El llamado caso de la “chatarra” vuelve al centro de la discusión pública por una razón concreta: la investigación penal que involucra a Jaime Andrés Beltrán, actual ministro de Vivienda y exalcalde de Bucaramanga, acaba de pasar a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El traslado ocurrió por el fuero adquirido por el funcionario al llegar al Gobierno nacional, no por una decisión que haya establecido su responsabilidad.
Pero el cambio de despacho también permite volver sobre una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué ocurrió realmente con miles de elementos del alumbrado público que estaban bajo custodia municipal y salieron de dos bodegas durante 2024?
La denuncia penal fue presentada el 2 de agosto de 2024 por Emiro Arias Bueno y Édgar Mauricio Díaz Millán contra Beltrán y otros funcionarios. El delito señalado fue el presunto peculado por apropiación, una hipótesis que la Fiscalía todavía debe investigar y demostrar o descartar.
La controversia comenzó alrededor de las luminarias reemplazadas durante los procesos de modernización del alumbrado público de Bucaramanga. Parte de esos elementos terminó almacenada en las bodegas La Hormiga y Villas de San Ignacio, donde debían permanecer bajo custodia mientras se definía su destino.
El primer problema aparece precisamente en el inventario. La administración Beltrán sostuvo que durante el empalme no recibió formalmente un inventario completo de luminarias, postes, cables y otros elementos procedentes de proyectos anteriores. Esa versión fue recogida también en el proceso de responsabilidad fiscal.
La explicación plantea una pregunta inevitable: si no existía un inventario confiable, ¿cómo podía la administración determinar qué bienes estaban bajo su custodia y controlar posteriormente sus movimientos?
La Contraloría encontró que el problema no se reducía a una deficiencia documental. En el proceso fiscal aparecen bitácoras de ingreso y salida de las bodegas, documentos y entrevistas que permitieron establecer que materiales de alumbrado salieron durante 2024, cuando Beltrán ya ejercía como alcalde.
Según la reconstrucción publicada por Cambio, entre el 5 de abril y el 25 de mayo de 2024 fueron rastreados 49 retiros de material. El dato no demuestra por sí mismo quién cometió una eventual apropiación, pero sí permite ubicar una parte sustancial de los movimientos investigados dentro de la administración Beltrán.
Hay además un elemento particularmente sensible: algunos registros mencionados en la investigación ubican a Edgardo Rodríguez como una persona que intervenía en las autorizaciones de salida. Según documentos citados por Cambio, su contrato comenzó el 21 de febrero de 2024, mientras que su nombre ya aparecía relacionado con autorizaciones desde el 6 de febrero.
Si esa reconstrucción es correcta, surge una cuestión administrativa de fondo: ¿por qué una persona que todavía no tenía contrato formal podía intervenir en el movimiento de bienes públicos? La respuesta no corresponde establecerla a partir de una publicación periodística, sino mediante los documentos contractuales y las actuaciones de los organismos de control.
Rodríguez se convirtió posteriormente en uno de los testimonios relevantes de la investigación. Según lo recogido por la Contraloría y divulgado por medios de comunicación, afirmó que había recibido instrucciones relacionadas con el manejo de los materiales.
En una de las líneas más delicadas del expediente aparece Hernán Villamizar, entonces asesor de la administración, y Óscar Ramírez Luquerna, cuñado de Beltrán. Según el testimonio atribuido a Rodríguez, Villamizar le habría indicado que parte del material estaba destinado a Ramírez. Esa afirmación es una pieza de investigación, no una conclusión judicial.
También fueron divulgadas conversaciones atribuidas a Rodríguez y Ramírez en las que se habla del retiro de lámparas, guacales y otros materiales. Los audios fueron entregados a la Fiscalía por uno de los denunciantes, según la investigación de Cambio.
La existencia de esas conversaciones plantea una pregunta diferente de la responsabilidad penal: ¿por qué una persona que no formaba parte formal de la administración municipal aparecía conversando con un funcionario o contratista sobre el retiro de bienes almacenados en instalaciones públicas?
La respuesta tampoco está resuelta. La defensa de Beltrán ha cuestionado que esas comunicaciones permitan demostrar una orden del alcalde o una apropiación de bienes en su beneficio. Por ello, el verdadero valor probatorio de esos elementos tendrá que ser determinado dentro de la investigación penal.
La Contraloría encontró además que los materiales no podían ser tratados simplemente como residuos cuya disposición quedara a criterio de funcionarios o particulares. El organismo sostuvo que para retirar bienes públicos era necesario realizar los procedimientos internos correspondientes, incluida su baja formal y la definición de su destino.
Ese hallazgo cambia el centro de la discusión. El asunto ya no consiste únicamente en establecer si desapareció “chatarra”, sino en determinar si se retiraron bienes públicos sin que existiera un procedimiento administrativo que autorizara su disposición.
También obliga a revisar el propio lenguaje utilizado para describir el caso. Hablar de “60 toneladas de chatarra” o de “30.000 luminarias robadas” resume una controversia que jurídicamente es más compleja. Las fuentes recientes hablan de cerca de 30.000 luminarias, mientras que la valoración fiscal posterior identificó 27.102 luminarias, además de postes, reflectores y otros elementos.
