El denominado Proyecto Panamá fue una iniciativa desarrollada por Anthropic para adquirir grandes cantidades de libros físicos, retirarles las encuadernaciones, escanear sus páginas y convertirlas en un corpus digital destinado al entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial, entre ellos Claude. Los detalles se conocieron a partir de miles de páginas de documentos judiciales divulgados durante los litigios por derechos de autor contra la compañía.
La escala planteada por Anthropic es uno de los elementos que más ha llamado la atención. Un documento interno de 2024 describía Project Panama como un esfuerzo para “escanear de forma destructiva todos los libros del mundo” y advertía sobre la necesidad de mantener el proyecto en secreto. Según los documentos, la compañía llegó a gastar decenas de millones de dólares en aproximadamente un año para adquirir millones de ejemplares.
El procedimiento era industrial. Los libros eran adquiridos, se les retiraba el lomo y las páginas quedaban disponibles para ser procesadas mediante escáneres de alta velocidad. Una vez digitalizado el contenido, los ejemplares físicos podían ser descartados o enviados al reciclaje. De esta manera, Anthropic buscaba convertir rápidamente grandes cantidades de libros en archivos digitales utilizables para sus modelos.
La razón para recurrir a libros físicos estaba relacionada con la calidad del material. Los documentos muestran que Anthropic consideraba los libros particularmente valiosos para enseñar a sus modelos a escribir correctamente, frente a lo que sus responsables percibían como contenido de menor calidad disponible en internet. La empresa buscaba así alimentar sus modelos con textos humanos extensos, estructurados y editados.
Para organizar esa estrategia, Anthropic recurrió además a Tom Turvey, un antiguo ejecutivo de Google que había participado en el desarrollo de Google Books. Los documentos judiciales muestran que la compañía consideró diferentes fuentes para adquirir ejemplares, incluidas bibliotecas y librerías de segunda mano, aunque no todas las alternativas analizadas llegaron necesariamente a materializarse.
El proyecto adquirió una dimensión particularmente polémica por su carácter secreto. La frase interna sobre que Anthropic no quería que se supiera que estaba trabajando en el proyecto alimentó las críticas sobre la transparencia de las empresas de inteligencia artificial. La controversia no se limita, por tanto, a qué libros fueron utilizados, sino también a cómo fueron obtenidos y con qué nivel de conocimiento de los autores y editores.
Uno de los principales debates jurídicos es, precisamente, si una compañía puede comprar legalmente un libro, digitalizarlo y utilizar esa copia para entrenar una inteligencia artificial sin pedir autorización individual a los titulares de derechos. En el litigio contra Anthropic, el juez William Alsup concluyó que el entrenamiento con las obras podía estar protegido por la doctrina estadounidense del fair use, debido al carácter transformador del uso.
Pero esa conclusión no resolvió todas las controversias. El caso también involucró millones de libros obtenidos de fuentes piratas. El tribunal distinguió entre la utilización de obras para entrenar modelos y la adquisición y almacenamiento de copias pirateadas, que sí plantearon una infracción de derechos de autor. Esa diferencia resulta fundamental para entender por qué el caso terminó en una compensación histórica.
En julio de 2026, un tribunal federal aprobó un acuerdo por 1.500 millones de dólares entre Anthropic y los autores afectados. Reuters lo calificó como el mayor acuerdo conocido de derechos de autor en Estados Unidos. Más de 91 % de las obras incluidas habían sido reclamadas y la compensación estimada rondaba los 3.000 dólares por obra elegible.
La existencia de ese acuerdo ha contribuido a generar una percepción pública en la que se mezclan dos asuntos diferentes: la legalidad del entrenamiento con libros adquiridos legítimamente y la utilización de copias pirateadas. No es jurídicamente correcto afirmar que un tribunal determinó que todo el Proyecto Panamá fue ilegal. La situación es más compleja y la decisión judicial establece diferencias entre ambos mecanismos.
La controversia también tiene una dimensión cultural. Digitalizar un libro no equivale necesariamente a preservarlo. Cuando el ejemplar físico es destruido, desaparece un objeto que puede tener valor histórico, editorial o patrimonial, mientras que la copia digital queda bajo control de quien realizó la digitalización. En el caso de Anthropic, el objetivo principal no era crear una biblioteca pública, sino construir un corpus para sus propios sistemas de inteligencia artificial.
