La Fiscalía del condado de Tompkins, en el estado de Nueva York, reabrió la investigación penal sobre una presunta violación en grupo ocurrida en una casa de la fraternidad Chi Phi de la Universidad Cornell en octubre de 2024. La decisión fue anunciada el 28 de septiembre de 2026, después de que una exestudiante presentara una demanda civil contra siete hombres, la fraternidad y la universidad. ,
El caso había sido inicialmente investigado por las autoridades, pero no produjo cargos penales. Ahora el fiscal del condado, Matthew Van Houten, anunció que su oficina volverá a revisar la evidencia y que prepara la presentación del caso ante un gran jurado para determinar si procede una acusación.
La historia se remonta al 19 de octubre de 2024. Según la demanda civil presentada posteriormente, la entonces estudiante, de 20 años, acudió a actividades relacionadas con su hermandad y terminó en la casa de Chi Phi. La denuncia sostiene que allí fue sometida a consumo de alcohol y drogas y que posteriormente fue agredida sexualmente por varios integrantes de la fraternidad.
La demanda civil sostiene que la joven fue incapaz de consentir y que siete miembros de Chi Phi participaron en la agresión durante varias horas. Estas afirmaciones forman parte de una demanda presentada por la denunciante y no constituyen todavía hechos establecidos por una sentencia judicial. ,
La denuncia presentada en 2026 asegura que aquella noche hubo consumo de alcohol, marihuana y ketamina y que la joven fue sometida a nuevos consumos en la casa de la fraternidad. La demanda utiliza estos elementos para argumentar que la estudiante se encontraba incapacitada para prestar consentimiento cuando ocurrieron las agresiones que atribuye a los siete hombres.
Semanas después del episodio, la estudiante reportó el hecho a la policía del campus. La fecha que ha trascendido públicamente para esa denuncia es noviembre de 2024. A partir de allí comenzó una investigación que involucró tanto a las autoridades como a la propia universidad.
La versión sobre lo ocurrido en aquella primera investigación es uno de los puntos que ahora están bajo revisión. El fiscal Van Houten sostiene que el relato que recibió originalmente difería sustancialmente de las acusaciones contenidas en la demanda de 2026, especialmente en lo relacionado con el consumo involuntario de drogas y una violación múltiple.
De acuerdo con la explicación ofrecida ahora por la Fiscalía, el material que llegó inicialmente a su oficina no incluía algunas de las alegaciones que aparecen en la nueva demanda. Van Houten señaló que la declaración jurada recibida entonces describía el consumo de drogas y la actividad sexual como voluntarios y consensuados, una circunstancia que influyó en la decisión de no presentar cargos.
Pero una transcripción de una entrevista policial obtenida recientemente mostró un elemento diferente. Según AP y CBS, la joven habría dicho a la policía que tenía “100%” de certeza de haber sido violada. El fiscal sostuvo que esa transcripción no estaba entre los materiales resumidos que recibió inicialmente su oficina.
Esa discrepancia es ahora uno de los puntos centrales de la reapertura. La Fiscalía debe establecer qué información se obtuvo durante la investigación original, cuál fue remitida al despacho del fiscal y por qué algunos elementos no formaron parte del expediente que sirvió para decidir que no habría cargos.
Mientras la investigación penal no produjo acusaciones, Cornell abrió un procedimiento disciplinario interno bajo el Título IX. La universidad informó recientemente que el proceso formal comenzó en enero de 2025 y que hubo audiencias en las que un panel examinó las pruebas durante varios días.
Cornell sostiene que ese proceso terminó en una variedad de sanciones, incluidas expulsiones y suspensiones. La universidad no ha precisado públicamente cuántos estudiantes fueron expulsados y cuántos suspendidos. Según el abogado de la denunciante, dos de los siete acusados fueron expulsados.
La universidad también confirmó que el capítulo de Chi Phi en Cornell fue cerrado en 2024 y continúa prohibido en el campus. El proceso disciplinario universitario, por tanto, produjo consecuencias internas incluso cuando no existía una acusación penal formal.
