Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro, anunció que revisará el registro de damnificados y el tamaño de la nómina que dejó su antecesor. Sus primeras declaraciones identifican problemas en ambos frentes, pero todavía no fijan un calendario de corrección ni presentan el costo del equipo que asumirá la reconstrucción.
Sobre el censo, Henao dijo que hay personas afectadas que no fueron incluidas y otras cuya situación quedó mal caracterizada. Mencionó especialmente a arrendatarios y a familias de zonas rurales apartadas.
Entre los lugares que requieren verificación señaló comunidades de Chocó, como Condoto Arriba y la región del Baudó. También aludió a reportes de autoridades de Valle, Risaralda y Caldas. Hasta ahora no se ha divulgado una cifra consolidada de personas que podrían estar fuera del registro.
La revisión importa porque la caracterización puede incidir en el acceso a ayudas. Sin embargo, las declaraciones del gerente no precisan qué apoyos dependen de cada registro, qué entidad resuelve las solicitudes de corrección ni cómo podrá una familia reclamar si considera que fue excluida.
El problema no se limita a quienes perdieron una vivienda propia. Los arrendatarios también pueden haber quedado sin hogar, bienes o ingresos, aunque no figuren como propietarios del inmueble afectado. Henao afirmó que algunos no quedaron registrados, pero no presentó una ruta para incorporarlos.
El Decreto 1423 de 2026 reconoce que la identificación de hogares damnificados y la consolidación de daños en viviendas continúan en trámite. La norma permite acreditar la afectación mediante registros oficiales vigentes o mecanismos complementarios que establezcan las autoridades competentes.
Ese marco indica que los registros pueden requerir actualización, pero no reemplaza un procedimiento público y sencillo para que las familias presenten información, conozcan el estado de su caso y apelen una decisión. Esa explicación aún está pendiente.
También es necesario distinguir entre el registro de personas afectadas, los censos de hogares y las inspecciones técnicas de viviendas. Pueden tener propósitos distintos y no necesariamente se actualizan al mismo tiempo. Sin aclarar cómo se relacionan, es difícil saber por qué una familia aparece en un listado y no en otro.
Henao dijo que primero completaría el empalme para evitar divulgar información imprecisa. En la entrevista con Caracol Radio reconoció que todavía no conocía todos los detalles operativos del Fondo. Planteó que la prioridad sería reducir la incertidumbre con información sobre viviendas, colegios y proyectos.
La cautela puede evitar errores, pero no resuelve la urgencia de quienes esperan asistencia. Para que la revisión sea verificable, el Fondo tendría que publicar criterios, responsables, fechas y datos desglosados por municipio, además de explicar cómo protegerá la información personal de los hogares.
El segundo frente es la nómina. La controversia comenzó cuando una respuesta del Fondo a un derecho de petición, divulgada por la senadora Kamelia Zuluaga, reportó salarios mensuales por 765,6 millones de pesos, sin contar primas ni prestaciones.
La relación incluía al entonces gerente Jaime Andrés Uribe, con una remuneración de cerca de $39,4 millones mensuales; cinco directivos, con $36 millones cada uno; y 13 coordinadores, con $33 millones cada uno. El resto correspondía a cargos técnicos con salarios menores.
Las publicaciones no coinciden en si había 26 o 27 personas contratadas. El Colombiano reportó 27 cargos, mientras que La Silla Vacía habló de 26 funcionarios y del mismo costo aproximado. Esa diferencia requiere aclaración mediante la relación completa de contratos y su fecha de corte.
La planta proyectada era aún mayor: hasta 130 cargos, según la información divulgada por El Colombiano. Esa era una proyección de estructura, no evidencia de que todos los puestos estuvieran ocupados. Aun así, conocer su justificación es relevante para evaluar cuánto podría costar la administración si se completara.
A los salarios se sumaba la comisión de Fiducoldex por administrar el patrimonio autónomo. El Colombiano calculó ese pago en unos $248,6 millones mensuales, lo que llevaba el gasto conjunto de nómina y fiducia a más de mil millones de pesos al mes. Son rubros distintos y deben transparentarse por separado.
La discusión también expuso una estructura de responsabilidades poco clara para el público. Función Pública dijo que sus trabajadores no son servidores públicos sujetos a la escala salarial ordinaria, porque el Fondo opera como patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria.
Según la explicación de Función Pública citada por El Colombiano, el consejo directivo aprueba el presupuesto operativo y las reglas de contratación; la gerencia dirige la operación y ordena contrataciones; Fiducoldex formaliza los contratos. Hacienda, por su parte, dijo que su papel era el contrato de fiducia y que no aprobaba los salarios.
Que no se aplique la escala salarial general del Estado no elimina la obligación de justificar el uso de recursos públicos. La pregunta pendiente es quién aprobó cada cargo y remuneración, qué funciones cumplía y con qué análisis se determinó que esos costos eran necesarios.
Henao prometió una nómina pequeña, honorarios modestos y apoyo de entidades que ya existen. Dijo que revisaría qué cargos son indispensables y que buscaría evitar una burocracia adicional, pero no anunció cuántas personas tendrá el nuevo equipo ni los salarios correspondientes.
El nuevo gerente también dejó abierta la posibilidad de convocar a antiguos colaboradores. Afirmó que primero revisaría el empalme y las necesidades operativas, una precisión importante: aún no hay una lista pública que permita comparar la nómina anterior con la nueva.
Su propia remuneración ha tenido dos formulaciones. Primero dijo que asumiría ad honorem; luego sostuvo que, si una obligación legal exigiera pagarle, su sueldo no superaría los ocho millones de pesos mensuales. No confirmó que vaya a recibir esa suma.
Henao dijo además que estudia si puede continuar en la junta directiva de Ecopetrol sin que exista incompatibilidad con sus nuevas funciones. La decisión y su fundamento jurídico también forman parte de la información que la ciudadanía debería poder consultar.
El Gobierno creó el Fondo para atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, pero su administración ha quedado bajo escrutinio tanto por los salarios como por la información sobre recursos y obras. La discusión sobre austeridad, por tanto, está ligada a la capacidad de demostrar que los gastos administrativos ayudan a acelerar la reconstrucción.
En sus entrevistas, Henao calculó que la reconstrucción podría costar entre $40 billones y más de $58 billones, y propuso coordinar recursos de ministerios y entidades existentes. Ese cálculo es una estimación que deberá respaldarse con proyectos, necesidades territoriales y fuentes de financiación claramente identificadas.
En el registro, el indicador será que las familias omitidas puedan ser identificadas y reciban una respuesta oportuna sobre su situación. En la nómina, será que el Fondo publique los cargos, funciones, contratos y costos totales, incluida la fiducia, y explique los cambios frente a la estructura anterior.
Por ahora, Henao ha reconocido vacíos en la caracterización y prometido una administración más austera, pero ambos compromisos siguen a la espera de medidas comprobables. El próximo balance deberá mostrar quiénes fueron incorporados al registro, qué apoyos recibieron y cuánto cuesta realmente el equipo encargado de hacer llegar la reconstrucción a los damnificados.





