestales de la administración de De la Espriella. La reducción de recursos para entidades relacionadas con la implementación, sumada a las dificultades de coordinación institucional, encendió las alertas sobre la continuidad de los compromisos adquiridos con los firmantes.
La Corte también tuvo en cuenta informes de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría Delegada para el Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz. Esos documentos advirtieron sobre los recortes presupuestales, los bloqueos institucionales y los riesgos que pueden representar para la continuidad de las garantías de seguridad y reincorporación.
Entre las preocupaciones se encuentran las dificultades para coordinar las acciones de las entidades responsables, la disponibilidad de recursos para desarrollar los programas y la capacidad institucional para atender a la población firmante. Para el alto tribunal, estos obstáculos contribuyen a mantener las condiciones que motivaron la declaración del estado de cosas inconstitucional.
Por esa razón, la Corte solicitó al Gobierno incorporar en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo los objetivos, las metas y los recursos necesarios para superar esa situación. La planeación presupuestal, según el pronunciamiento, debe permitir que las obligaciones derivadas del Acuerdo tengan respaldo institucional y financiero.
Uno de los puntos de atención es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), instancia creada para coordinar y revisar el cumplimiento de lo pactado. La Corte pidió garantizar su continuidad y funcionamiento efectivo, así como la articulación entre los representantes del Gobierno y la delegación de los firmantes.
El tribunal también se refirió al Sistema Nacional de Reincorporación, encargado de coordinar las acciones institucionales para acompañar el tránsito de los excombatientes a la vida civil. En ese caso, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), como entidad que lidera el sistema, debe garantizar el funcionamiento efectivo del Subcomité de Articulación, Planificación y Seguimiento.
La capacidad de las instituciones responsables también quedó en el centro de las exigencias. La Corte señaló que el Estado debe garantizar la existencia de una entidad con recursos, personal, jerarquía y capacidad suficientes para coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.
Esta exigencia busca evitar que las responsabilidades queden dispersas entre distintas dependencias sin una instancia con suficiente autoridad para articularlas. La falta de coordinación ha sido uno de los problemas estructurales identificados por el tribunal desde la declaración del estado de cosas inconstitucional.
Las alertas no se limitan a la financiación de la JEP. También involucran los recursos y las condiciones necesarias para sostener los programas de reincorporación, los proyectos productivos, los espacios territoriales y las medidas de protección para los firmantes que enfrentan amenazas contra su vida.
En ese sentido, La Silla Vacía informó sobre cerca de 53.000 millones de pesos bloqueados en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Según ese medio, los recursos están relacionados con proyectos productivos, beneficios económicos, espacios territoriales y apoyos de traslado por razones de seguridad.
La disponibilidad de esos recursos resulta especialmente relevante ante las condiciones de seguridad que enfrenta la población firmante. Los asesinatos registrados desde 2017 y las dificultades para garantizar medidas de protección muestran que la implementación del Acuerdo no es solamente una discusión administrativa o presupuestal, sino también un asunto de derechos fundamentales.
La Corte estableció plazos de entre 20 y 30 días para que las entidades involucradas entreguen información actualizada y verificable sobre el cumplimiento de las órdenes. Con esos reportes, el tribunal podrá evaluar las medidas adoptadas y establecer si las instituciones están avanzando en la superación de los obstáculos identificados.
Entre los requerimientos está la presentación de información sobre el funcionamiento de las instancias de seguimiento, la articulación entre las entidades y las decisiones presupuestales que afectan la implementación. El propósito es que las respuestas del Gobierno no se limiten a compromisos generales, sino que permitan verificar acciones concretas.
La discusión también pone a prueba la relación entre las decisiones políticas del Ejecutivo y el control constitucional. Aunque el Gobierno tiene margen para definir su política presupuestal, la Corte recordó que ese margen no lo autoriza a desconocer obligaciones estatales ni a poner en riesgo los derechos de la población firmante.
El pronunciamiento no implica que el Ejecutivo deba mantener intactos todos los rubros presupuestales ni que tenga prohibido reorganizar las entidades encargadas de la implementación. Lo que establece es que cualquier modificación debe respetar los compromisos constitucionales y garantizar que existan recursos y capacidades para cumplirlos.
La advertencia representa un llamado de atención para la administración de De la Espriella, que deberá explicar cómo garantizará la continuidad del Acuerdo de Paz mientras adelanta sus ajustes presupuestales e institucionales. La obligación de cumplir lo pactado, recordó la Corte, no desaparece con el cambio de Gobierno.
El desafío para el Ejecutivo será demostrar que sus decisiones no representan un retroceso en la implementación y que cuentan con medidas suficientes para atender las garantías de seguridad, reincorporación y seguimiento. El alto tribunal mantendrá la vigilancia sobre las respuestas de las entidades y la evolución del estado de cosas inconstitucional.
Con este pronunciamiento, la Corte Constitucional vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad del Estado frente al Acuerdo de Paz de 2016. La administración puede definir cómo cumplirlo, pero no puede convertir los recortes presupuestales en un mecanismo para dejar de hacerlo.
