El precio de la gasolina en Colombia protagonizó una de las decisiones económicas más singulares del comienzo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: un aumento anunciado por dos ministerios terminó siendo reversado por el propio presidente menos de un día después.
El 30 de septiembre, los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda anunciaron los precios de los combustibles para octubre. La gasolina corriente subiría, en promedio, $46 por galón, mientras el ACPM permanecería sin cambios.
El ajuste representaba un incremento de 0,29 % frente al precio que había regido durante septiembre. En las 13 principales ciudades, el galón había quedado inicialmente en un promedio de $15.933, frente a los $15.886 anteriores.
Pero el 1 de octubre, cuando el nuevo precio apenas comenzaba a aplicarse, De la Espriella anunció que había pedido reversarlo. La razón que expuso fue que se enteró del aumento después de que había sido anunciado y que quería buscar una solución de mayor alcance frente al comportamiento internacional del petróleo.
“He citado a la señora ministra de Minas y Energía luego de enterarme del aumento del precio de la gasolina”, dijo el mandatario al anunciar la decisión. Después informó que había pedido revertir el incremento correspondiente a octubre.
La particularidad está precisamente en esa secuencia. El aumento no había sido anunciado por una administración anterior ni por una entidad ajena al Ejecutivo: había sido establecido por los ministerios de Minas y Energía y Hacienda, integrantes del Gobierno del propio presidente.
La explicación oficial del incremento tampoco estaba relacionada con una decisión improvisada sobre el precio internacional del crudo. Las carteras señalaron que el ajuste correspondía a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de la gasolina.
El etanol utilizado en la mezcla de gasolina colombiana proviene principalmente de la caña de azúcar. Los ministerios argumentaron que el reconocimiento tenía además una consideración territorial: el cultivo tiene una importante presencia en el Valle del Cauca, uno de los departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
De acuerdo con esa explicación, el incremento buscaba contribuir a la recuperación del sector productor de caña después del sismo. El Gobierno pretendía, por esa vía, mantener un reconocimiento económico a los productores de etanol.
De la Espriella, sin embargo, puso el énfasis en otro aspecto: el impacto inmediato sobre los consumidores. Su argumento fue que las decisiones que afectan el bolsillo deben ser explicadas antes de aplicarse y no sorprender a los ciudadanos.
“Nuestro primer deber es con el ciudadano”, sostuvo el presidente al ordenar el reversazo. También pidió que las entidades del Gobierno buscaran una salida coordinada y explicaran de manera “transparente y pedagógica” las condiciones del mercado antes de adoptar nuevas medidas.
El resultado fue que el aumento quedó sin efecto y la gasolina corriente mantuvo durante octubre el precio que tenía en septiembre. Los ministerios de Minas y Energía y Hacienda confirmaron posteriormente que el incremento de $46 había sido reversado.
Pero el costo económico de la decisión no desapareció. Según el reporte de Semana, el reconocimiento a los productores de etanol se mantendrá y el Gobierno asumirá durante octubre unos $8.300 millones para evitar que ese valor se traslade al precio pagado por los consumidores.
En otras palabras, la discusión dejó de ser cuánto pagaría el conductor por el galón y pasó a ser quién asumiría el costo que el aumento pretendía cubrir. Con el reversazo, esa diferencia será absorbida mediante recursos públicos.
El episodio también vuelve a poner en discusión el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, mecanismo mediante el cual el Estado absorbe parte de las diferencias entre los precios internacionales y los precios internos. Un menor traslado al consumidor puede implicar una mayor presión sobre las finanzas públicas, dependiendo de la evolución de los precios internacionales.
Ese problema adquiere relevancia porque el propio Gobierno ha planteado la necesidad de enfrentar restricciones fiscales y buscar soluciones permanentes para responder a las variaciones internacionales del petróleo. De la Espriella presentó precisamente el reversazo como una medida temporal mientras se encuentra una alternativa de mayor alcance.
El exministro Juan Camilo Restrepo cuestionó la decisión y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para el déficit del FEPC. El debate, por tanto, no se limita a los $46 que dejó de pagar cada consumidor por galón, sino al costo fiscal de mantener contenido el precio interno.
También queda planteada una cuestión de coordinación dentro del Ejecutivo. Si el presidente aseguró que se enteró del aumento una vez este había sido anunciado, el episodio muestra una distancia entre la decisión de los ministerios encargados de la política económica y la posición que posteriormente asumió el jefe de Estado.
No obstante, el Gobierno no ha presentado el episodio como una ruptura de su política de combustibles. La explicación oficial es que se trata de una decisión temporal mientras se estudian mecanismos para enfrentar las variaciones del mercado internacional y sus efectos sobre los precios nacionales.
El singular cambio de opinión quedó así resumido en menos de 24 horas: dos ministerios anunciaron un aumento de $46, el presidente dijo que se enteró después de su anuncio, convocó a la ministra de Minas y Energía y ordenó reversarlo.
La discusión que queda abierta no es solamente por qué el presidente cambió de posición, sino qué ocurrirá cuando llegue el siguiente ajuste y las condiciones internacionales vuelvan a presionar el precio de los combustibles. El Gobierno deberá decidir entonces si traslada el costo al consumidor, lo absorbe con recursos públicos o diseña el mecanismo permanente que el presidente dijo estar buscando.
