Varios grupos de encapuchados atacaron de forma sistemática los portales de TransMilenio y las fachadas de importantes corporaciones del sector financiero privado. Estos hechos de vandalismo generalizado provocaron el rechazo unánime de los ciudadanos y de las autoridades político-administrativas del distrito capital de Bogotá. El alcalde mayor Carlos Fernando Galán afirmó de manera contundente que estas acciones criminales no constituyen una forma de protesta social legítima.
El mandatario local nuevamente arremetió contra el Palacio de Nariño acusando al presidente de la República de incentivar la polarización ciudadana en plazas. Las estaciones de transporte masivo ubicadas sobre la troncal de la Ciudad Universitaria registraron las mayores destrucciones materiales en sus infraestructuras físicas.
Los vándalos utilizaron elementos contundentes y artefactos incendiarios artesanales afectando de forma directa la seguridad de los usuarios del sistema público diario. Durante los disturbios, los gestores de convivencia de la Alcaldía Mayor sufrieron agresiones físicas al intentar mediar pacíficamente con los manifestantes encapuchados.
Incluso un ciudadano de la tercera edad ajeno a las protestas estudiantiles resultó lesionado en medio de las pedreas de la avenida.Los equipos de limpieza y mantenimiento del distrito trabajaron durante toda la madrugada para remover los escombros y habilitar el tránsito vehicular.
La policía judicial de la capital recopiló grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los determinadores materiales de la jornada. La sede de campaña de la congresista de la oposición Paloma Valencia también sufrió un ataque con pintura y piedras de gran tamaño.
El Gobierno nacional defendió el derecho constitucional a la protesta pacífica rechazando cualquier vinculación oficial con los deplorables actos de vandalismo urbano. Ambas declaraciones demuestran que la brecha política y administrativa entre el palacio distrital de Liévano y la presidencia de la República se profundiza por la seguridad y temáticas como esta.
Los costos económicos para la reparación de los semáforos destruidos y las estaciones afectadas superarán los ochocientos millones de pesos del presupuesto. Adicionalmente los comerciantes del sector del Eje Ambiental manifestaron que las pérdidas por el cierre prematuro de los locales comerciales son sumamente alarmantes.
La Personería de Bogotá delegó un grupo especial de abogados para verificar el estado de los ciudadanos que fueron capturados en flagrancia. Algunos ciudadanos en redes exigieron de forma enfática la aplicación de sanciones penales severas para quienes destruyen los bienes públicos que benefician a todos.
El alcalde Galán ratificó que la Policía Metropolitana mantendrá los dispositivos de control antimotines en las inmediaciones de los centros educativos públicos. El uso legítimo de la fuerza estatal se aplicará bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de derechos humanos vigentes del país.
Por su parte, los rectores de las universidades de la capital instaron a la comunidad estudiantil a tramitar las inconformidades mediante los canales del debate. La polarización política asociada a las próximas elecciones presidenciales del periodo constitucional 2026-2030 incrementa el riesgo de alteraciones del orden público.
El servicio de TransMilenio operó con demoras significativas en sus rutas troncales debido a los desvíos logísticos programados por las manifestaciones viales. Los usuarios debieron caminar largas distancias para retornar a sus hogares en las localidades periféricas del sur y del occidente bogotano.
Los defensores de la gestión del alcalde Galán respaldaron la firmeza de sus declaraciones frente a las omisiones del Gobierno nacional central. Por su parte, los cabildantes de la coalición del Pacto Histórico acusaron a la administración distrital de estigmatizar la movilización estudiantil.
