La Corte Constitucional volvió a llamar la atención del Congreso de la República por la falta de una regulación penal específica para sancionar la difusión no consentida de fotografías y videos íntimos. Mediante la Sentencia T-322 de 2026, la corporación reiteró que Colombia necesita establecer consecuencias penales para quienes divulguen este tipo de contenidos sin autorización de las personas involucradas, una conducta que puede vulnerar derechos fundamentales y convertirse en un mecanismo de intimidación, extorsión y violencia digital.
El pronunciamiento fue emitido por la Sala Segunda de Revisión, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, al estudiar una acción de tutela relacionada con las amenazas de divulgación de material íntimo de una mujer en Ibagué, Tolima. La decisión, además de conceder la protección constitucional solicitada, puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de que el Legislativo avance en una respuesta normativa frente a una problemática que afecta especialmente a las mujeres.
El caso involucró a una mujer identificada bajo el nombre ficticio de Ángela, quien desarrollaba una actividad económica lícita en la industria del entretenimiento para adultos. La accionante explicó que mantenía esa actividad bajo reserva para proteger su entorno familiar y evitar que su hija menor de edad quedara expuesta a situaciones de estigmatización o discriminación.
Según los hechos examinados por la Corte, su expareja, identificada como Esteban, habría accedido sin autorización a sus dispositivos electrónicos y archivos privados, de donde obtuvo videos de contenido íntimo. Posteriormente, ese material habría sido entregado a su actual pareja, identificada como Milena, quien comenzó a utilizarlo como mecanismo de presión contra la mujer.
La accionante sostuvo que recibió amenazas de divulgación de los videos entre sus familiares, conocidos y personas de su entorno social si no accedía a determinadas pretensiones. La situación se produjo en medio de una disputa de carácter sentimental y, según lo expuesto en la tutela, algunos contenidos ya habrían sido mostrados a terceras personas.
Para respaldar sus afirmaciones, la mujer presentó cuatro capturas de pantalla de conversaciones en las que aparecían las amenazas. El 22 de diciembre de 2025 acudió a la acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales y los de su hija, ante el riesgo de que el material fuera difundido y generara consecuencias sobre su vida personal y familiar.
La primera respuesta judicial fue desfavorable. El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué declaró improcedente la tutela el 7 de enero de 2026, al considerar que no estaban suficientemente determinadas las fechas de las amenazas y de la extracción del material privado. También señaló que la accionante podía acudir a otras instancias, como la Fiscalía General de la Nación, para denunciar los hechos.
Sin embargo, el expediente fue seleccionado posteriormente por la Corte Constitucional para revisión. La Sala Segunda encontró elementos suficientes para concluir que se habían vulnerado los derechos fundamentales de la mujer y su hija. Entre los aspectos relevantes estuvo el reconocimiento de Milena sobre la autoría de los mensajes amenazantes, así como la falta de acreditación de que los contenidos íntimos hubieran sido eliminados de manera definitiva.
Para la corporación, el riesgo no desaparecía por la sola manifestación de que no existía intención de divulgar los videos. Mientras los accionados conservaran el material, permanecía la posibilidad de utilizarlo para intimidar a la víctima o exponerla públicamente. Por eso, la protección constitucional debía incluir medidas concretas para eliminar las condiciones que permitían mantener la amenaza.
Uno de los elementos más importantes de la sentencia fue la precisión sobre la actividad económica de la accionante. La Corte estableció que trabajar en la industria del entretenimiento para adultos no reduce la protección constitucional de una persona ni justifica que terceros obtengan, utilicen o divulguen sus imágenes íntimas sin autorización. La actividad que desarrolla una mujer tampoco puede convertirse en argumento para responsabilizarla por las agresiones de las que es víctima.
La corporación también destacó que la situación no afectaba exclusivamente a la accionante. La posibilidad de que el material llegara a su entorno familiar representaba un riesgo para su hija menor de edad, cuyo interés superior debía ser considerado en las medidas de protección. La exposición de contenidos íntimos podía generar consecuencias de estigmatización y afectar sus derechos, aun cuando ella no fuera la protagonista de las imágenes.
En el análisis constitucional, la Corte reiteró que las personas tienen autonomía para decidir sobre su cuerpo, producir contenidos íntimos y establecer las condiciones bajo las cuales estos pueden compartirse. Estas decisiones están protegidas por derechos como la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la propia imagen. No obstante, la autorización para producir o compartir un contenido no representa un permiso ilimitado para que terceros lo distribuyan.
La sentencia establece que el consentimiento debe ser libre, claro e inequívoco, y que debe existir información suficiente sobre los usos, las finalidades y el alcance de la difusión del material. También debe contemplar las condiciones de su comercialización y distribución cuando corresponda. De esta manera, la autorización para compartir una imagen o un video no puede interpretarse como una renuncia permanente al control sobre esos contenidos.
La Corte hizo especial énfasis en que el consentimiento puede revocarse. Una persona que inicialmente autorizó la difusión de imágenes íntimas puede retirar posteriormente esa autorización y exigir que se detenga su circulación. Por tanto, haber compartido voluntariamente fotografías o videos no significa que se pierda para siempre el derecho a decidir sobre su utilización y divulgación.
El punto más trascendental del pronunciamiento está relacionado con el vacío de la legislación penal colombiana. La corporación advirtió que el ordenamiento jurídico no cuenta con un tipo penal que sancione de manera directa y específica la difusión no consentida de contenidos íntimos. Aunque algunas conductas relacionadas pueden investigarse mediante delitos existentes, esas disposiciones no necesariamente abarcan todas las particularidades de esta forma de violencia digital.
