Una compleja situación operativa y financiera fue reconocida formalmente por las principales agremiaciones de clínicas y hospitales de Colombia debido al SOAT. Los directivos hospitalarios señalaron la existencia de un severo y asfixiante cuello de botella de carácter estrictamente administrativo que está paralizando el flujo de recursos económicos destinados a la atención médica de urgencias de los ciudadanos afectados por accidentes de tránsito en todo el territorio nacional.
La raíz del problema administrativo se encuentra directamente ligada a la implementación y vigencia del denominado esquema del SOAT diferencial, una política pública diseñada originalmente para otorgar tarifas reducidas en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito a los propietarios de motocicletas de bajo cilindraje y vehículos de servicio público. Si bien la medida representó en su momento un alivio económico directo para el bolsillo de millones de usuarios de motos, su aplicación práctica generó un caos de tramitología en las oficinas de facturación de las instituciones médicas.
Según explicaron detalladamente los coordinadores de cartera de los hospitales públicos y privados de alta complejidad, las nuevas normativas obligan a las entidades de salud a fragmentar los procesos de cobro de una manera sumamente ineficiente. Bajo el régimen del SOAT diferencial, las cuentas de cobro generadas por la atención de un motero accidentado deben tramitarse en una primera instancia ante la compañía aseguradora privada tradicional que expidió la póliza, hasta cubrir un tope económico específico fijado por el Gobierno.
El nudo burocrático se aprieta de forma dramática una vez que la atención médica del paciente supera ese primer tope financiero de cobertura obligatoria de la aseguradora. A partir de ese momento preciso, el hospital debe iniciar un proceso de reclamación totalmente independiente y diferenciado ante el Estado, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), para poder recuperar los saldos financieros restantes de los tratamientos y cirugías de alta complejidad.
Este doble proceso de auditoría y radicación de facturas ha multiplicado exponencialmente los tiempos de espera para que las clínicas reciban los pagos correspondientes por los servicios de salud ya prestados de forma efectiva. Las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) reportaron que mientras una cuenta tradicional del SOAT se conciliaba en un periodo promedio de 45 días, las reclamaciones bajo el nuevo modelo diferencial están tardando más de seis meses en completarse de manera exitosa.
Las consecuencias financieras de este letargo administrativo ya se están traduciendo en serias dificultades de flujo de caja para los hospitales de la red pública hospitalaria, especialmente en aquellas ciudades intermedias y capitales departamentales que registran los índices más elevados de accidentalidad vial en motocicletas. La falta de liquidez inmediata limita la capacidad de las instituciones para adquirir insumos médicos quirúrgicos de urgencia, prótesis y medicamentos especializados.
Ante las crecientes quejas de los gerentes de hospitales, las directivas nacionales de las aseguradoras privadas defendieron la rigurosidad de sus procesos de auditoría médica previa al pago, argumentando que la fragmentación del seguro obliga a realizar verificaciones minuciosas para evitar fraudes, suplantaciones de identidad y cobros duplicados que históricamente han desangrado las finanzas de este ramo de seguros.
Por su parte, los voceros de la ADRES manifestaron que la entidad viene adelantando planes de contingencia tecnológica y mesas técnicas de conciliación con los hospitales para agilizar los procesos de radicación virtual de las cuentas del SOAT diferencial. Sin embargo, reconocieron que la avalancha diaria de reclamaciones derivadas de la alarmante siniestralidad de las motos desborda la capacidad operativa del personal de auditoría estatal.
Asociaciones de usuarios de la salud expresaron su temor ante la posibilidad de que este cuello de botella administrativo termine afectando directamente la calidad y la oportunidad de la atención médica de urgencias para los motociclistas. Denunciaron que en algunas regiones del país ya se empiezan a registrar preocupantes demoras en la asignación de turnos quirúrgicos para pacientes del SOAT diferencial bajo la excusa de trabas en la validación de las pólizas.
Médicos especialistas en ortopedia y trauma que laboran en las salas de urgencias principales confirmaron que la presión administrativa se siente con fuerza en los turnos nocturnos y de fines de semana, periodos en los cuales ingresa el mayor volumen de accidentados de tránsito al sistema de salud. Manifestaron que su deber ético es salvar vidas sin importar el régimen del seguro, pero reconocieron que la escasez de materiales derivada de la crisis de cartera dificulta notablemente su labor.
La Superintendencia Nacional de Salud anunció que iniciará ciclos de inspección y vigilancia especial a las EPS, IPS y compañías aseguradoras involucradas en el trámite del SOAT diferencial, con el fin de sancionar drásticamente a aquellas entidades que utilicen las trabas administrativas como una estrategia deliberada para dilatar o negar el flujo oportuno de los recursos económicos de la salud.
Economistas expertos en el sector salud sugirieron que la solución de fondo al problema burocrático pasa por una reforma técnica de la reglamentación del SOAT diferencial, unificando el pagador de la cuenta o permitiendo que los hospitales radiquen un único archivo digital que sea conciliado internamente entre las aseguradoras privadas y el Estado de forma automática.
La situación mantiene en máxima alerta a las facultades de medicina y de administración en salud del país, que han empezado a publicar estudios técnicos demostrando cómo los costos de transacción administrativa generados por el SOAT diferencial neutralizan en gran medida los beneficios sociales que la reducción de la tarifa del seguro pretendía entregar a los ciudadanos.
Gremios de motociclistas organizados en las principales ciudades del país pidieron ser incluidos en las mesas de discusión técnica del Gobierno Nacional, exigiendo que se garantice de forma absoluta su derecho a la atención en salud digna y oportuna y rechazando cualquier asomo de estigmatización hospitalaria derivada de las dificultades administrativas del seguro obligatorio.
Por el momento, las mesas de negociación entre el Ministerio de Salud, la ADRES y los representantes hospitalarios continuan buscando una salida jurídica y tecnológica intermedia que permita destrabar de forma urgente los miles de millones de pesos represados en auditorías, devoluciones y trámites duplicados que amenazan la estabilidad de la red hospitalaria nacional.
