El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poner fin a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad, después de que un agente federal hiriera de bala a un migrante dominicano durante un operativo en Marble Hill, el 8 de octubre de 2026.
El hombre herido fue identificado como Oscar Belgal, de 28 años, quien se encontraba dentro de un automóvil junto a un niño de cinco años cuando varios agentes intentaron detenerlo. El disparo lo alcanzó en el cuello, mientras que el menor no sufrió lesiones físicas, según la información preliminar divulgada por las autoridades de Nueva York.
El incidente ocurrió en un sector residencial de Marble Hill, en el norte de Manhattan, cerca del Bronx. La presencia de familias y niños en la zona y el hecho de que los agentes llevaran prendas que dificultaban su identificación provocaron cuestionamientos sobre la forma en que se desarrolló el procedimiento.
En una declaración pública, Mamdani calificó el hecho como una situación extremadamente grave y sostuvo que no aceptaría que las operaciones migratorias pusieran en peligro a los residentes. El alcalde también reclamó que ICE salga de los barrios, los hospitales y las calles de la ciudad.
La exigencia se produjo en medio de una nueva confrontación entre la administración municipal y el Gobierno de Trump por la aplicación de las políticas migratorias federales. Mamdani ha defendido medidas de protección para las comunidades inmigrantes, mientras la Casa Blanca sostiene que las detenciones hacen parte de sus responsabilidades de control migratorio.
Según la transcripción de una rueda de prensa de la Alcaldía, Mamdani llamó a Trump y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para negociar la liberación del hombre herido. El alcalde afirmó que las conversaciones no dieron resultado y que agentes federales trasladaron posteriormente a Belgal en un vehículo sin identificación visible.
La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó que la investigación preliminar estableció que los agentes federales adelantaban una operación dirigida a detener a una persona para ponerla bajo custodia migratoria. También confirmó que la Policía municipal no participó en el operativo antes del tiroteo.
De acuerdo con la versión presentada por Tisch, las cámaras de la ciudad registraron a Belgal estacionando el automóvil y a un agente vestido de civil que se acercó a la ventana del conductor con un arma desenfundada. Otro agente se aproximó por la parte delantera del vehículo.
Las cámaras dejaron de captar la escena cuando el automóvil comenzó a moverse. Por ello, las imágenes disponibles no muestran el instante exacto en que se produjo el disparo ni permiten establecer por sí solas qué ocurrió en ese momento.
La investigación preliminar de la Policía indicó que al menos un agente de ICE disparó siete veces. Belgal recibió un impacto en el cuello, por debajo de la oreja izquierda, y fue trasladado a un hospital en condición estable, según la información divulgada por las autoridades municipales.
El niño que viajaba en el automóvil fue localizado posteriormente por agentes de la Policía de Nueva York y quedó al cuidado de un familiar. Su presencia durante el operativo se convirtió en uno de los puntos centrales de las críticas de Mamdani y de otros funcionarios locales.
El Departamento de Seguridad Nacional ofreció una versión distinta sobre la actuación de sus agentes. La entidad afirmó que se trataba de una operación para detener a un ciudadano dominicano con antecedentes penales y sostuvo que los funcionarios percibieron el vehículo como una amenaza durante el procedimiento.
Las autoridades federales señalaron que Belgal tenía antecedentes relacionados con un caso de hurto y otros procesos judiciales. La Policía de Nueva York informó que en 2023 se declaró culpable de hurto mayor en cuarto grado y recibió cinco años de libertad condicional, mientras que otro caso relacionado con la venta de sustancias controladas seguía pendiente.
Esos antecedentes fueron utilizados por funcionarios federales para defender la operación, pero no resuelven por sí mismos la cuestión central: si el uso de la fuerza estuvo justificado en las circunstancias concretas del tiroteo. Esa evaluación depende de las pruebas, los testimonios y las conclusiones de las investigaciones correspondientes.
El caso también generó cuestionamientos por la apariencia de los agentes. Mamdani sostuvo que los funcionarios llevaban chalecos similares a los utilizados en obras de construcción y máscaras que ocultaban sus rostros, elementos que, según él, impedían que los residentes identificaran con claridad a las personas armadas.
La comisionada Tisch indicó que, cuando llegaron los agentes municipales, encontraron a varios hombres con diferentes tipos de vestimenta, incluidos chalecos de apariencia industrial y máscaras. La Policía aseguró la escena y recogió evidencia, pero la investigación quedó en manos de las autoridades federales.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también reclamó una investigación exhaustiva y transparente. El caso reabrió el debate sobre los límites de las operaciones migratorias en zonas residenciales y la responsabilidad de las autoridades federales cuando sus intervenciones terminan con personas heridas.
Después del tiroteo se registraron manifestaciones y expresiones de rechazo en Marble Hill, un sector con una importante comunidad dominicana. Residentes consultados por medios estadounidenses describieron temor e incertidumbre ante la presencia de agentes migratorios y cuestionaron que una detención se desarrollara de esa manera en un barrio habitado por familias.
La situación médica y judicial de Belgal añadió otra dimensión al caso. Según reportes de prensa, el migrante permanecía bajo custodia federal después de recibir atención médica, mientras sus abogados cuestionaban las condiciones de su detención y buscaban impedir que fuera deportado antes de que se revisaran sus reclamaciones judiciales.
Un juez federal ordenó frenar temporalmente su deportación mientras se examina el caso. Esa medida no determina si el uso de la fuerza fue legal, pero evita que el traslado fuera del país impida avanzar en la revisión judicial de su situación.
La petición de Mamdani de terminar los operativos de ICE en Nueva York tiene, sin embargo, límites institucionales. La agencia depende del Gobierno federal y el alcalde no puede ordenar por sí solo que suspenda todas sus operaciones. Puede definir políticas municipales dentro de sus competencias y cuestionar las actuaciones federales, pero una suspensión general tendría que depender de decisiones del Gobierno nacional o de una orden judicial sustentada jurídicamente.
La confrontación también está relacionada con la política de ciudad santuario de Nueva York, que limita determinadas formas de cooperación municipal con las autoridades migratorias federales. La administración Trump ha cuestionado esas políticas, mientras los funcionarios locales argumentan que proteger a las comunidades inmigrantes contribuye a que los residentes denuncien delitos y busquen ayuda sin temor.
El tiroteo de Marble Hill intensificó esa disputa al convertir una operación migratoria en un caso de uso de la fuerza con un menor presente. Para Mamdani, el episodio demuestra los riesgos que atribuye a las tácticas de ICE; para las autoridades federales, el operativo respondía a la necesidad de detener a una persona con antecedentes y bajo sospecha de incumplimientos legales.
La controversia sigue abierta porque las versiones no coinciden sobre las circunstancias que precedieron al disparo. Las imágenes disponibles no captan el momento exacto, la Policía municipal no estuvo presente durante la intervención inicial y la investigación está bajo control federal. Esos elementos hacen necesario distinguir las declaraciones políticas de las conclusiones que puedan establecer las pruebas.
Por ahora, el caso deja tres preguntas principales: si los agentes actuaron de manera proporcional ante el movimiento del vehículo, qué protocolos se aplicaron al realizar la detención en una zona residencial y qué mecanismos garantizarán una investigación independiente y transparente. La respuesta a esos interrogantes será determinante para establecer responsabilidades y evaluar los reclamos de las autoridades de Nueva York.
