Un grupo de congresistas volvió a radicar el 24 de julio el proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Cuidado, una iniciativa que pretende convertir en política de Estado la organización y articulación de los servicios de cuidado en Colombia. La nueva radicación se produjo al inicio de la legislatura 2026-2027, luego de que una versión anterior de la propuesta no completara su trámite antes del cierre del periodo legislativo.
La iniciativa es liderada por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal y cuenta con el respaldo de legisladores de distintas bancadas que han impulsado el reconocimiento del trabajo de cuidado. Sus promotoras sostienen que el proyecto busca dar estabilidad jurídica a una política pública que comenzó a desarrollarse durante el gobierno de Gustavo Petro y evitar que desaparezca por decisiones administrativas o cambios en la estructura del Estado.
La nueva radicación cobra especial relevancia tras el inicio del proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad. Esa cartera había asumido la coordinación de buena parte de la política nacional de cuidado y de los programas dirigidos a las personas cuidadoras. Con su desaparición, los impulsores del proyecto consideran necesario que el Sistema Nacional de Cuidado quede establecido por ley y no dependa de la existencia de un ministerio específico.
El proyecto plantea la creación de un sistema permanente que articule la acción del Gobierno nacional, las entidades territoriales, las instituciones públicas, las organizaciones comunitarias y otros actores encargados de prestar servicios de cuidado. Su objetivo es coordinar la oferta institucional y garantizar que las personas que requieren apoyo, así como quienes realizan estas labores, tengan acceso a programas y servicios de manera continua.
Uno de los pilares de la iniciativa es reconocer el cuidado como un derecho. El texto propone que todas las personas tengan derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado, entendiendo que estas actividades son indispensables para el bienestar, la salud, el desarrollo de la niñez, la atención de las personas mayores, de quienes viven con discapacidad y de quienes enfrentan enfermedades o situaciones de dependencia.
El proyecto también busca visibilizar un trabajo que históricamente ha permanecido invisible en las estadísticas económicas. Las labores de cuidado incluyen actividades como preparar alimentos, limpiar el hogar, acompañar a niños, niñas y adolescentes, atender a personas mayores, apoyar a familiares con discapacidad, administrar tratamientos médicos y brindar acompañamiento emocional, tareas que resultan esenciales para el funcionamiento cotidiano de las familias y de la sociedad.
Diversos estudios muestran que estas labores recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. En Colombia, millones de mujeres dedican buena parte de su tiempo al cuidado no remunerado de sus hogares y familiares, una carga que limita sus oportunidades de acceder al empleo formal, continuar sus estudios, participar en la vida pública o desarrollar proyectos productivos en igualdad de condiciones.
Las promotoras de la iniciativa sostienen que esa distribución desigual del trabajo de cuidado constituye una de las principales brechas de género en el país. Por ello, el proyecto propone avanzar hacia un modelo de corresponsabilidad en el que el Estado, las familias, las comunidades, el sector privado y los hombres compartan de manera más equitativa las responsabilidades relacionadas con el cuidado.
Entre las medidas contempladas se encuentra la organización de una red nacional de servicios de cuidado, la articulación de programas ya existentes, la formación y certificación de personas cuidadoras, el fortalecimiento de servicios comunitarios y el diseño de mecanismos que permitan aliviar la carga de quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de otras personas.
Las impulsoras del proyecto insisten en que el Sistema Nacional de Cuidado no busca crear un subsidio universal ni reemplazar las responsabilidades familiares, sino construir una política pública permanente que coordine la oferta institucional y garantice la continuidad de los servicios, independientemente del gobierno de turno o de la estructura administrativa vigente.
La iniciativa deberá ahora iniciar su trámite en el Congreso, donde enfrentará debates sobre su alcance, su financiación y la distribución de competencias entre las diferentes entidades del Estado. Sus promotores consideran que convertir el sistema en ley permitirá consolidar una política de largo plazo, mientras que algunos sectores han advertido sobre la necesidad de definir con precisión los costos fiscales y la capacidad institucional para implementarla en todo el territorio nacional.
Con esta nueva radicación, el Congreso volverá a discutir una propuesta que busca transformar la manera en que Colombia entiende y organiza el cuidado. Más allá de las diferencias políticas, el debate girará en torno al reconocimiento de unas labores imprescindibles para el sostenimiento de la vida y de la economía, que durante décadas han recaído principalmente sobre las mujeres y que ahora se pretende abordar mediante una política pública con vocación de permanencia.
