En una respuesta institucional de alto impacto técnico frente a la creciente ola de agresiones contra la prensa libre, la Fiscalía General de la Nación de Colombia formalizó e hizo públicos los nuevos lineamientos obligatorios para la investigación y judicialización de delitos cometidos contra periodistas y defensores de la libertad de expresión en todo el territorio de la República. La medida penal busca unificar los criterios de actuación de los investigadores y acelerar el esclarecimiento de los ataques armados.
La expedición de esta nueva directiva de carácter vinculante para todos los despachos fiscales del país coincidió trágicamente con el desarrollo de las investigaciones iniciales por el execrable asesinato del reportero Mateo Pérez. El comunicador comunitario fue ultimado por sicarios motorizados en el municipio de Briceño, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, un territorio azotado por el control hegemónico y violento de estructuras criminales ligadas a las economías ilícitas.
El caso del periodista Mateo Pérez encendió de forma inmediata las alarmas de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y de agremiaciones locales como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). El asesinato del reportero puso de manifiesto, una vez más, la extrema vulnerabilidad en la que operan los comunicadores en las regiones rurales apartadas del país, donde investigar denuncias sobre corrupción administrativa o narcotráfico equivale a una sentencia de muerte.
De acuerdo con lo plasmado en los nuevos lineamientos de la Fiscalía dictados, los fiscales asignados a casos de agresiones contra la prensa tendrán la obligación legal y técnica de presumir, desde el primer momento del inicio de la indagación previa, que el crimen o la amenaza se encuentra directamente relacionada con el ejercicio de la labor periodística de la víctima. Esta presunción invierte la carga metodológica tradicional y prohíbe descartar la hipótesis del trabajo de prensa sin sustentos científicos.
La directiva penal establece pautas minuciosas para la recolección técnica de material probatorio digital, ordenando asegurar de forma prioritaria los archivos informáticos, los teléfonos celulares, las computadoras y las grabaciones de voz del periodista agredido o asesinado. Los investigadores deberán analizar exhaustivamente las últimas publicaciones, reportajes o denuncias radiales de la víctima para identificar de forma rápida los posibles móviles y autores intelectuales del hecho.
Adicionalmente, el documento normativo de la Fiscalía prohíbe taxativamente a los funcionarios judiciales revictimizar a los comunicadores mediante filtraciones irresponsables de sus datos personales o hurgando en aspectos de su vida privada ajenos al marco de la investigación. Se ordena implementar canales de comunicación totalmente seguros e institucionales con las familias y con los medios de comunicación afectados para mantenerlos informados del avance procesal.
La FLIP recibió con optimismo moderado la expedición de las nuevas directrices fiscales, señalando que la existencia de un protocolo técnico robusto constituye un paso normativo valioso, pero recordando que la verdadera efectividad de la norma se medirá en el porcentaje de condenas reales que se logren proferir contra los determinadores y autores intelectuales de los crímenes, los cuales suelen permanecer bajo un manto de impunidad histórica.
Por su parte, colectivos de periodistas independientes de Antioquia, Córdoba y Arauca realizaron plantones y jornadas de vigilia pacífica en memoria de Mateo Pérez, exigiendo que la Fiscalía General aplique de forma inmediata los nuevos lineamientos en el caso de su compañero asesinado en Briceño y capture de forma expedita a los cabecillas de la banda criminal que ordenó silenciar su emisora comunitaria.
En los considerados de la resolución de la Fiscalía se hace mención explícita al rol fundamental que desempeña el periodismo local e investigativo en el sostenimiento de una sociedad auténticamente democrática y transparente. El documento advierte que cuando se asesina a un periodista en una provincia apartada, no solo se elimina una vida humana, sino que se genera un efecto silenciador masivo que destruye el derecho a la información de toda una comunidad.
Los lineamientos penales también contemplan la obligatoriedad de articular de forma inmediata las labores investigativas de la Fiscalía con los esquemas de protección urgente asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), garantizando que si un comunicador es objeto de amenazas graves, sus fuentes de información y su núcleo familiar más cercano reciban blindaje de seguridad sin dilaciones burocráticas.
Abogados penalistas especializados en derecho constitucional destacaron que la directiva se ajusta de forma armónica a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos icónicos de persecución a la prensa en el continente americano, transformando el protocolo colombiano en un modelo de referencia técnica para otros países de la región latinoamericana.
El Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó su total respaldo a la iniciativa de la Fiscalía General, asegurando que se destinarán partidas presupuestales complementarias para fortalecer los laboratorios de criminalística informática encargados de procesar la evidencia digital recolectada en los casos de ciberacoso y amenazas virtuales contra mujeres periodistas.
La comunidad internacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió una declaración pública saludando las nuevas directrices penales e instando al Estado colombiano a no escatimar esfuerzos para que el crimen de Mateo Pérez en Briceño no pase a engrosar la larga lista de investigaciones engavetadas por la justicia.
Editores de los principales diarios nacionales expresaron su solidaridad con los medios alternativos y comunitarios del país, recordando que la libertad de prensa en Colombia se defiende de manera primordial en las veredas y municipios donde los reporteros locales ponen el pecho a las balas de los grupos ilegales sin contar con el respaldo de grandes corporaciones mediáticas.
La directiva de la Fiscalía entró formalmente en vigencia en todos los despachos del país, mientras en el municipio de Briceño la población despedía entre lágrimas y pancartas de protesta el cuerpo del reportero Mateo Pérez, cuyo trágico sacrificio se convirtió en el catalizador de una reforma judicial largamente esperada por el gremio periodístico colombiano.
