La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, lanzó una de las advertencias más severas hasta ahora sobre la estrategia conjunta contra el narcotráfico desarrollada por Estados Unidos y Ecuador. A través de un informe divulgado el 21 de julio de 2026, la organización sostuvo que la profundización de esa cooperación ha estado acompañada por denuncias de graves violaciones de derechos humanos y por una preocupante falta de transparencia sobre la forma en que se ejecutan las operaciones.
El documento no cuestiona la cooperación bilateral en sí misma, sino la manera como algunas operaciones han sido desarrolladas y supervisadas. Según HRW, la ausencia de controles claros y de información pública dificulta establecer responsabilidades cuando se denuncian abusos y limita la capacidad de las víctimas para acceder a la justicia.
Uno de los episodios analizados corresponde a una operación realizada entre el 1 y el 6 de marzo de 2026 en la comunidad de San Martín, en la provincia de Sucumbíos en Ecuador. De acuerdo con la investigación, cuatro trabajadores agrícolas denunciaron haber sido detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas, incluidas descargas eléctricas, mientras que varias viviendas y propiedades rurales resultaron destruidas durante la intervención.
El informe también examina ataques con drones contra embarcaciones pesqueras en aguas de Ecuador y la desaparición de la lancha Fiorella. Aunque HRW aclara que no ha podido determinar de manera concluyente quién ejecutó esas acciones, considera que existen elementos suficientes para reclamar investigaciones independientes sobre una eventual participación o conocimiento por parte de autoridades estadounidenses. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha rechazado cualquier responsabilidad.
Para Juanita Goebertus, uno de los principales problemas consiste en que la lucha contra el narcotráfico estaría siendo abordada bajo una lógica de conflicto armado, con el empleo de capacidades militares que pueden desdibujar los estándares propios del derecho internacional de los derechos humanos. En su criterio, el combate contra organizaciones criminales no debe traducirse automáticamente en reglas de enfrentamiento propias de una guerra.
La organización sostiene que esta aproximación incrementa el riesgo de ejecuciones ilegítimas, detenciones arbitrarias, torturas y afectaciones a la población civil. Por ello pidió tanto al Gobierno de Ecuador como al Congreso de Estados Unidos revisar los mecanismos de supervisión de estas operaciones y garantizar investigaciones independientes frente a cualquier denuncia.
Las advertencias adquieren especial relevancia para Colombia debido a la histórica cooperación militar con Estados Unidos en el marco del Plan Colombia y de otros programas de asistencia en seguridad. Durante más de dos décadas ambos países han compartido inteligencia, entrenamiento, asesoría y apoyo logístico en operaciones contra el narcotráfico y grupos armados ilegales.
Precisamente esa experiencia colombiana muestra que una cooperación estrecha puede producir importantes resultados operacionales, pero también generar intensos debates sobre derechos humanos cuando no existen mecanismos suficientes de control y rendición de cuentas.
Uno de los antecedentes más sensibles del lado colombiano corresponde al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Aunque estos hechos fueron cometidos por integrantes de la Fuerza Pública colombiana y no por militares estadounidenses, demostraron cómo la presión por obtener resultados operacionales puede derivar en graves violaciones de derechos humanos cuando fallan los controles institucionales.
A ello se suman las controversias surgidas por bombardeos contra campamentos ilegales en los que posteriormente se estableció la presencia de menores de edad, episodios que reabrieron el debate sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza, la calidad de la inteligencia militar y la obligación de proteger a la población civil durante operaciones de alto impacto.
Del lado estadounidense también existen antecedentes que han alimentado la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos. Durante la ejecución del Plan Colombia fueron denunciados varios casos de presuntas agresiones sexuales atribuidas a militares o contratistas estadounidenses desplegados en el país.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en Melgar (Tolima), donde una menor denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un militar estadounidense. El caso generó una fuerte controversia porque el uniformado abandonó Colombia y nunca fue procesado por la justicia colombiana, lo que dio lugar a cuestionamientos sobre los alcances de los acuerdos bilaterales aplicables al personal militar extranjero.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales sostuvieron que esos antecedentes evidenciaron dificultades para garantizar investigaciones eficaces cuando presuntos responsables pertenecían a fuerzas extranjeras protegidas por mecanismos especiales de jurisdicción o inmunidad funcional.
Ese debate reapareció en 2009, cuando se discutió el acuerdo para ampliar el acceso de personal militar estadounidense a bases colombianas. Sectores académicos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advirtieron entonces que cualquier incremento de la cooperación debía ir acompañado de reglas claras sobre responsabilidad penal, reparación de víctimas y control judicial.
En ese contexto, el informe presentado por Human Rights Watch sobre Ecuador reaviva interrogantes que Colombia ya enfrentó en el pasado: cómo garantizar que las operaciones conjuntas respeten los estándares internacionales de derechos humanos y quién responde cuando se producen abusos durante acciones coordinadas entre distintos Estados.
Otro aspecto señalado por especialistas consiste en la dificultad para establecer responsabilidades cuando intervienen simultáneamente fuerzas nacionales y extranjeras. La coordinación operacional puede complicar la reconstrucción de los hechos y la determinación de qué autoridad tomó determinadas decisiones o ejecutó una acción específica.
Al mismo tiempo, expertos en derecho internacional recuerdan que la cooperación militar entre Estados no constituye, por sí misma, una violación de derechos humanos. Su legalidad depende del respeto a los principios de necesidad, proporcionalidad, distinción, rendición de cuentas y acceso efectivo a la justicia para las víctimas cuando se denuncian posibles abusos.
Desde la perspectiva de los gobiernos que impulsan estas alianzas, la cooperación internacional resulta necesaria para enfrentar organizaciones criminales transnacionales con recursos cada vez más sofisticados. Argumentan que el intercambio de inteligencia, tecnología y entrenamiento fortalece la capacidad de los Estados para combatir el narcotráfico y reducir la violencia.
Por el contrario, organizaciones como Human Rights Watch sostienen que ese fortalecimiento institucional debe ir acompañado de mecanismos robustos de supervisión civil, transparencia y control judicial, precisamente para evitar que la lucha contra el crimen organizado derive en vulneraciones de derechos fundamentales.
Las denuncias formuladas por Juanita Goebertus trascienden así el caso de Ecuador y reabren una discusión regional sobre los límites de la cooperación militar internacional. Para Colombia, cuya historia reciente combina una intensa alianza con Estados Unidos y un amplio historial de debates sobre derechos humanos, el informe constituye un recordatorio de que la eficacia en la lucha contra el narcotráfico debe ir acompañada de garantías suficientes para proteger a la población civil, investigar cualquier abuso y asegurar que la rendición de cuentas prevalezca sobre la lógica exclusivamente militar.
