Las autoridades nacionales y distritales investigan las denuncias sobre un presunto caso de proselitismo religioso dirigido a estudiantes de un colegio público de Bogotá, luego de que docentes y miembros de la comunidad educativa alertaran sobre la presencia de adultos que abordaban a menores de edad en las inmediaciones de la institución para entregarles material religioso e invitarlos a participar en actividades de su organización.
Los hechos fueron reportados en el Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana, ubicado en la localidad de Kennedy. Videos difundidos en redes sociales muestran a integrantes de un grupo identificado como “Soldados de Cristo” interactuando con estudiantes a la salida del plantel, situación que motivó la intervención de profesores y directivos.
De acuerdo con los testimonios conocidos públicamente, algunos docentes solicitaron a los integrantes del grupo retirarse del lugar al considerar que estaban realizando actividades dirigidas a menores sin autorización del establecimiento educativo y sin conocimiento de los padres de familia.
El Ministerio del Interior rechazó lo ocurrido mediante un pronunciamiento oficial. La entidad recordó que la libertad religiosa constituye un derecho protegido por la Constitución, pero advirtió que ese derecho no puede ejercerse mediante prácticas que impliquen presión, intimidación o acercamientos indebidos a niños, niñas y adolescentes dentro del entorno escolar.
La Secretaría de Educación de Bogotá también se pronunció sobre el caso y anunció la activación de las rutas institucionales para esclarecer lo sucedido. La entidad reiteró que personas ajenas a la comunidad educativa no están autorizadas para desarrollar actividades de proselitismo dentro de los colegios oficiales o en sus accesos sin la autorización correspondiente.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre denuncias relacionadas con agresiones físicas o delitos de carácter sexual. La investigación se concentra en establecer si existieron actuaciones que pudieran constituir acoso o una vulneración de los derechos de los menores mediante la captación o el abordaje insistente de estudiantes.
El caso abrió un debate sobre los límites entre la libertad de cultos y la protección especial que la Constitución colombiana reconoce a los menores de edad. Aunque cualquier persona tiene derecho a profesar y difundir sus creencias religiosas, ese derecho debe armonizarse con el interés superior de niños, niñas y adolescentes y con el carácter laico de las instituciones educativas públicas.
Especialistas en derecho constitucional han señalado que el Estado tiene la obligación de garantizar tanto la libertad religiosa como el derecho de los estudiantes a recibir educación en un ambiente libre de presiones ideológicas o confesionales no autorizadas. En ese contexto, cualquier actividad de carácter religioso dentro de un colegio debe respetar los protocolos institucionales y los derechos de la comunidad educativa.
La controversia también ha generado preocupación entre padres de familia y docentes, quienes solicitaron reforzar las medidas de control en los alrededores de los planteles educativos para evitar que personas ajenas a las instituciones desarrollen actividades dirigidas a menores sin supervisión. El episodio ha reabierto la discusión sobre la seguridad en los entornos escolares y sobre los mecanismos para proteger a los estudiantes frente a cualquier forma de captación externa.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer con precisión el alcance de las actuaciones del grupo señalado y determinar si existió alguna conducta que amerite medidas administrativas o judiciales. El caso pone nuevamente sobre la mesa el desafío de garantizar el ejercicio de las libertades fundamentales sin comprometer la protección reforzada que el ordenamiento jurídico colombiano reconoce a los menores de edad dentro de los espacios educativos.
