La decisión de suspender la programación regional e informativa de Radio Nacional de Colombia abrió una nueva controversia sobre la reestructuración del sistema de medios públicos impulsada por el Gobierno. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) rechazaron la medida y advirtieron que puede afectar el acceso de las comunidades a información local.
Según el pronunciamiento conjunto, desde el 18 de agosto las 20 emisoras de paz y las emisoras descentralizadas de Radio Nacional suspendieron su programación regional hasta nueva instrucción. En su lugar, comenzó a emitirse una programación musical centralizada desde Bogotá.
Las organizaciones señalaron que la orden fue comunicada el 17 de agosto a directores y directoras de las emisoras mediante un mensaje de WhatsApp. Aunque la suspensión fue presentada como temporal, la FLIP, la MOE y AMARC consideran que sus efectos pueden ser inmediatos en territorios donde la radio cumple una función esencial de información pública.
La decisión se produjo después del anuncio del Ministerio TIC sobre una reestructuración de los medios públicos. En ese contexto, la ministra cuestionó lo que denominó un “aparato de propaganda” dentro del sistema y planteó cambios en los contenidos, los formatos y las franjas informativas y de opinión.
Para las organizaciones firmantes, sin embargo, la revisión de los medios públicos no debería traducirse en la eliminación o suspensión de la producción periodística y territorial. El principal cuestionamiento es que la reorganización haya comenzado con la centralización de la programación y el retiro temporal de contenidos producidos desde las regiones.
Radio Nacional desarrolló desde 2014 un modelo de producción descentralizada, con equipos y emisoras que elaboran contenidos desde diferentes zonas del país. El sistema incluye estaciones y producción regional en ciudades como Pasto, Manizales, Bucaramanga, San Andrés, Villavicencio, Quibdó, Barranquilla y Valledupar.
La preocupación de la FLIP, la MOE y AMARC es que una señal elaborada exclusivamente desde Bogotá no pueda reemplazar la información producida directamente en los territorios. Las organizaciones sostienen que las comunidades necesitan contenidos relacionados con sus propias problemáticas, decisiones locales, emergencias y dinámicas sociales.
Uno de los puntos más sensibles de la controversia es la afectación de las emisoras de paz. Estas estaciones fueron creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz y tienen como propósito llevar contenidos a zonas especialmente afectadas por el conflicto armado y contribuir a la construcción de paz, la reconciliación y el acceso a información pública.
El pronunciamiento recuerda que las emisoras hacen parte de los compromisos derivados del numeral 6.5 del Acuerdo Final. Por esa razón, las organizaciones advierten que su función no puede analizarse únicamente como una decisión editorial o administrativa ordinaria dentro de la estructura de Radio Nacional.
La FLIP, la MOE y AMARC también mencionan el Acto Legislativo 02 de 2017, que estableció obligaciones para las autoridades en relación con el cumplimiento de buena fe de lo pactado en el Acuerdo de Paz. Desde esa perspectiva, la suspensión de contenidos en las emisoras de paz plantea interrogantes sobre la continuidad de sus objetivos y obligaciones.
De acuerdo con las organizaciones, las emisoras de paz tienen alcance sobre más de 463.000 personas, principalmente en comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Entre las poblaciones mencionadas están Arauquita, Bojayá, Ituango, Mesetas, Tierralta, San José del Guaviare, Florida, Algeciras, San Jacinto, Fundación y Aracataca.
En varios de estos territorios persisten condiciones de violencia, presencia de grupos armados y dificultades de conectividad. Por ello, el pronunciamiento advierte que la radio puede convertirse en una de las principales fuentes para informar sobre enfrentamientos, desplazamientos, restricciones a la movilidad, emergencias y decisiones de las autoridades.
La suspensión también revive el debate sobre el alcance de la anunciada reestructuración de los medios públicos. Mientras el Gobierno ha planteado la necesidad de revisar la programación heredada de la administración anterior, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión sostienen que una transformación institucional no debería reducir el pluralismo ni concentrar la producción de información.
El llamado de la FLIP, la MOE y AMARC es a buscar medidas menos restrictivas que permitan revisar contenidos y formatos sin suspender la programación territorial. Las organizaciones pidieron al Ministerio TIC, a Inravisión y a Radio Nacional restablecer de manera inmediata los espacios informativos y regionales afectados.
La controversia deja así un nuevo frente abierto para la reestructuración de los medios públicos: la discusión ya no se limita a las denuncias sobre un supuesto “aparato de propaganda” o al futuro de las franjas informativas, sino que alcanza el derecho de las regiones a producir y recibir información sobre sus propios territorios. Para las organizaciones que firmaron el pronunciamiento, el desafío del Gobierno será demostrar que la transformación del sistema no termina debilitando precisamente la función pública que las emisoras regionales y de paz fueron creadas para cumplir.
