El senador Iván Cepeda anunció una denuncia penal contra Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, por las declaraciones en las que lo vinculó públicamente con organizaciones armadas ilegales. El episodio vuelve a poner sobre la mesa una acusación que ha sido repetida durante años en el debate político colombiano, pese a que no se conocen pruebas que demuestren que el senador del Pacto Histórico haya pertenecido o pertenezca a una organización armada ilegal.
La controversia se originó en declaraciones realizadas por Efraín Cepeda en el contexto de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. El dirigente conservador afirmó que Iván Cepeda era “más guerrillero que Gustavo Petro” y cuestionó su posición frente a la política de paz del anterior Gobierno. Las declaraciones generaron una respuesta inmediata del senador, quien anunció que acudirá ante la Fiscalía.
El señalamiento no es nuevo. Durante años, adversarios políticos de Cepeda han utilizado su trabajo en materia de derechos humanos, su defensa de víctimas del conflicto y su interlocución con integrantes de organizaciones armadas como argumento para presentarlo como cercano a la guerrilla. Sin embargo, una cosa es haber desarrollado actividades de defensa de derechos humanos o participado en procesos de diálogo y otra, completamente distinta, pertenecer a una organización armada ilegal.
Cepeda ha desarrollado buena parte de su trayectoria política alrededor de la defensa de víctimas del conflicto armado. Antes de llegar al Senado, participó en organizaciones de derechos humanos y fue uno de los integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Esa trayectoria lo llevó a investigar violaciones de derechos humanos y a relacionarse con comunidades y personas afectadas por la violencia.
También ha mantenido interlocución con miembros de grupos armados en distintos momentos de su actividad pública. Esa interlocución, particularmente durante procesos relacionados con la búsqueda de acuerdos de paz, ha sido utilizada por sus detractores para cuestionarlo. Pero el contacto con integrantes de una organización armada, en el marco de actividades políticas, humanitarias o de paz, no constituye por sí mismo prueba de pertenencia a ella.
La acusación ha sido repetida con tanta frecuencia que terminó convirtiéndose en un lugar común dentro de determinados sectores del debate político. La reiteración, sin embargo, no transforma una afirmación en un hecho probado. Hasta ahora no se conocen decisiones judiciales, investigaciones penales concluidas ni pruebas públicas que establezcan que Iván Cepeda haya sido integrante de las FARC, del ELN o de cualquier otra organización armada ilegal.
Precisamente por eso resulta relevante distinguir entre una crítica política y la atribución de un hecho concreto. Decir que un político tiene una determinada posición frente a la negociación con grupos armados pertenece al ámbito del debate público. Afirmar que pertenece a una organización guerrillera implica atribuirle un hecho específico que, de ser presentado como verdadero, debe contar con algún sustento verificable.
La discusión adquiere una dimensión adicional porque Cepeda ha sido uno de los políticos colombianos que más abiertamente ha defendido la negociación política con organizaciones armadas. Su posición frente a la paz y al conflicto ha sido objeto de controversia, pero defender una salida negociada o mantener contactos con actores armados no equivale jurídicamente a formar parte de esos grupos.
Efraín Cepeda fue más allá de cuestionar las posiciones políticas del senador. Al referirse a la denominada Paz Total, sostuvo que esta habría servido para proteger a grupos armados y relacionó ese escenario con el respaldo electoral que, según su planteamiento, habría recibido Cepeda. El senador consideró que esas afirmaciones cruzaron una línea y anunció que acudirá a la justicia.
La denuncia deberá ser analizada por las autoridades competentes. No corresponde anticipar que Efraín Cepeda haya cometido un delito, porque serán los investigadores y eventualmente los jueces quienes deberán determinar si las expresiones utilizadas tienen relevancia penal. Entre los elementos que deberán estudiarse estarán el contexto, el alcance de las declaraciones y si se trató de una opinión política, una expresión retórica o la imputación de un hecho presentado como cierto.
También será importante establecer si existe alguna evidencia que respalde las afirmaciones. Hasta el momento, no se conoce públicamente una prueba que demuestre que Iván Cepeda haya pertenecido a una organización armada ilegal. La existencia de fotografías, reuniones, entrevistas o contactos con integrantes de grupos armados tampoco sería suficiente por sí misma para establecer una pertenencia, pues esas interacciones pueden producirse por razones políticas, humanitarias, periodísticas o relacionadas con procesos de paz.
La controversia ocurre además en un momento de profunda polarización política. Cepeda se convirtió en una de las principales figuras del Pacto Histórico y asumió una posición de oposición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Efraín Cepeda, por su parte, encabeza el Partido Conservador y se ha convertido en uno de los dirigentes que cuestionan las posiciones del nuevo bloque opositor.
A esta discusión se suma otro asunto que ha sido utilizado para alimentar los señalamientos contra Cepeda: las demandas y controversias sobre sus resultados electorales en regiones donde existen grupos armados. Que una organización ilegal tenga presencia en una zona o haya ejercido presión sobre una comunidad no significa que un candidato beneficiado electoralmente por votos de ese territorio tenga vínculos con ella. Para establecer una relación de esa naturaleza se necesitan pruebas específicas.
La diferencia es fundamental en un país marcado por décadas de violencia política. Asociar a un dirigente con una organización armada puede tener consecuencias que van mucho más allá de una discusión partidista. Puede afectar su reputación, aumentar los riesgos de seguridad y alimentar narrativas de estigmatización, especialmente cuando la acusación se repite sin que aparezcan pruebas nuevas que la sustenten.
El caso entre Iván y Efraín Cepeda plantea, en últimas, una pregunta sobre los límites del debate político. La crítica a las ideas, alianzas y actuaciones de un dirigente es legítima dentro de una democracia; la atribución de pertenencia a una organización armada ilegal es otra cosa. En el caso de Iván Cepeda, pese a que ese señalamiento ha sido repetido durante años, no existe hasta ahora evidencia pública que permita afirmar que haya pertenecido o pertenezca a un grupo armado al margen de la ley.
La eventual denuncia ante la Fiscalía permitirá que la controversia deje el terreno de las acusaciones políticas y sea examinada desde el punto de vista jurídico. Mientras tanto, la discusión debería partir de una distinción elemental pero necesaria: las posiciones políticas de Cepeda sobre el conflicto, sus actividades como defensor de derechos humanos y sus contactos con actores armados pueden ser objeto de debate y crítica; presentarlo como integrante de una organización guerrillera requiere pruebas que, hasta ahora, no han sido exhibidas públicamente.
