El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la comisionada de Policía, Jessica Tisch, anunciaron la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica (SRG), una unidad del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que atendía protestas, grandes eventos y operaciones antiterroristas.
El anuncio, hecho el 16 de noviembre, cumple una de las promesas de campaña de Mamdani: separar la respuesta policial a manifestaciones de las tareas para enfrentar amenazas terroristas. La ciudad anunció también cambios en las tácticas de control de multitudes.
El alcalde argumentó que quienes ejercen su derecho constitucional a protestar no deberían recibir la misma respuesta policial que una amenaza terrorista. La reforma busca que la comunicación y la desescalada tengan mayor peso en las intervenciones.
El SRG fue creado en 2015 como un grupo de despliegue especializado. Además de intervenir en manifestaciones y alteraciones del orden, participaba en operaciones antiterroristas y en despliegues de seguridad en puntos considerados sensibles.
La unidad acumuló críticas por su actuación en protestas, en particular por el uso de fuerza, detenciones masivas y tácticas de control físico. Activistas y organizaciones de derechos civiles sostuvieron que su equipamiento y entrenamiento le daban un carácter demasiado militarizado para manejar manifestaciones.
El escrutinio se intensificó por las protestas contra la violencia policial en 2020, tras la muerte de George Floyd. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y otras organizaciones demandaron a la ciudad por la actuación policial contra manifestantes, periodistas y observadores legales.
En 2023, Nueva York llegó a un acuerdo judicial relacionado con la respuesta del NYPD a esas protestas. El acuerdo estableció condiciones para el despliegue de la unidad, en medio de cuestionamientos por detenciones y uso de fuerza.
La disolución no implica retirar a la policía de las manifestaciones ni reducir el NYPD. El plan redistribuye las funciones del SRG entre unidades existentes y nuevas estructuras civiles y policiales.
Las responsabilidades antiterroristas pasarán a la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del NYPD. La Alcaldía sostiene que separar esas tareas de la gestión de protestas permitirá asignar procedimientos y recursos específicos a cada tipo de situación.
Para el diálogo con manifestantes, la Alcaldía creará la División de Diálogo Comunitario y Desescalada, una unidad civil dentro de la Oficina de Seguridad Comunitaria. Sus integrantes no llevarán armas ni tendrán facultades de arresto.
El departamento policial también establecerá el Equipo de Apoyo a la Primera Enmienda, integrado por 30 agentes uniformados con formación en comunicación y desescalada. El equipo deberá coordinarse con la nueva división civil en la preparación y respuesta a manifestaciones.
Una tercera estructura, la División de Apoyo a la Patrulla, estará integrada por agentes seleccionados que dedicarán la mayor parte de su tiempo a labores de patrullaje. Recibirán formación especializada en gestión de multitudes para respaldar las operaciones policiales durante protestas.
La reforma prohíbe el kettling, táctica que consiste en rodear a un grupo de manifestantes para impedir que salga de un área. También prohíbe el uso de gases lacrimógenos y armas largas para manejar multitudes.
El aerosol de pimienta no podrá utilizarse como herramienta de control de multitudes. Los dispositivos acústicos de largo alcance quedarán limitados a 90 decibelios, y el uso de bicicletas como armas se restringirá, salvo para evitar muertes o lesiones físicas.
Los agentes que integraban el SRG serán reasignados dentro del departamento. Las fuentes consultadas hablan de varios centenares de policías; la cifra exacta varía entre reportes, y la orden contempla completar la disolución en los próximos meses.
Tisch respaldó el cambio y afirmó que la nueva estructura debe conservar la capacidad del NYPD para enfrentar amenazas y proteger a la población. La comisionada presentó la reorganización como una manera de fortalecer el apoyo a los patrulleros y adaptar la respuesta a las manifestaciones a las garantías de la Primera Enmienda.
Las organizaciones de derechos civiles recibieron el anuncio con cautela. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York dijo que vigilará la nueva unidad policial y su cumplimiento del acuerdo judicial de 2023, para comprobar que las antiguas prácticas no reaparezcan bajo otra denominación.
Los sindicatos policiales cuestionaron la decisión. Argumentan que desmantelar una unidad especializada puede debilitar la seguridad de los agentes y del público cuando se producen disturbios o situaciones de alto riesgo. La comisionada sostiene que las capacidades necesarias se conservarán en otras dependencias.
La pregunta ahora es si la reorganización cambia de forma efectiva la manera de responder a las protestas o si algunas funciones del SRG se trasladan a unidades nuevas con prácticas similares. Para evaluar la reforma habrá que observar sus protocolos, el entrenamiento de los agentes, los mecanismos de supervisión y las cifras de quejas y uso de fuerza.
Mamdani convierte así una promesa electoral en una reforma institucional que modifica tanto la estructura policial como las reglas de intervención en manifestaciones. Su impacto dependerá de que el diálogo y la desescalada se reflejen en las operaciones cotidianas y de que la ciudad rinda cuentas sobre cómo aplica las nuevas restricciones.






