La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció una amenaza de muerte contra Laura Sofía Mejía y Víctor Galeano, cofundadores y directores de Baudó Agencia Pública, y pidió a las autoridades adoptar medidas urgentes para protegerlos.
Según la organización, el mensaje amenazante fue enviado al WhatsApp personal de Mejía. El contenido no se habría limitado a una intimidación general, sino que incluía detalles que sugieren que quienes lo enviaron podrían conocer algunos de los lugares que frecuenta la periodista.
La FLIP también señaló que el mensaje contenía información personal y sensible sobre familiares de Mejía. Para la Fundación, la combinación de estos elementos incrementa el nivel de riesgo y hace más preocupante la posibilidad de que la amenaza pueda materializarse.
Mejía relacionó la intimidación con el trabajo periodístico realizado por Baudó Agencia Pública. De acuerdo con su versión, los contenidos publicados por la agencia sobre víctimas del conflicto armado, derechos humanos y asuntos ambientales estarían relacionados con el origen de la amenaza.
Entre los temas que la periodista identifica como parte de ese contexto están los retos ambientales del presidente electo Abelardo de la Espriella y los posibles impactos de sus propuestas en esta materia. La FLIP recoge esta versión, pero no atribuye la amenaza a una persona, organización criminal o sector político específico.
La Fundación pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar oportunamente la denuncia que ya fue presentada por la periodista. La solicitud busca establecer quién está detrás de las amenazas y determinar las circunstancias en las que fueron realizadas.
La FLIP también acudió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para solicitar que se tramite una evaluación de riesgo para Mejía y Galeano. La organización considera necesario determinar qué medidas de protección requieren ambos periodistas ante la situación denunciada.
La petición incluye además al entorno familiar. Debido a que el mensaje contenía información sobre familiares de la periodista, la Fundación pidió a la UNP evaluar la extensión de eventuales medidas de seguridad al núcleo familiar.
A la Policía Nacional, la FLIP le solicitó implementar monitoreos de seguridad acordes con el nivel de riesgo, incluyendo contacto permanente con los periodistas y rondas de seguridad. La organización plantea estas medidas como parte de una respuesta preventiva mientras avanza la investigación.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan periodistas que trabajan sobre conflicto armado, derechos humanos y asuntos ambientales, particularmente cuando sus investigaciones pueden afectar intereses políticos o económicos. Sin embargo, el comunicado no establece quién sería responsable de la intimidación.
La FLIP informó que acompañará el caso y hará seguimiento a la situación de seguridad de Mejía y Galeano. Su intervención busca además que la denuncia no quede únicamente en una actuación formal, sino que se traduzca en medidas concretas de protección.
Para Baudó Agencia Pública, la amenaza ocurre en un contexto de cobertura de asuntos especialmente sensibles para el país. La agencia ha trabajado en investigaciones relacionadas con víctimas y derechos humanos y, según Mejía, también ha examinado las implicaciones ambientales de las políticas que plantea el nuevo Gobierno.
La gravedad que la FLIP atribuye al caso está determinada en buena medida por el contenido del mensaje: no solo habría una amenaza de muerte, sino indicios de vigilancia y datos sobre personas cercanas a la periodista. Para la Fundación, esto constituye un factor que aumenta el riesgo.
La denuncia también plantea un desafío para las autoridades en materia de libertad de prensa. Investigar quién está detrás de la amenaza y garantizar la seguridad de los periodistas resulta fundamental para evitar que la intimidación termine produciendo autocensura o afectando la publicación de investigaciones de interés público.
Esta amenaza se hace pública al tiempo que en la intervención virtual del presidente posesionado Abelardo de La Espriella, habló sobre que ciertos límites que debe tener la libertad de prensa.
Por ahora, el caso se encuentra en manos de las autoridades competentes. La FLIP pide que la respuesta sea rápida y proporcional al riesgo denunciado, mientras Mejía y Galeano continúan bajo seguimiento de la organización que defiende la libertad de prensa en Colombia.
