Un grupo de congresistas demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos promovió el 25 de junio una serie de iniciativas destinadas a condicionar la asistencia militar y de seguridad a Colombia durante el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella, argumentando la necesidad de esclarecer denuncias sobre presuntos vínculos históricos del mandatario electo con estructuras paramilitares y garantizar que recursos estadounidenses no terminen beneficiando a organizaciones sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las iniciativas fueron presentadas en el marco de la discusión del presupuesto de defensa estadounidense para el año fiscal 2027 y buscan imponer mecanismos de supervisión reforzada sobre la cooperación militar con Colombia. Los congresistas promotores sostienen que la relación bilateral debe quedar supeditada al respeto de los derechos humanos, la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la ausencia de nexos entre altos funcionarios y organizaciones paramilitares.
El principal impulsor de las medidas es el representante demócrata Jesús García, conocido como “Chuy” García, quien encabezó previamente una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general interino, Todd Blanche, expresando preocupación por la presunta injerencia estadounidense en las elecciones colombianas y por el historial atribuido a De la Espriella.
La primera de las enmiendas propuestas establece que toda asistencia de seguridad dirigida a gobiernos cuyos altos funcionarios tengan vínculos documentados o creíbles con las antiguas AUC o con organizaciones asociadas deberá ser sometida a una revisión especial por parte del Ejecutivo estadounidense, con el fin de evitar beneficios directos o indirectos a dichas estructuras.
Una segunda iniciativa legislativa propone declarar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 como un interés estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que implicaría revisar cualquier política del próximo gobierno colombiano que pueda afectar los compromisos adquiridos en materia de justicia transicional, desmovilización y protección de líderes sociales.
Los cuestionamientos de los congresistas demócratas se fundamentan, entre otros elementos, en denuncias históricas sobre las relaciones de De la Espriella con dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia. La carta enviada al Departamento de Estado sostiene que el ahora presidente electo mantuvo “estrechas relaciones” con varios líderes de esa organización y recuerda señalamientos según los cuales habría dirigido una organización que recibió financiación de las AUC para ampliar su influencia política y social.
Los legisladores también solicitaron al Departamento de Justicia y a otras agencias federales investigar el origen de algunos activos y propiedades vinculadas a De la Espriella en Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida, así como sus antiguas relaciones profesionales con figuras investigadas por narcotráfico y lavado de activos. Asimismo, mencionaron su actuación como abogado del empresario colombiano-venezolano Alex Saab en procesos judiciales anteriores.
Además de Jesús García, la carta original fue respaldada por otros diez congresistas demócratas de la Cámara de Representantes, quienes advirtieron que la cooperación bilateral no puede desvincularse de las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos y lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Los firmantes señalaron que las denuncias existentes requieren una verificación exhaustiva antes de ampliar programas de asistencia militar o de inteligencia.
Hasta el momento, De la Espriella ha rechazado reiteradamente las acusaciones sobre supuestos vínculos con el paramilitarismo y ha sostenido que se trata de señalamientos promovidos por sectores políticos adversarios. Sin embargo, la controversia ha comenzado a generar tensiones dentro del propio Congreso estadounidense, pese al respaldo que el presidente Donald Trump y varios dirigentes republicanos han expresado hacia el mandatario electo colombiano.
La ofensiva legislativa impulsada por los demócratas no implica una suspensión inmediata de la ayuda estadounidense a Colombia, pero sí abre la posibilidad de imponer nuevas condiciones, auditorías y certificaciones para la cooperación militar y de seguridad durante el próximo cuatrienio. De prosperar las enmiendas, la relación bilateral entre Washington y Bogotá podría quedar sometida a uno de los mecanismos de supervisión más estrictos desde la implementación del Plan Colombia a comienzos de este siglo.
