El Gobierno de Abelardo de la Espriella se dispone a destinar $773,5 millones a una empresa privada para apoyar la búsqueda y evaluación de candidatos a distintos cargos de la administración nacional, en un contrato que introduce una pregunta sobre el valor efectivo de las recomendaciones que recibirá la Presidencia.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, adelanta una contratación directa con Magneto Global para prestar durante tres meses servicios especializados de gestión de talento humano. El proceso aparece registrado como adjudicado en el SECOP II.
La propuesta de Magneto fue de $650 millones más $123,5 millones de IVA, para un total de $773.500.000. El esquema contempla tres pagos de aproximadamente $257,8 millones cada uno y el plazo no puede superar el 31 de diciembre de 2026.
El objeto contractual consiste en prestar servicios profesionales especializados para apoyar la gestión de talento humano del Dapre y generar insumos para la toma de decisiones institucionales. En la práctica, Magneto buscará, evaluará y presentará candidatos para diferentes cargos de la administración.
Entre los puestos incluidos aparecen ministros, viceministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes y gerentes de entidades nacionales. El servicio también contempla perfiles para jefaturas de control interno, juntas y consejos directivos, empleos provisionales del Dapre y determinadas necesidades de contratistas.
Pero existe una precisión fundamental: Magneto no tendrá la facultad de nombrar a esos funcionarios. Los documentos del proceso establecen que los perfiles entregados tendrán carácter “exclusivamente orientador y no vinculante”.
En otras palabras, la empresa podrá hacer la búsqueda, aplicar filtros y pruebas y presentar candidatos, pero la decisión final continuará en manos de las autoridades competentes. La Presidencia podrá apartarse de las recomendaciones y escoger finalmente a otra persona.
Esa característica no significa que el servicio carezca necesariamente de utilidad. El Dapre sostiene que necesita capacidad para procesar rápidamente un volumen elevado de hojas de vida y que hasta ahora esta función se había realizado de manera “predominantemente manual”.
El contrato contempla herramientas de lectura y jerarquización automatizada de hojas de vida, videoentrevistas, pruebas psicométricas, entrevistas de preselección e informes individuales. También incluye un portal de vacantes para Presidencia, tres campañas de atracción en redes sociales y un asesor de tiempo completo en el Dapre.
El análisis del sector establece una capacidad de hasta 6.000 hojas de vida y 300 perfiles durante los tres meses. El escenario base utilizado por la entidad equivale a la mitad de esas cantidades.
Si se toma ese escenario base de 3.000 hojas de vida y 150 perfiles, los $773,5 millones representan, como simple división matemática, unos $5,16 millones por perfil. Esa cifra no constituye el precio unitario contractual, porque el servicio incluye tecnología, campañas, pruebas, entrevistas y otros componentes.
Sin embargo, la cifra permite formular una pregunta sobre el rendimiento del gasto: ¿cuánto valor obtiene el Estado de una preselección que finalmente puede ser descartada por completo por quien tiene la competencia para nombrar?
La respuesta dependerá de la ejecución. Si Magneto permite identificar candidatos que de otra manera no habrían sido encontrados, reducir tiempos y entregar evaluaciones útiles para las decisiones, el hecho de que sus recomendaciones no sean vinculantes no elimina necesariamente el valor del servicio.
Pero también será posible medir lo contrario. Si una proporción significativa de los perfiles recomendados termina descartada y los nombramientos recaen sistemáticamente sobre personas que no pasaron por el proceso contratado, habrá elementos para preguntarse cuánto aportó realmente la intermediación privada a la selección.
Esa medición adquiere especial importancia porque el propio Dapre reconoce que no había encontrado contratos anteriores de la entidad con un tercero especializado para cumplir esta función. La contratación con Magneto representa, por tanto, un cambio frente al mecanismo que la Presidencia utilizaba anteriormente.
La decisión adquiere además una dimensión adicional por la historia reciente de Magneto con el proyecto político de De la Espriella. Durante la transición presidencial, la empresa participó junto con Marble Headhunter en la operación del llamado Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro.
En aquella etapa, De la Espriella todavía era presidente electo. Según explicó el propietario de Magneto, Alejandro Arango, la compañía fue invitada a participar después de que se planteara inicialmente el proyecto Caza Talentos y posteriormente celebró un “acuerdo de voluntades” para desarrollarlo.
Ahora, ya con el Gobierno en funcionamiento, una de las obligaciones del nuevo contrato consiste en realizar una búsqueda “proactiva y segmentada” en las bases de información de Magneto y reactivar perfiles previamente registrados.
Los documentos del proceso, según la información publicada por Cambio e Infobae, no mencionan expresamente el Banco de Talentos de la Patria Milagro, el acuerdo de la transición ni las más de 270.000 hojas de vida que fueron reportadas como registradas en esa plataforma. Tampoco permiten establecer por sí solos que esas hojas de vida hayan sido transferidas al Estado o que estén siendo utilizadas en el nuevo contrato.
Ahí queda la principal pregunta para la ejecución del contrato: si el Estado paga $773,5 millones por encontrar y evaluar candidatos, ¿qué parte de ese gasto corresponde a una nueva búsqueda de talento y qué parte aprovecha una base que la misma empresa ya había construido durante la transición? Y, sobre todo, ¿cuántos de los perfiles seleccionados por Magneto terminarán realmente convertidos en nombramientos? La respuesta estará en los informes de ejecución, los perfiles presentados y las decisiones finales de la Presidencia.
