El informe Más allá del acceso: 20 años de acompañamiento, elaborado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, llega en un momento de cambio político para Colombia. Su principal conclusión es que la despenalización del aborto y el reconocimiento jurídico de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no han eliminado las barreras que enfrentan mujeres, niñas y personas gestantes. Aunque el acceso por medio del sistema de salud ha aumentado, la garantía efectiva del derecho continúa dependiendo del territorio, la capacidad de respuesta de las EPS y la disposición de las instituciones.
El documento recoge la experiencia acumulada por La Mesa durante dos décadas y analiza, en particular, los acompañamientos realizados después de la Sentencia C-055 de 2022. Esa decisión de la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo, después de ese límite, las tres causales reconocidas desde 2006. El cambio jurídico convirtió a Colombia en uno de los países latinoamericanos con un marco más amplio de protección de la autonomía reproductiva, pero el informe advierte que el reconocimiento formal no garantiza por sí solo el acceso oportuno.
Uno de los avances identificados es el crecimiento de la participación de las EPS en la prestación del servicio. La proporción de mujeres acompañadas que logró acceder a la IVE por medio de su aseguradora pasó del 40,9 % en 2022 al 62,9 % en 2025. La cifra sugiere una mayor incorporación del procedimiento al sistema ordinario de salud y una disminución de la dependencia de rutas excepcionales o de intervenciones jurídicas para obtener atención.
Sin embargo, el informe evita presentar esos datos como la superación definitiva de las barreras. Las demoras, las remisiones innecesarias, la desinformación, las exigencias que no están previstas en la normativa y las dificultades para encontrar prestadores siguen haciendo parte de la experiencia de muchas usuarias. El problema ya no es únicamente que el derecho exista, sino que pueda ejercerse sin que las mujeres tengan que insistir, desplazarse, recurrir a organizaciones sociales o enfrentar cuestionamientos sobre una decisión protegida por la jurisprudencia.
Las desigualdades territoriales son uno de los puntos centrales del diagnóstico. El acceso a la IVE no tiene las mismas condiciones en las grandes ciudades que en zonas rurales, apartadas o afectadas por el conflicto armado. Las dificultades también pueden ser mayores para mujeres migrantes, comunidades étnicas y personas con bajos ingresos, que enfrentan obstáculos adicionales para obtener información, trasladarse o asumir los costos indirectos de la atención. Así, una garantía jurídica nacional puede producir resultados profundamente distintos según el lugar y las condiciones sociales de cada persona.
El informe plantea, además, que la discusión debe ir más allá del número de procedimientos realizados. Una política pública de garantía no se mide solamente por cuántas mujeres lograron acceder a la IVE, sino por la oportunidad, la calidad y la dignidad de la atención. Una mujer puede obtener finalmente el servicio y, aun así, haber atravesado demoras, presiones, estigmas o trámites innecesarios. Por eso, el acceso efectivo también implica información clara, autonomía y ausencia de discriminación.
Ese diagnóstico adquiere una nueva dimensión con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Durante la campaña, el presidente electo expresó posiciones contrarias al aborto y presentó la defensa de la vida, la familia y los valores religiosos como parte de una batalla cultural y moral. Sus posturas han sido interpretadas por sectores defensores de los derechos sexuales y reproductivos como una posible amenaza para avances que ya fueron reconocidos por la Corte Constitucional.
La tensión, sin embargo, no significa que el nuevo Gobierno pueda eliminar la IVE mediante una decisión administrativa. El marco vigente tiene origen constitucional y jurisprudencial, y la Presidencia no puede dejar sin efecto por sí sola la Sentencia C-055. Pero la estabilidad de un derecho no depende únicamente de su reconocimiento en los tribunales. También está relacionada con las políticas públicas, la regulación, los recursos, la vigilancia sobre las EPS y las prioridades que adopten las autoridades sanitarias.
En ese terreno sí existe un amplio margen de influencia gubernamental. La Casa de Nariño puede fortalecer o debilitar la capacidad institucional para garantizar la IVE mediante el enfoque que adopte el Ministerio de Salud, la asignación de recursos, la supervisión de las aseguradoras y la manera en que se diseñen las políticas de salud sexual y reproductiva. El reto para el nuevo Gobierno será demostrar si sus posiciones ideológicas se traducirán en cambios concretos o si mantendrá las obligaciones estatales derivadas de la Constitución y de las decisiones judiciales.
La composición del gabinete también ha alimentado las preguntas sobre el rumbo que tomará el Gobierno. La administración entrante reúne figuras con posiciones conservadoras en asuntos relacionados con la familia, la educación, la religión y los derechos sexuales y reproductivos, mientras todavía está pendiente una definición clave en el sector Salud. Esa ausencia hace que la orientación de la política sobre la IVE permanezca abierta, pero también convierte el nombramiento en una señal relevante sobre las prioridades del nuevo Ejecutivo.
El debate colombiano ocurre, además, en un contexto internacional de ascenso de movimientos conservadores y de derecha que han convertido los derechos reproductivos en uno de los principales escenarios de disputa política. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el precedente de Roe vs. Wade en 2022 mostró que incluso derechos consolidados durante décadas pueden ser modificados cuando cambian las mayorías judiciales y políticas. Desde entonces, varios estados estadounidenses han impuesto restricciones o prohibiciones, mientras otros han aprobado protecciones mediante reformas legislativas y consultas populares.
La discusión internacional también ha trascendido el aborto y se ha integrado a una agenda conservadora más amplia. La defensa de la familia tradicional, la oposición a las políticas de género, las críticas al feminismo y el cuestionamiento de los derechos de las personas LGBTI se han convertido en elementos comunes de movimientos políticos que presentan esos asuntos como una disputa cultural. En ese marco, el aborto deja de ser solamente una discusión sobre salud pública y autonomía reproductiva para convertirse en un símbolo de confrontación entre proyectos políticos.
Colombia no es ajena a esa tendencia. La victoria de De la Espriella representa el ascenso de una derecha que combina discursos de seguridad, autoridad, defensa de la familia, identidad religiosa y oposición a varias agendas progresistas. La IVE puede convertirse en uno de los puntos donde esa visión entre en tensión con el orden jurídico construido durante las últimas dos décadas. El debate podría trasladarse de la legalidad del procedimiento a las condiciones institucionales necesarias para hacerlo realmente accesible.
El informe de La Mesa ofrece, en ese sentido, una línea de base para evaluar el nuevo ciclo político. Si el acceso por medio de las EPS continúa creciendo, si disminuyen las barreras y si las mujeres reciben atención oportuna, el Gobierno podrá sostener que sus posiciones ideológicas no afectaron la garantía del derecho. Si, por el contrario, aumentan las demoras, se debilita la vigilancia institucional o se reducen las políticas de salud sexual y reproductiva, las organizaciones sociales podrían interpretar esos cambios como una forma indirecta de limitar un derecho que no puede ser eliminado fácilmente por vía presidencial.
El reto para Colombia será evitar que la disputa política convierta la atención en salud en un terreno de incertidumbre. El informe muestra que el país avanzó desde la penalización casi absoluta hacia una mayor integración de la IVE al sistema de salud, pero también que ese proceso sigue siendo incompleto y desigual. En un escenario de ascenso conservador, la pregunta ya no es únicamente si el aborto seguirá siendo legal, sino si el Estado mantendrá las condiciones necesarias para que el derecho reconocido por la Corte pueda ejercerse de manera efectiva, segura y sin discriminación.