Una de las controversias que estallaron después de la demanda fue la afirmación de que algunos estudiantes habían recibido como consecuencia la posibilidad de escribir ensayos sobre lo ocurrido. Cornell negó que escribir ensayos hubiera sido la única sanción para cualquiera de los acusados y sostuvo que las medidas incluyeron suspensiones y expulsiones.
La demanda civil que volvió a poner el caso en el centro de la discusión fue presentada en septiembre de 2026 por la exestudiante, identificada públicamente como “Jane Doe”. El expediente tiene 101 páginas y demanda a siete antiguos integrantes de Chi Phi, a la universidad y a otras entidades vinculadas al episodio.
La demanda no busca únicamente responsabilidad individual por las presuntas agresiones. También sostiene que Cornell y la fraternidad incumplieron deberes de prevención y respuesta y reclama responsabilidad por la manera en que la institución manejó el caso.
Uno de los elementos que mayor repercusión tuvo fueron mensajes de un grupo privado de Snapchat vinculados a la fraternidad. La demanda sostiene que algunos de esos mensajes muestran una dinámica de coordinación y comentarios sobre la estudiante mientras se encontraba dentro de la casa. La existencia y el significado jurídico de esas conversaciones deberán ser examinados por los investigadores.
La reapertura de la investigación no significa que los siete acusados hayan sido formalmente imputados. El fiscal anunció que pretende presentar el caso ante un gran jurado, que deberá evaluar la evidencia y determinar si existen fundamentos para una acusación penal.
En Estados Unidos, un gran jurado no determina la culpabilidad. Su función en esta fase es decidir si existe causa probable suficiente para presentar una acusación formal. Si hubiera una acusación, posteriormente tendría que desarrollarse el proceso penal correspondiente y los acusados conservarían la presunción de inocencia.
La reapertura también implica revisar la actuación de las autoridades durante la primera investigación. El abogado de la denunciante ha cuestionado que, según su versión, no hubiera una investigación especializada de delitos sexuales que profundizara en determinados elementos de la denuncia original. La Fiscalía, por su parte, sostiene que está revisando nuevamente la evidencia disponible.
El caso ha provocado además una discusión sobre la respuesta de las universidades ante denuncias de violencia sexual. Cornell puso en marcha en la primavera de 2025 un grupo presidencial de trabajo sobre agresiones sexuales en el campus, que publicó recomendaciones en marzo de 2026.
La propia comunidad estudiantil ha pedido mayor transparencia sobre los resultados de los procedimientos disciplinarios. Una resolución de la Asamblea Estudiantil de Cornell propone que la universidad publique datos agregados sobre los resultados de las investigaciones de conducta sexual y explique mejor cómo coordinan sus oficinas internas con las autoridades policiales.
La discusión se produce además en una universidad que ya había aplicado medidas de reforma en sus fraternidades después de otros episodios de abuso, novatadas y consumo problemático de alcohol. AP señala que Cornell ha modificado reglas sobre bebidas alcohólicas, supervisión y novatadas, pero que los nuevos casos han mantenido abierta la discusión sobre la eficacia de esas medidas.
La Fiscalía del condado de Tompkins insiste en que la reapertura responde a nueva información y a diferencias sustanciales entre la documentación inicial y las alegaciones actuales, mientras Cornell ha manifestado que apoya la investigación penal renovada. Ninguna de esas actuaciones equivale todavía a una determinación judicial de que las siete personas acusadas hayan cometido una violación.
La cronología deja así tres momentos diferenciados: la presunta agresión de octubre de 2024; la investigación policial y universitaria que no desembocó inicialmente en cargos penales; y la reapertura en septiembre de 2026 después de una demanda civil que puso nuevos elementos en conocimiento público. Ahora la investigación vuelve al terreno penal: la Fiscalía prepara la evidencia para un gran jurado y deberá determinar si existen fundamentos para formular cargos. El caso sigue siendo una investigación abierta y las acusaciones contra los siete hombres deberán ser establecidas o descartadas mediante el debido proceso.