Esa circunstancia abre una pregunta que va más allá del derecho de autor: ¿puede una empresa privada transformar millones de objetos culturales en un activo digital exclusivo para desarrollar un producto comercial? La respuesta jurídica en Estados Unidos dependerá de las circunstancias concretas, pero el debate cultural y ético es mucho más amplio.
También preocupa qué títulos fueron destruidos. Anthropic ha sostenido que no estaba destruyendo libros raros o antiguos y que su operación se concentró en ejemplares que podían adquirirse en grandes cantidades. Sin embargo, la información pública disponible todavía no permite reconstruir completamente qué títulos fueron procesados ni establecer el destino de cada ejemplar. Esa falta de información alimenta las dudas sobre el impacto patrimonial del proyecto.
La revelación de Project Panama coincide además con una transformación del mercado de libros usados. Reportes recientes señalan que libreros especializados han detectado grandes pedidos de determinados títulos, incluidos ejemplares descatalogados y especializados, aunque no todos esos movimientos pueden atribuirse directamente a Anthropic. Esa cautela es importante: existen indicios de una demanda creciente de libros para inteligencia artificial, pero no hay evidencia suficiente para atribuir cada compra masiva a Project Panama.
Otro elemento controvertido es la asimetría de poder. Un autor puede tardar años en escribir un libro, mientras que una empresa tecnológica con miles de millones de dólares puede adquirir millones de ejemplares y procesarlos industrialmente en un periodo relativamente corto. La disputa plantea quién debe beneficiarse económicamente cuando el trabajo acumulado de generaciones de escritores se convierte en materia prima para sistemas capaces de producir nuevos textos.
El caso también puede tener consecuencias para las bibliotecas. Históricamente, las bibliotecas compran, conservan y prestan libros bajo reglas destinadas a garantizar el acceso público al conocimiento. Una empresa tecnológica puede comprar esos mismos libros, digitalizarlos y convertir el contenido en parte de un sistema privado. La diferencia no está únicamente en la tecnología utilizada, sino en quién controla posteriormente el conocimiento digitalizado.
Para los autores, el precedente es igualmente significativo. La decisión judicial sobre el entrenamiento considerado fair use puede fortalecer la posición de las compañías de IA en futuros litigios, pero el acuerdo de 1.500 millones de dólares demuestra al mismo tiempo que la procedencia de los datos puede convertirse en un riesgo financiero enorme. La cuestión de dónde salió cada corpus puede ser tan importante como la manera en que se utilizó.
El Proyecto Panamá también evidencia una característica de la carrera actual por desarrollar modelos de IA: el acceso a datos de alta calidad se ha convertido en un recurso estratégico. Cuando las empresas agotan o saturan las fuentes disponibles en internet, los libros ofrecen enormes cantidades de lenguaje humano editado y conocimiento especializado. Para compañías que compiten por mejorar sus modelos, conseguir ese material puede representar una ventaja tecnológica.
La controversia tiene además un componente de transparencia empresarial. Si una iniciativa de esta magnitud necesitaba mantenerse en secreto y posteriormente fue conocida por documentos judiciales, surge la pregunta sobre qué otros mecanismos están utilizando las empresas de inteligencia artificial para construir sus corpus de entrenamiento. El caso muestra los límites de un sistema en el que las prácticas de adquisición de datos pueden permanecer ocultas hasta que llegan a un tribunal.
Por ahora, Project Panama no puede reducirse a la imagen de una empresa que “destruyó libros para hacer una IA”. Hay una historia jurídica más compleja: Anthropic desarrolló una estrategia para comprar y digitalizar ejemplares físicos a gran escala; los tribunales consideraron que determinado uso de las obras para entrenamiento podía constituir fair use; pero la utilización de copias obtenidas ilegalmente generó una responsabilidad que terminó en un acuerdo de 1.500 millones de dólares.
Lo que queda abierto es quizás más importante que el caso concreto. ¿Hasta dónde puede llegar una compañía de inteligencia artificial para obtener conocimiento humano y convertirlo en capacidad computacional? Project Panama plantea esa pregunta desde tres frentes simultáneos: los límites del derecho de autor, la preservación del patrimonio cultural y el poder que adquieren las empresas que controlan los modelos capaces de procesar ese conocimiento.
