Carrascal cuestiona trámite tributario de De La Espriella Lawyers y el bufete anuncia acciones legales

Según la información que la congresista dijo haber recibido, la representante legal suplente de la firma, Lilian María Pineda Aruachán, otorgó un poder especial a Velásquez para adelantar el trámite. Pineda es hermana de la primera dama, Ana Lucía Pineda, de acuerdo con los reportes periodísticos - Foto: Cámara de Representantes

Según la información que la congresista dijo haber recibido, la representante legal suplente de la firma, Lilian María Pineda Aruachán, otorgó un poder especial a Velásquez para adelantar el trámite. Pineda es hermana de la primera dama, Ana Lucía Pineda, de acuerdo con los reportes periodísticos - Foto: Cámara de Representantes

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal denunció un posible conflicto de interés relacionado con el actual director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes, y un acuerdo de pago gestionado para De La Espriella Lawyers Enterprise, firma fundada por el presidente Abelardo De La Espriella. El bufete anunció acciones legales contra la congresista.

El cuestionamiento se refiere a una facilidad de pago por obligaciones de IVA y retenciones en la fuente. Carrascal sostiene que Velásquez habría actuado como apoderado de la empresa ante la DIAN antes de ser nombrado director de esa entidad.

Según la información que la congresista dijo haber recibido, la representante legal suplente de la firma, Lilian María Pineda Aruachán, otorgó un poder especial a Velásquez para adelantar el trámite. Pineda es hermana de la primera dama, Ana Lucía Pineda, de acuerdo con los reportes periodísticos.

La cronología que Carrascal expuso ubica la solicitud inicial el 22 de junio de 2026, el poder el 26 de junio y la presentación formal del trámite por Velásquez el 3 de julio. La congresista afirmó que la facilidad de pago se formalizó cuatro días después, por un plazo de 12 meses.

Carrascal calculó las obligaciones pendientes en cerca de 1.300 millones de pesos, correspondientes a distintos periodos de 2025 y 2026. La DIAN no confirmó públicamente ese monto: señaló que el expediente de cobro está sujeto a reserva tributaria.

El punto político de la denuncia es que Velásquez pasó de representar a una empresa ante la autoridad tributaria a dirigir esa misma entidad. Carrascal pidió explicaciones sobre esa transición y sobre la situación de las obligaciones tributarias de la firma.

La representante también preguntó por qué la empresa habría solicitado el acuerdo y cuál fue el destino del IVA cobrado a sus clientes. Esas preguntas no constituyen por sí mismas prueba de irregularidad; buscan aclarar la conducta tributaria de la compañía y el papel que tuvo quien luego asumió la dirección de la DIAN.

La DIAN respondió que la solicitud fue presentada y aprobada por funcionarios de la administración anterior, en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. La entidad afirmó que el trámite se resolvió antes de que Velásquez asumiera como director general.

Según la DIAN, Velásquez tomó posesión el 12 de agosto de 2026. La entidad añadió que el director general no tiene competencia para aprobar ni revisar facilidades de pago; esas funciones corresponden a otros funcionarios de las direcciones seccionales, conforme a la distribución establecida en el Decreto 1742 de 2020.

La respuesta institucional delimita quién tomó la decisión administrativa, pero no resuelve por sí sola todas las preguntas sobre la intervención previa de Velásquez como abogado de la firma ni sobre eventuales deberes de declaración o impedimento. La DIAN defendió el procedimiento y su distribución de competencias; no publicó los documentos del caso.

La entidad invocó la reserva legal que protege los expedientes de cobro y explicó que solo pueden consultarlos el contribuyente, su apoderado o los abogados debidamente autorizados. La reserva busca proteger información tributaria, pero también vuelve relevante aclarar cómo se obtuvo y divulgó la documentación que dio origen a la denuncia.

De La Espriella Lawyers calificó las afirmaciones de Carrascal como contrarias a la realidad y acusó a la congresista de llevar a la firma a una controversia política. Anunció que solicitará a las autoridades investigar el origen de la información divulgada y las posibles responsabilidades por su publicación.

El bufete también sostuvo que De La Espriella ya no ejerce funciones de administración, dirección o decisión en la sociedad y que no es socio ni accionista. Presentó a la firma como una empresa privada e independiente del Gobierno. Estas son afirmaciones de la compañía; no zanjan la pregunta sobre la actuación del abogado Velásquez antes de su nombramiento.

Por ahora, el bufete anunció acciones legales, pero los reportes consultados no confirman que ya haya presentado una demanda contra Carrascal. La diferencia importa: el anuncio expresa la intención de acudir a las autoridades, pero no equivale a un proceso judicial iniciado ni a una decisión sobre la conducta de la congresista.

La controversia tiene dos asuntos que deben examinarse por separado: si el acuerdo tributario se tramitó conforme a las reglas y si Carrascal podía divulgar la información que utilizó. La respuesta a uno no determina automáticamente la respuesta al otro.

En el primer frente, los datos cruciales son las fechas, el alcance del poder otorgado a Velásquez, quién evaluó y aprobó la solicitud y si existía alguna obligación de revelar o gestionar un posible impedimento al asumir la dirección de la DIAN. La entidad afirma que el director no tenía competencia sobre esas decisiones.

En el segundo, se debe establecer si los documentos difundidos están efectivamente cubiertos por reserva y cómo llegaron a manos de la congresista. La reserva tributaria no permite concluir automáticamente que toda referencia pública a un trámite sea ilícita; tampoco la condición de congresista exime de aclarar el origen y manejo de información protegida.

El trasfondo es especialmente sensible porque involucra a la autoridad encargada de recaudar impuestos y a una firma relacionada con el presidente. La apariencia de independencia institucional importa, incluso cuando la DIAN sostiene que el acuerdo fue decidido por funcionarios distintos a su director actual.

Carrascal plantea que la actuación previa de Velásquez amerita explicaciones; la DIAN responde que el acuerdo se aprobó antes de su posesión y que él no tenía competencia para decidirlo; el bufete rechaza la denuncia y amenaza con acciones legales. Hasta ahora, no hay una decisión que establezca que existió conflicto de interés o que Carrascal haya incurrido en una infracción.

La información que falta es decisiva: el detalle verificable de la representación legal, el acto de aprobación del acuerdo y la norma específica que regiría cualquier impedimento al asumir el cargo. Sin esos elementos, el caso permanece en el terreno de una denuncia política, una respuesta administrativa y una advertencia legal.

El desenlace dependerá de si las autoridades autorizadas revisan el trámite y de si la firma presenta acciones contra la congresista. Mientras tanto, la pregunta pública central sigue siendo cómo garantizar que las decisiones de la DIAN sean imparciales y transparentes, y al mismo tiempo proteger la reserva de los contribuyentes.

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