Las dificultades para acceder a medicamentos en Colombia volvieron a generar cuestionamientos contra el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Esta vez, las denuncias fueron planteadas por Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de la EPS Sanitas, quien aseguró que los pacientes siguen enfrentando largas esperas para reclamar sus tratamientos y que las promesas de mejoramiento del sistema de salud no se han traducido en soluciones concretas.
Quiceno expuso la situación en declaraciones a Noticias Caracol, en las que señaló que algunos usuarios deben permanecer hasta nueve horas en los dispensarios para intentar obtener los medicamentos formulados por sus médicos. La dirigente cuestionó el balance del Gobierno en materia sanitaria y afirmó que las condiciones de atención no han mejorado para quienes dependen de la entrega oportuna de sus tratamientos.
Uno de los principales señalamientos estuvo relacionado con los recursos que, según la representante de los usuarios, fueron anunciados durante la campaña presidencial para fortalecer la financiación del sistema. «El gobierno prometió diez billones en campaña que hoy no aparecen», manifestó Quiceno, al cuestionar que esos compromisos todavía no se reflejen en una mejor atención para los pacientes.
La declaración puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la financiación del sistema de salud y la suficiencia de los recursos destinados a garantizar los servicios. Aunque la dirigente hizo referencia a los diez billones de pesos anunciados en campaña, el alcance de ese compromiso, su destinación y el nivel de ejecución deberán contrastarse con los documentos presupuestales y las propuestas presentadas por el entonces candidato.
La preocupación de los usuarios no se limita a las discusiones sobre el presupuesto. En los dispensarios, la situación se manifiesta en filas prolongadas, congestiones, dificultades para completar las fórmulas y pacientes que deben regresar varias veces para conseguir los medicamentos que necesitan. El problema adquiere mayor gravedad cuando se trata de personas con enfermedades crónicas, que requieren continuidad en sus tratamientos.
Uno de los factores que incidió en las dificultades recientes de Sanitas fue el cambio de operador farmacéutico. Hasta el 31 de octubre de 2026, Cruz Verde estaba encargado de la dispensación de medicamentos, pero desde el primero de noviembre Colsubsidio asumió esta operación para los afiliados de la EPS en el marco de la transición contractual.
El cambio se produjo en medio de una acumulación de solicitudes pendientes que no habían sido resueltas por el anterior operador. Según las cifras expuestas por Quiceno, Cruz Verde dispensaba alrededor de 16.000 medicamentos diarios, mientras que Colsubsidio habría elevado el volumen de entregas a aproximadamente 20.000 al día.
La diferencia representa un incremento cercano al 25 % en la capacidad diaria de dispensación. Sin embargo, ese aumento no ha sido suficiente para resolver los pendientes acumulados y atender simultáneamente la demanda habitual de los usuarios. La transición terminó trasladando una carga considerable al nuevo operador, que ha tenido dificultades para responder con la rapidez requerida.
Bogotá fue uno de los puntos donde se hicieron más visibles los problemas. De acuerdo con Quiceno, la implementación del cambio de operador se realizó de manera progresiva y la capital fue una de las últimas ciudades en entrar en el nuevo esquema. Esto habría contribuido a concentrar solicitudes y generar congestiones en los establecimientos farmacéuticos.
Los testimonios de los usuarios describieron jornadas completas de espera para reclamar medicamentos. En algunos puntos de atención se reportaron filas desde las primeras horas de la mañana y pacientes que permanecieron durante varias horas sin recibir una respuesta definitiva sobre sus fórmulas.
Entre las situaciones denunciadas se encuentra la de usuarios que llegaron a los dispensarios y, después de esperar durante buena parte del día, recibieron información sobre la falta de existencias de algunos productos. También se conocieron quejas de pacientes crónicos que llevaban varios días intentando conseguir medicamentos indispensables para continuar sus tratamientos.
Uno de los casos mencionados fue el de una paciente con diabetes que manifestó llevar más de diez días intentando obtener insulina. Este tipo de situaciones refleja las consecuencias que pueden tener las dificultades logísticas de los operadores cuando afectan tratamientos que no admiten interrupciones prolongadas.
Las denuncias motivaron la intervención de las autoridades sanitarias. El 10 de noviembre, la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a Sanitas y exigió acciones inmediatas para garantizar la entrega completa y oportuna de los medicamentos a sus afiliados.
La disposición estableció obligaciones relacionadas con la identificación de las fórmulas pendientes, la trazabilidad de las solicitudes y la presentación de información sobre las fechas efectivas de entrega. También ordenó dar prioridad a los pacientes con mayores riesgos para su salud, entre ellos menores de edad, mujeres gestantes, personas con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas y pacientes trasplantados.
La medida de la Supersalud evidenció que las dificultades reportadas por los usuarios también habían llegado al ámbito de vigilancia y control institucional. La entidad buscó que Sanitas adoptara medidas verificables para resolver los retrasos y evitara que la transición entre operadores continuara afectando la continuidad de los tratamientos.
