El representante a la Cámara Miguel Polo Polo fue objeto de una orden de arresto de tres días y una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes, luego de que el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá concluyera que incumplió una decisión judicial que le exigía ofrecer disculpas públicas a la Asociación de Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO). La medida fue adoptada dentro de un incidente de desacato derivado de una sentencia de la Corte Constitucional.
El origen de la controversia se remonta a noviembre de 2024, cuando integrantes de MAFAPO instalaron en las inmediaciones del Capitolio Nacional la exposición artística denominada “Mujeres con las botas bien puestas”, una intervención de memoria construida para recordar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. La muestra utilizaba pares de botas como símbolo de los jóvenes asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate.
Durante esa jornada, Polo Polo retiró parte de la instalación y la depositó en bolsas de basura. Además, difundió videos y declaraciones cuestionando el homenaje y las cifras sobre los falsos positivos. Sus actuaciones provocaron una fuerte reacción de organizaciones de víctimas, sectores políticos y defensores de derechos humanos, quienes consideraron que el congresista había vulnerado la dignidad y la memoria de las familias afectadas.
Tras varias acciones judiciales, la Corte Constitucional emitió en 2025 la Sentencia T-375, mediante la cual ordenó al congresista rectificar afirmaciones consideradas inexactas, ofrecer disculpas públicas a las madres de las víctimas y adoptar medidas de reparación simbólica relacionadas con la exposición artística. El alto tribunal concluyó que las actuaciones del representante afectaron derechos fundamentales de las integrantes de MAFAPO.
Sin embargo, lejos de aceptar plenamente la decisión judicial, Polo Polo sostuvo públicamente que no tenía motivos para pedir perdón. En diferentes intervenciones insistió en que no negaba la existencia de los falsos positivos, pero sí cuestionaba las cifras establecidas por la justicia transicional. También manifestó que no consideraba haber cometido ninguna conducta que justificara una disculpa pública.
La postura del congresista derivó en nuevas actuaciones judiciales. En marzo de 2026 un juzgado abrió formalmente un incidente de desacato al considerar que las manifestaciones realizadas por Polo Polo no cumplían con los estándares de rectificación y reparación exigidos por la Corte Constitucional. Las Madres de Soacha argumentaron que el representante continuaba revictimizándolas y desconociendo las decisiones judiciales.
Después de revisar el cumplimiento de la sentencia, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá determinó el 16 de junio de 2026 que el congresista persistía en el incumplimiento. Por esa razón ordenó tres días de arresto y una multa económica, al concluir que las disculpas ofrecidas no satisfacían los requisitos fijados por la Corte Constitucional ni reparaban efectivamente a las víctimas.
Paralelamente, el caso ha generado otras consecuencias jurídicas. Diversos sectores han promovido denuncias y actuaciones relacionadas con presuntos actos de hostigamiento y discriminación contra las víctimas. La controversia se convirtió en uno de los debates más visibles sobre memoria histórica, libertad de expresión y protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano.
En el centro de la discusión se encuentra la cifra de víctimas de los llamados falsos positivos. Inicialmente, la Jurisdicción Especial para la Paz informó en 2021 que al menos 6.402 personas fueron asesinadas y presentadas ilegalmente como bajas en combate entre 2002 y 2008. Esa cifra surgió del análisis de bases de datos oficiales y expedientes judiciales y representó un aumento significativo frente a estimaciones previas.
Posteriormente, la JEP continuó ampliando sus investigaciones y actualizó el universo de víctimas documentadas. Los más recientes balances del tribunal indican que el número de casos identificados asciende a 7.687 víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública durante el conflicto armado. Ese reajuste estadístico ha sido utilizado por organizaciones de víctimas para sustentar sus reclamaciones de verdad, justicia y reparación, mientras continúa el debate político y judicial sobre la memoria de uno de los capítulos más graves de la violencia en Colombia.
