La Procuraduría General de la Nación formalizó una intervención administrativa preventiva de carácter enérgico, orientada a requerir al Instituto Nacional de Vías la entrega inmediata de un informe técnico detallado sobre el estado de la infraestructura vial. La solicitud se centra particularmente en el corredor Santa Teresa – San Fernando del departamento del Tolima, donde se han identificado condiciones críticas de deterioro.
Las comunidades campesinas de la zona han reportado de manera reiterada graves dificultades para el tránsito vehicular, lo que ha generado una afectación directa sobre la movilidad cotidiana y el acceso a los territorios rurales. Esta situación ha sido descrita como insostenible por los habitantes de las veredas impactadas.
Según los reportes consolidados por el Ministerio Público, el malestar social en el territorio viene en aumento progresivo, evidenciando tensiones asociadas a la falta de intervención oportuna en la red vial secundaria. Este fenómeno refleja una creciente presión comunitaria sobre las instituciones responsables.
Los habitantes rurales del Tolima han advertido que el deterioro de la banca vial limita el acceso a servicios esenciales, incluyendo salud, educación y abastecimiento. En este contexto, las ambulancias y el transporte escolar enfrentan obstáculos constantes que comprometen la seguridad y la continuidad de los servicios.
El organismo de control ha señalado que la ausencia de mantenimiento adecuado podría desencadenar movilizaciones ciudadanas de mayor escala, por lo que se ha insistido en la necesidad de una respuesta institucional coordinada. En ese sentido, se busca evitar el escalamiento de la protesta social mediante mecanismos de diálogo.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima liderará mesas de concertación con líderes comunitarios, al tiempo que se ha requerido al Invías un informe específico sobre las intervenciones de mantenimiento o reparaciones de emergencia ejecutadas durante el mes de mayo.
Asimismo, se ha reiterado la obligación de garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos provenientes del presupuesto general de la nación, especialmente en lo referente a obras de infraestructura en zonas rurales. Los gremios agrícolas, incluidos productores del municipio de El Líbano, han respaldado estas exigencias.
Las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño han agravado el deterioro de la infraestructura, provocando inestabilidad en taludes, agrietamiento del pavimento y mayor vulnerabilidad de la red vial secundaria. Estas condiciones incrementan los riesgos para la movilidad en zonas de ladera.
Se ha planteado la necesidad de ejecutar soluciones estructurales como muros de contención, obras de estabilización y pavimentación progresiva, con el acompañamiento de universidades públicas y expertos en ingeniería civil. Paralelamente, el impacto económico se refleja en el aumento de los costos de transporte y el encarecimiento de los productos agrícolas.
Finalmente, el debate institucional sobre la inversión pública continúa entre posturas que priorizan la competitividad vial y aquellas que defienden el fortalecimiento de las vías terciarias como garantía de derechos fundamentales. En este escenario, las autoridades mantienen el seguimiento permanente, mientras las comunidades rurales insisten en soluciones definitivas y de ejecución inmediata.
