La Copa Mundial de la FIFA 2026 sumó una nueva polémica extradeportiva luego de que el delantero estadounidense Folarin Balogun quedara habilitado para disputar los octavos de final, pese a haber sido expulsado con tarjeta roja directa en el encuentro de dieciseisavos frente a Bosnia-Herzegovina. La decisión desencadenó cuestionamientos sobre la imparcialidad del máximo organismo del fútbol y el papel que pudo haber jugado la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Balogun vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada que inicialmente había sido sancionada con amonestación. Luego de la revisión del VAR, el árbitro modificó su decisión y expulsó al atacante estadounidense, lo que implicaba una suspensión automática para el siguiente partido del torneo, de acuerdo con el reglamento disciplinario de la FIFA.
Horas después del compromiso comenzaron a conocerse versiones sobre gestiones realizadas por la Federación de Fútbol de Estados Unidos para solicitar una revisión de la sanción. A ello se sumó la confirmación de que Donald Trump sostuvo una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que pidió revisar el caso al considerar que la expulsión había sido injusta y que el protocolo del VAR no se había aplicado correctamente.
La FIFA anunció posteriormente una decisión poco habitual. El organismo mantuvo la tarjeta roja en el historial disciplinario del jugador, pero suspendió la ejecución de la sanción automática que le impedía disputar el siguiente encuentro. Gracias a esa determinación, Balogun quedó habilitado para enfrentar a Bélgica en los octavos de final.
Aunque la FIFA argumentó que actuó dentro de las facultades previstas en su Código Disciplinario, la decisión sorprendió a analistas y especialistas en reglamentación deportiva. La suspensión de una sanción automática durante una Copa del Mundo es una medida excepcional y poco frecuente, especialmente tratándose de una expulsión derivada de la revisión del VAR.
La controversia aumentó debido al contexto político. Estados Unidos es uno de los tres países anfitriones del Mundial y Donald Trump no ocultó su satisfacción tras la decisión. El mandatario agradeció públicamente a la FIFA por lo que calificó como una corrección de una injusticia, alimentando las especulaciones sobre una eventual influencia política en un proceso que, en principio, debería ser exclusivamente disciplinario.
Desde Bélgica, próximo rival de Estados Unidos, surgieron críticas por considerar que el caso podía afectar la percepción de igualdad de condiciones entre las selecciones participantes. Diversos comentaristas europeos también expresaron preocupación por el precedente que podría establecer una intervención de esta naturaleza en futuras competiciones internacionales.
Hasta el momento no existe evidencia pública de que la llamada de Trump haya sido la causa directa de la decisión de la FIFA. El organismo ha sostenido que la medida obedeció a una evaluación jurídica interna y a las facultades previstas en su normativa disciplinaria. Sin embargo, la coincidencia entre la gestión política y el cambio en la situación del jugador ha sido suficiente para alimentar el debate sobre la autonomía de la entidad.
Más allá del desenlace deportivo, el episodio pone de relieve uno de los desafíos permanentes del fútbol internacional: preservar la confianza en la independencia de las decisiones arbitrales y disciplinarias. En un torneo de la magnitud del Mundial, cualquier percepción de trato preferencial puede tener consecuencias sobre la credibilidad de la competencia.
El caso Balogun ya trasciende el ámbito del reglamento y se convirtió en un asunto político e institucional. Mientras la selección estadounidense celebra contar con uno de sus principales delanteros para la fase definitiva del torneo, la FIFA enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia de sus procedimientos y sobre la capacidad de resistir presiones provenientes de líderes políticos, incluso cuando estas no puedan demostrarse como determinantes en la decisión final.