Entre las figuras que podrían tener aplicación, dependiendo de las circunstancias de cada caso, se encuentra la violación de datos personales, contemplada en el artículo 269F del Código Penal. También pueden entrar en consideración delitos como la extorsión y el constreñimiento ilegal cuando la obtención o utilización del material íntimo se acompaña de amenazas, exigencias o presiones contra la víctima. Sin embargo, la Corte considera que estas herramientas no sustituyen la necesidad de una regulación específica.
La diferencia es importante porque la divulgación no autorizada puede producir daños que no se limitan a la obtención ilegal de información o a las amenazas utilizadas para conseguir determinados comportamientos. La exposición de la intimidad puede afectar la dignidad, el buen nombre, la imagen, la autonomía y la vida familiar de las personas. Por esa razón, la corporación insiste en que el Congreso debe estudiar una respuesta penal que contemple directamente esta conducta.
La discusión legislativa ya tiene un antecedente concreto. La Corte recordó el Proyecto de Ley 247 de 2024 Senado y 359 de 2025 Cámara, iniciativa que contempla medidas de sensibilización, prevención, protección, reparación y penalización de la violencia de género digital. Entre sus propuestas se encuentra la creación del delito de distribución de material íntimo sexual sin consentimiento.
No obstante, el avance de esa iniciativa todavía no había permitido cerrar el vacío identificado por el alto tribunal. Según los antecedentes mencionados en la decisión, el proyecto había superado su segundo debate parlamentario el 8 de septiembre de 2025, sin que para el momento del pronunciamiento existiera una regulación definitiva que estableciera una sanción penal específica para la difusión no consentida de contenidos íntimos. De ahí que la Corte reiterara su llamado al Legislativo.
Para dimensionar el rezago normativo, la corporación también hizo referencia a experiencias internacionales. En México, la denominada Ley Olimpia contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes divulguen material íntimo sin consentimiento. España incorporó en 2015 a su Código Penal una figura relacionada con la difusión no consentida de imágenes íntimas obtenidas con anuencia de la víctima, mientras que Perú introdujo en 2017 una disposición penal para sancionar la divulgación no autorizada de este tipo de contenidos.
Además del exhorto legislativo, la Corte impartió órdenes específicas para reparar la vulneración de los derechos de la accionante. Dispuso que los involucrados eliminaran, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, todos los videos, imágenes y contenidos íntimos que conservaran. La obligación comprende los archivos almacenados en dispositivos electrónicos, medios físicos, servicios de mensajería, correos electrónicos, plataformas digitales y sistemas de almacenamiento en la nube.
La corporación también ordenó que los accionados se abstengan de publicar, reproducir, comercializar, entregar o mostrar esos contenidos a terceras personas. Para verificar el cumplimiento, el juzgado de primera instancia deberá convocar una diligencia en la que se compruebe la eliminación del material. Los involucrados deberán declarar bajo juramento que no conservan copias y que no han compartido los archivos con otras personas.
En caso de que los accionados no asistan injustificadamente a la diligencia, el juzgado podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la orden e iniciar el correspondiente trámite de desacato. La decisión también contempla el envío de copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes, mientras que la Defensoría del Pueblo deberá acompañar a la accionante en los procesos penales que se deriven de los hechos.
Las instrucciones institucionales no se limitaron al Congreso. La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborar conjuntamente, en un plazo de seis meses desde la notificación, una guía digital para prevenir la difusión no consentida de contenidos íntimos. El documento deberá explicar las diferentes formas de violencia asociadas a estas prácticas, los riesgos de la exposición de imágenes explícitas, las medidas de autoprotección y los criterios constitucionales para determinar la validez del consentimiento.
También reiteró un exhorto al Consejo Superior de la Judicatura para que, junto con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, elabore un protocolo para el manejo de material probatorio sensible. El propósito es evitar que las fotografías, videos y demás elementos utilizados en procesos judiciales terminen convirtiéndose en nuevas fuentes de vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen de las víctimas.
La Sentencia T-322 de 2026 se suma a la línea jurisprudencial que la Corte viene construyendo sobre violencia digital y difusión no consentida de contenidos íntimos. En junio de ese mismo año, mediante la Sentencia T-184 de 2026, la Sala Segunda de Revisión había estudiado el caso de una mujer de 19 años cuyos videos íntimos fueron difundidos en plataformas digitales por quien había sido su compañero sentimental. En esa oportunidad también se protegieron sus derechos fundamentales y se reiteró que la autorización para compartir material íntimo puede revocarse.
La reiteración del llamado al Congreso demuestra que la preocupación de la Corte no está relacionada únicamente con la solución de casos individuales. La corporación busca que el país avance hacia un marco normativo que permita prevenir estas agresiones, proteger a las víctimas y establecer consecuencias proporcionales para quienes utilizan la intimidad de otras personas como instrumento de presión, intimidación o exposición pública. Mientras no exista una regulación específica, las víctimas deberán acudir a mecanismos constitucionales y a figuras penales que pueden resultar insuficientes para abarcar todas las dimensiones del problema.
Con este nuevo pronunciamiento, la Corte Constitucional vuelve a trasladar al Legislativo la responsabilidad de cerrar un vacío que lleva varios años identificado por la jurisprudencia. La sentencia no crea un delito ni establece por sí misma nuevas penas, pues esa competencia corresponde al Congreso, pero sí fija una advertencia institucional: la difusión no consentida de contenidos íntimos exige una respuesta jurídica específica. El desafío será convertir los exhortos judiciales y las iniciativas legislativas en una regulación efectiva que proteja la intimidad, la autonomía y la dignidad de las personas en los entornos digitales.