A esta actuación se sumó la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, que realizó visitas de inspección a dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio encargados de atender a los afiliados de Sanitas. Los resultados permitieron identificar problemas de capacidad operativa y tiempos de espera que generaron nuevas preocupaciones sobre las condiciones de atención.
En uno de los establecimientos inspeccionados se encontraron usuarios que habían esperado hasta seis horas, cuatro de ellas en las escaleras y otras dos en la sala de atención. En el segundo punto se reportaron tiempos cercanos a las tres horas. La Secretaría también advirtió que algunas ventanillas disponibles no estaban funcionando en su totalidad, lo que reducía la capacidad de atención.
La administración distrital manifestó preocupación por las condiciones en las que debían permanecer los pacientes, especialmente adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida. Por esa razón, solicitó a Sanitas y Colsubsidio adoptar correctivos inmediatos para mejorar la atención y reducir las congestiones.
Frente a las dificultades, Sanitas informó que solicitó a Colsubsidio un reporte de trazabilidad operativa y una auditoría del sistema de digiturnos para identificar las causas de las demoras. La EPS también anunció una revisión de los pendientes y el fortalecimiento de los mecanismos de despacho prioritario.
Entre las medidas operativas comunicadas para noviembre se incluyó la apertura desde las seis de la mañana en 19 de las 29 sedes habilitadas de Colsubsidio en Bogotá, además de la contratación de personal adicional y la instalación de cajas rápidas para usuarios que reclamen más de dos medicamentos.
La EPS también anunció que las órdenes médicas vencidas durante noviembre podrían utilizarse hasta el día 30 de ese mes, con el propósito de evitar que los pacientes tuvieran que regresar a sus médicos para renovar fórmulas debido a los retrasos en la dispensación. Adicionalmente, comunicó el fortalecimiento de las entregas domiciliarias.
Sanitas sostuvo que los medicamentos estaban contratados con Colsubsidio y descartó que existiera un problema general de desabastecimiento. La explicación de la entidad apunta principalmente a las dificultades operativas derivadas del cambio de operador y al volumen de solicitudes que se encontraba pendiente de resolver.
Sin embargo, las cifras de seguimiento muestran la magnitud del problema que debía enfrentar la EPS. Con corte al 20 de octubre de 2026, el tablero de seguimiento del plan de choque registraba 473.348 personas con pendientes, equivalentes al 81,02 % de los usuarios incluidos en ese reporte. Otras 110.888 personas aparecían con sus pendientes cerrados, correspondientes al 18,98 % restante.
En términos de registros, el mismo tablero contabilizaba 1.930.404 solicitudes, de las cuales 1.393.636 permanecían pendientes y 536.768 figuraban como cerradas. Estas cifras corresponden a solicitudes y no necesariamente a personas diferentes, por lo que no deben confundirse los registros con el número total de pacientes afectados.
El volumen de pendientes ayuda a dimensionar la presión que enfrentó Colsubsidio al asumir la dispensación. El incremento en el número de medicamentos entregados diariamente puede representar una mejora en la capacidad operativa, pero no garantiza por sí solo que los pacientes reciban oportunamente todas sus fórmulas si persiste el represamiento de solicitudes anteriores.
La controversia también tiene una dimensión política. Las declaraciones de Quiceno trasladan al Gobierno nacional la discusión sobre la financiación del sistema y el cumplimiento de las promesas formuladas durante la campaña presidencial. La dirigente considera que los anuncios de recursos no se han traducido en mejores condiciones para los usuarios, mientras las autoridades sanitarias deben responder por las dificultades que afectan la prestación de los servicios.
No obstante, es necesario diferenciar las responsabilidades. La financiación general del sistema corresponde a decisiones de política pública y a la gestión de recursos del Gobierno, mientras que la entrega efectiva de medicamentos involucra obligaciones de la EPS y de los operadores farmacéuticos contratados. Establecer el origen de cada falla requiere examinar tanto los compromisos presupuestales como la operación de los dispensarios.
Por ahora, los usuarios de Sanitas siguen esperando que las medidas anunciadas permitan reducir las filas y normalizar la entrega de medicamentos. La intervención de la Supersalud, las inspecciones de la Secretaría de Salud de Bogotá y los compromisos de la EPS y Colsubsidio deberán traducirse en resultados verificables para los pacientes.
La denuncia de Gloria Quiceno deja planteado un interrogante sobre el cumplimiento de los compromisos de financiación del Gobierno de Abelardo De La Espriella, pero también expone una situación inmediata que afecta a miles de afiliados: la dificultad de obtener los medicamentos formulados. Para quienes dependen de tratamientos continuos, la discusión sobre los recursos y los cambios administrativos tiene una consecuencia concreta: cada día de demora puede representar una interrupción en su atención médica.