La evolución de las cifras es otro punto que merece escrutinio. La primera valoración del posible daño estuvo alrededor de los $21.000 millones. Posteriormente aparecieron cálculos cercanos a los $23.442 millones y, en marzo de 2026, la Contraloría elevó el presunto detrimento a $46.626.991.717,93.
Ese aumento no significa necesariamente que hayan desaparecido nuevos bienes por valor de $25.000 millones adicionales. Refleja una nueva valoración y la incorporación de elementos dentro del análisis fiscal. Por eso es necesario conocer el documento técnico completo que explica cómo se llegó a la cifra definitiva.
La composición divulgada por la Contraloría incluye 760 postes, 27.102 luminarias, 431 reflectores y un transformador, aunque las publicaciones que reproducen el informe presentan cifras y desgloses que requieren ser contrastados directamente con el documento original.
Ese detalle no es menor. Cuando un caso de presunto detrimento alcanza $46.626 millones, la metodología de valoración deja de ser un asunto secundario: determina el tamaño mismo del daño que se está investigando.
En marzo de 2026 la Contraloría abrió formalmente un proceso de responsabilidad fiscal contra Beltrán y otros funcionarios. El organismo vinculó también a exsecretarios y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, entre ellos Jorge Alejandro García Henao, Iván José Vargas Cárdenas, María del Rosario Torres, Robin Castro y John Fernando Larrota.
La inclusión de funcionarios de administraciones diferentes es relevante porque introduce una disputa sobre la cadena de responsabilidad. Mientras la administración Beltrán ha señalado problemas heredados del gobierno anterior, la Contraloría estableció que los retiros documentados de materiales ocurrieron durante 2024.
En otras palabras, existen dos preguntas que no deben confundirse. Una es si las administraciones anteriores entregaron correctamente los inventarios. Otra es quién tenía la responsabilidad sobre los bienes cuando se produjeron los retiros que hoy están documentados.
La defensa de Beltrán ha insistido en la primera cuestión. Los organismos de control, sin embargo, deben establecer también qué medidas adoptó la administración que recibió las bodegas una vez conoció las deficiencias de inventario.
Aquí aparece uno de los puntos que puede resultar decisivo para la investigación penal: conocer una irregularidad y permitir que continúe no es jurídicamente equivalente a ser quien ejecutó directamente la apropiación. Para atribuir responsabilidad a un funcionario se necesita establecer qué sabía, qué competencia tenía, qué debía hacer y qué hizo o dejó de hacer.
El expediente penal se encuentra actualmente en indagación. El abogado de Beltrán, Rodrigo Parada, confirmó que la Fiscalía continúa realizando actividades investigativas y señaló que la defensa incluso ha participado en algunas diligencias.
El traslado a la Fiscalía ante la Corte Suprema tampoco constituye una nueva acusación. Es consecuencia del fuero que Beltrán adquirió como ministro de Vivienda y significa que la investigación ahora está en manos de la Fiscalía Cuarta Delegada ante ese alto tribunal.
Pero el caso tiene ahora una dimensión adicional. Mientras la Fiscalía investiga penalmente los hechos ocurridos durante su administración como alcalde, la Contraloría mantiene abierto un proceso para determinar un eventual daño patrimonial y las responsabilidades fiscales correspondientes.
A esto se suma una situación que requiere seguimiento independiente: medios como BLU Radio han reportado que, después de la elección de Yazmín González Vega como contralora de Bucaramanga, su sobrino Wilson González Vargas fue nombrado asesor de Beltrán en el Ministerio de Vivienda. Esa coincidencia ha generado cuestionamientos políticos, pero por sí sola no demuestra interferencia en el proceso fiscal.
Por eso, la pregunta periodística más relevante ya no es simplemente dónde está la “chatarra”. Es reconstruir la cadena completa: qué había en las bodegas al comenzar 2024, qué estaba inventariado, quién autorizó cada salida, qué personas ingresaron, qué vehículos utilizaron, quién recibió los materiales y cuál fue su destino posterior.
La Fiscalía deberá determinar además si esas actuaciones constituyen el peculado denunciado y si existe evidencia suficiente para atribuir responsabilidades individuales. La Contraloría, por su parte, deberá establecer si hubo daño patrimonial y quiénes deben responder fiscalmente.
Por el momento se desconoce que exista una decisión judicial que haya establecido que Jaime Beltrán ordenó la desaparición de las luminarias o se apropió de ellas. Lo que sí existe es una investigación penal activa, un proceso de responsabilidad fiscal abierto, registros de retiros durante su administración, testimonios que comprometen a personas de su entorno y una valoración fiscal que llegó a $46.626 millones.
La verdadera dimensión del caso dependerá, finalmente, de si las autoridades logran convertir esa suma de documentos, bitácoras, testimonios y comunicaciones en una cadena probatoria capaz de establecer responsabilidades concretas. Hasta entonces, el expediente sigue siendo una investigación sobre la desaparición y disposición irregular de bienes públicos, no una condena anticipada contra el actual ministro de Vivienda.
