La situación de miles de colombianos que permanecen en Estados Unidos sin un estatus migratorio definido podría enfrentar un nuevo escenario tras la llegada de Abelardo de la Espriella al poder en Colombia y el posible fortalecimiento de la relación con Washington. Aunque el Gobierno colombiano no tiene la capacidad de decidir sobre las leyes migratorias estadounidenses, sí puede influir en la cooperación bilateral, la recepción de deportados y la postura diplomática frente a las políticas de Estados Unidos.
El principal riesgo para los colombianos que esperan normalizar su situación no está en Colombia, sino en un eventual endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Quienes se encuentran sin documentos válidos, con solicitudes de asilo pendientes o con procesos abiertos podrían enfrentar mayores controles, más dificultades para acceder a beneficios migratorios y un aumento en las deportaciones si Washington mantiene una estrategia de expulsión de personas consideradas en situación irregular.
Una de las señales que más preocupación ha generado fueron las declaraciones del senador republicano Bernie Moreno, quien afirmó que los colombianos que soliciten asilo en Estados Unidos deberían regresar al país porque, bajo un nuevo gobierno colombiano, existirían mejores condiciones de seguridad. Sus palabras abrieron el debate sobre si Washington podría considerar que Colombia ya no es un país del que sus ciudadanos necesitan huir y, por lo tanto, reducir la aprobación de solicitudes de protección.
Sin embargo, el sistema de asilo estadounidense no funciona por decisiones políticas entre gobiernos. Cada solicitud debe analizar las circunstancias individuales de la persona: si existe una amenaza real, quién la genera, si el Estado colombiano puede protegerla y si hay pruebas suficientes. Un cambio de presidente en Colombia no elimina automáticamente los riesgos que puedan enfrentar personas amenazadas por grupos armados, organizaciones criminales o situaciones particulares de persecución.
La preocupación aumenta cuando se observa el precedente de El Salvador. Durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos profundizó la cooperación migratoria con el gobierno de Nayib Bukele para recibir deportados y aplicar una política más estricta contra la migración irregular. En ese contexto, organizaciones de derechos humanos denunciaron casos de personas deportadas que, según sus familias y abogados, enfrentaban riesgos al regresar, incluidos casos relacionados con amenazas de pandillas.
El caso salvadoreño más polémico fue el de Kilmar Ábrego García, quien fue enviado a El Salvador pese a que existía una protección judicial estadounidense que impedía su deportación hacia ese país por el riesgo que enfrentaba. El episodio se convirtió en un símbolo del debate sobre los límites de las deportaciones cuando una persona afirma que regresar a su país puede poner en peligro su vida o su integridad.
La comparación con Colombia no es exacta, porque la realidad de seguridad de ambos países es diferente. El Salvador enfrentó durante años el control territorial de pandillas como la MS-13 y Barrio 18, mientras Colombia tiene otros fenómenos de violencia asociados a grupos armados ilegales, narcotráfico y economías criminales. Sin embargo, el caso salvadoreño muestra un escenario que preocupa a los migrantes: que un gobierno extranjero considere que un cambio político en el país de origen es suficiente para justificar el retorno.
Para los colombianos que buscan regularizarse en Estados Unidos, el cambio más relevante podría ser la posición del gobierno colombiano frente a las deportaciones. Durante la administración Petro, Bogotá tuvo una postura más crítica frente al trato recibido por los migrantes deportados, especialmente cuando Estados Unidos utilizó vuelos militares y protocolos que incluían esposas o restricciones físicas. Petro sostuvo que los colombianos debían ser tratados como ciudadanos retornados y no como delincuentes.
El gobierno de Abelardo de la Espriella podría adoptar una postura distinta. Su intención de reconstruir una relación más cercana con Estados Unidos podría llevar a una mayor cooperación en materia migratoria, seguridad y retorno de ciudadanos. La pregunta que surge es si esa cooperación incluiría exigencias para que los colombianos deportados regresen en condiciones dignas o si Colombia aceptaría sin mayores cuestionamientos los procedimientos definidos por Washington.
Como presidente, De la Espriella tendría la obligación de defender los intereses de los colombianos, incluso de quienes se encuentran en situación migratoria irregular. Una relación cercana con Estados Unidos no elimina la responsabilidad del Estado colombiano de garantizar asistencia consular, acompañamiento jurídico cuando corresponda y condiciones adecuadas para quienes sean retornados al país.
El escenario más complejo sería para quienes llevan años en Estados Unidos, tienen vínculos familiares, empleos estables y una vida construida allí, pero no han logrado regularizarse. Si no se abre una reforma migratoria amplia en Washington, estas personas podrían quedar atrapadas entre una mayor presión para abandonar el país y la falta de mecanismos suficientes para obtener residencia legal.
En conclusión, el nuevo escenario político podría representar un cambio importante para los migrantes colombianos en Estados Unidos. Una relación más estrecha entre Bogotá y Washington podría facilitar la cooperación y los retornos, pero también reducir la resistencia diplomática frente a deportaciones. La principal prueba para el gobierno de Abelardo de la Espriella será determinar si su cercanía con Estados Unidos estará acompañada de garantías para que los colombianos que regresen lo hagan con respeto a sus derechos y en condiciones dignas.
